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Presupuesto 2015: realidades, interpretaciones y pacto social

Actualizado el 21 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Presupuesto 2015: realidades, interpretaciones y pacto social

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Como resultado de la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional, se han efectuado algunas interpretaciones a partir de un análisis que carece de la profundidad necesaria para evaluar la situación presupuestaria en su justa dimensión. Como ministro de Hacienda, creo necesario aclarar diversas inexactitudes encontradas que presentan a la Administración Solís Rivera como un Gobierno irresponsablemente “gastón”.

Llamado a la mesura. Es importante hacer un llamado a la mesura, a la hora de informar a la ciudadanía y analizar el proyecto de Presupuesto 2015. Comentarios como el expresado en el editorial de este medio, el día 8 de setiembre, son omisos en mencionar que el crecimiento de 18,9% en el presupuesto total se explica, principalmente, por los elevados gastos en amortización, los cuales aumentan un 48,2% respecto al 2014. El 2015 es un año atípico, en el cual el pago de amortizaciones alcanzaría un monto de ¢1.726.125 millones, con un aumento de ¢572.000 millones en un solo año. Lo anterior es el resultado del vencimiento de compromisos financieros adquiridos por distintos Gobiernos a lo largo de los últimos 15 años. Estos números son el mejor ejemplo de los costos de no haber adoptado oportunamente las decisiones en materia fiscal que habrían evitado las complicaciones financieras que hoy día debemos enfrentar.

Partidas inflexibles. Asimismo, más allá del efecto de la amortización, parece importante recordar que la formulación del presupuesto está sujeta al cumplimiento de un conjunto de disposiciones legales e institucionales que incrementan su rigidez. Sobre ellas, el Gobierno tiene muy pocos grados de libertad para, discrecionalmente, decidir la forma de distribuir los recursos. Esta rigidez viene en aumento y son, precisamente, las partidas más inflexibles o ineludibles las que más crecen. Sin embargo, por el contrario, diferentes argumentos que se han esbozado han puesto énfasis en las cobijas, justo donde no se encuentra el frío, sin analizar de una forma más amplia los denominados “disparadores del gasto”. Si se deducen esos rubros, la dinámica de crecimiento varía sustancialmente. Cuando el presupuesto se mide sin amortización e intereses (dos de los gastos ineludibles), su crecimiento es del 10,9% y, si se eliminan aumentos en erogaciones como el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia y el pago de pensiones (los dos primeros definidos por Constitución), entonces esta tasa cae al 6,7%.

Casos poco ilustrativos. Adicionalmente, a menudo se cae en la trampa de ejemplificar la supuesta irresponsabilidad fiscal mediante el uso de casos poco ilustrativos sobre las raíces del problema. Al criticar la transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) –que, en lo fundamental, mantenía un acuerdo firmado en la Administración anterior–, se da por desconocido el mecanismo de financiamiento actual de la educación, que fija un presupuesto anual para el sector y distribuye esos fondos entre el Ministerio de Educación y las universidades, de manera que un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el Fondo mantiene inalterado ese monto.

No es cierto, además, afirmar que la inversión pública disminuye en este presupuesto. Las cifras de los dos rubros asociados al gasto de capital (transferencias de capital y construcciones, adiciones y mejoras) muestran un 16% de incremento en relación con el presente año, habiéndose quintuplicado el presupuesto para vías de comunicación terrestre.

Múltiples esfuerzos. Existen, también, dentro del presupuesto, múltiples esfuerzos que se han pasado por alto. Por ejemplo, solo por reducción de las denominadas partidas superfluas (viajes al exterior, publicidad y consultorías profesionales, entre otros), este Gobierno ha presupuestado cerca de ¢12.000 millones menos que en el 2014. A esto se le suman los esfuerzos por congelar, o no crear, 2.500 plazas y la decisión conjunta con el Ministerio de Trabajo de aplicar el tope a cerca de 910 pensiones superiores a los ¢2,5 millones.

Para el 2015, se aplicó un recorte que significó un 1,4% del PIB, lo cual permitió que el déficit alcanzara el 6,7%. Esto implicó que el presupuesto de varios ministerios tuvieran reducciones con respecto a lo presupuestado este año. Por ello, decir que el Presupuesto 2015 es peligroso refleja desconocimiento. En el marco de lo posible, en este corto tiempo, en el Gobierno se han tomado medidas responsables sobre las que esperamos un análisis sereno y justo por parte de todos los sectores.

Injusto y simplista. No pretendo, de ninguna manera, minimizar la situación fiscal que vive el país. El Ministerio de Hacienda es consciente de la existencia de un significativo balance fiscal negativo.

Sin embargo, responsabilizar del crecimiento del gasto a la actual Administración es injusto y simplista. Con ello, se olvida el conjunto de medidas que históricamente el país ha tomado y por las que hoy el Gobierno debe incurrir en gastos para los cuales no se creó fuente de financiamiento.

Otro aspecto muy importante es que se deja de lado que los efectos del presente son el resultado de no haber adoptado las reformas fiscales en su momento, en particular aquellas relacionadas con el aumento de ingresos y el control del gasto. Exoneraciones a granel, creación de gasto desbalanceado, pensiones para las cuales nunca se creó un fondo, planillas que crecieron de forma acelerada y débil capacidad para cobrar impuestos implican un desorden que difícilmente se desarrolla en cuatro meses de gestión y, mucho menos, se puede resolver en igual período.

Acuerdos profundos. El Ministerio de Hacienda es consciente de que las medidas fiscales que la Administración Solís Rivera ha implementado, deben valorarse como un paso positivo que requiere acciones mucho más estructurales para evitar el deterioro fiscal en las siguientes décadas. Este proceso no puede hacerse a la ligera. Es preciso que construyamos un pacto social para dar solución al déficit fiscal, y, para hacerlo una realidad, se requieren acuerdos profundos que involucren a partidos políticos, a sectores sociales y a todos aquellos grupos socioeconómicos con interés en el tema.

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