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Presión sobre la Asamblea Legislativa

Actualizado el 01 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

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¿Por qué enviaron el 3 de setiembre, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un representante ajeno a la Procuraduría?

Si la Procuraduría fue separada, ¿quién nombra al representante para que asista a la Corte y para qué? ¿Quién hizo la invitación? Así no se rechaza una sentencia ultra petita .

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abarca a los hospitales de la CCSS y como los intereses de las partes de la fecundación in vitro (FIV) no incluían ese extremo, la sentencia incurre en ultra petita (conceder más de lo pedido).

El fallo omitió las últimas investigaciones de dos prestigiosas científicas y violó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, promulgada por las Naciones Unidas en el 2000 y ratificada por Costa Rica.

Ceder en política es muy fácil, pero no es ético, racional y valiente. Quienes sí se opusieron fueron aquellos diputados cuando la actual vicepresidenta de la República y promotora del aborto sugirió su aprobación disimulada, en su condición de legisladora, durante la administración Calderón Fournier.

El artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, derecho que debe ser protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.

Pero la Corte IDH no le permitió a Costa Rica acogerse a este. Al imponerle la fecundación in vitro, la concepción, por consiguiente, no se inicia cuando se produce la penetración del espermatozoide en el óvulo femenino, sino cuando el médico lo traslade al útero en el día 14, como lo establece, arbitrariamente, el informe Warnock de 1979 del Parlamento inglés. Este punto fue modificado este año y permite que el óvulo sea fecundado por cualquier espermatozoide escogido por la parte interesada.

Para Robert Spaemann, reconocido filósofo alemán, no debe hablarse de persona, sino de “género humano” al momento de la concepción, y no como piensa Robert Singer, profesor de Ética de la Universidad de Princeton, quien, como expresa Spaemann, cree que el derecho de un mamífero superior adulto debe prevalecer “sobre el de un niño de un año de edad” (Bioética, pág. 71).

Estudios descartados. La investigación de Natalia López Moratalla, doctora en biología molecular y bioquímica, presidenta de la Asociación de Bioética Española, que demuestra el inicio de la vida humana “aproximadamente a las 12 horas de la concepción”, para los promotores de la FIV no existe.

Tampoco vale la investigación científica de Magadalena Zernicka Goetz, de la universidad inglesa de Cambridge. Es evidente la discriminación de la mujer. Como puede apreciarse, esta sentencia crea una servidumbre al servicio de un negocio privado a expensas del Seguro Social.

La Caja, atada al fallo, no podrá negarse a prestar el servicio. Ya diez médicos, notificada la sentencia de la Corte el 20/12/2012, declararon estar preparados para practicar la FIV.

Asimismo, el abogado constitucionalista Fernando Zamora denunció que la prensa mexicana puso en evidencia la falta de imparcialidad de la Corte IDH en el caso de la FIV en Costa Rica. Estos jueces son Margareth May Macaulay, Alberto Pérez Pérez y Diego García Zayán.

“Tres de dichos jueces –dice Zamora– se han mostrado contrarios a la defensa de la vida desde el momento de la concepción, como lo establece el Pacto de San José”.

También lo denunció ante la ONU el Instituto Solidaridad y Derechos Humanos. Y como expresa Fernando Zamora: “Alberto Pérez planteó, a través de su cuenta en Facebook, sus preferencias hacia grupos por la despenalización del aborto en América Latina, como la campaña latina por El Derecho al Aborto.

Diego García rechazó abiertamente el reconocimiento pleno del derecho a la vida del niño no nacido, en contradicción con la misma Convención Americana, que explícitamente lo reconoce. Tales planteamientos (…) evidencian sus prejuicios ideológicos” (Fernando Zamora C. “Mercadeo inconstitucional de la vida”, La Nación, 9/12/2012).

“Asimismo, otra jueza, M. May Macaulay, fue asesora legal del National Advisor Group of Abortion” (Rodrigo Álvarez y Luis González, Manifiesto de San José, 2015, p. 6).

Negocio. Aquí, en Costa Rica, se promueve el turismo médico. No es extraño que ya se hable de “eutanasia pasiva”, proyecto enviado por un diputado liberacionista a sesiones extraordinarias y admitido por la administración Solís Rivera.

Estamos frente a la antesala de un gran negocio, salvo que se frene a tiempo. De acogerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobrevendría la quiebra de la Caja Costarricense de Seguro Social y los embriones humanos sobrantes, que antes del día 14 para ellos es un “amasijo de células”, serán congelados por años, o se prestarán a todo tipo de experimentos o se botarán.

Enrique Vargas Soto es abogado.

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