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Presidente del Incofer debe ejecutar la ley

Actualizado el 25 de marzo de 2017 a las 12:00 am

El tren eléctrico interurbano permitirá reducir la huella de carbono

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La ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana (Ley N.° 9366) fue publicada en junio del 2016.

El Incofer debería tener ya un reglamento para aplicar la ley, que le permita refrendar sus contrataciones, y otro reglamento específico para que haga alianzas público-privadas, donde se incluyan las iniciativas que aún no prosperan.

Pero estos reglamentos no existen, pese a los nueve meses transcurridos desde la aprobación de la ley.

La presidencia ejecutiva del Incofer está en la opacidad y es muy preocupante que su jerarca, Christian Vargas, afirme ante los medios de comunicación que el Instituto carece de capacidad para utilizar dicha ley.

Se hace necesario, entonces, recordarle a Vargas todas las herramientas que la ley le da, pues el Instituto sí tiene capacidad para aplicar la ley, lo que parece escasa es la capacidad del jerarca.

Posibilidades financieras. La ley plantea opciones para que el Incofer solucione su falta de financiamiento, entre ellas, se le permite hacer negocios y alianzas estratégicas.

El Incofer puede estructurar fideicomisos, emitir títulos valores y usar otras herramientas financieras para acceder a recursos con el fin de financiar obras como el tren rápido de pasajeros.

El Instituto puede realizar contrataciones, convenios de cooperación, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación administrativa.

Otra opción financiera a su alcance es aplicar un régimen de expropiaciones más rápido sin depender del Gobierno Central, lo cual permitiría desarrollar con celeridad el tren eléctrico metropolitano que conecte Alajuela con Cartago.

El Instituto puede negociar directamente con otras instituciones y empresas públicas esquemas de compensación y pago en especie de inversiones, obras y servicios recibidos, mediante la prestación de sus servicios.

El Instituto puede emitir, vender y adquirir valores en el mercado financiero primario o secundario, directamente en ventanilla o por medio de los puestos de bolsa de valores que se estime necesarios.

Queda demostrado que el Incofer puede hacer mucho, solo falta que su jerarca ejecute la ley.

Tren eléctrico interurbano. La ley también se refiere al tren eléctrico interurbano de la GAM con el objetivo de conectar al menos uno de los dos puertos con la GAM para el transporte de carga.

Le comento, don Christian, todo lo que la Ley 9366 le permite para concretar este plan.

El Instituto Costarricense de Electricidad, así como las empresas de servicios públicos municipales, están autorizados a aportar todo tipo de recursos para la construcción y mantenimiento del tren.

El tren eléctrico permitirá reducir la huella de carbono, por lo que resulta más conveniente dejar de comprar equipo diésel y sustituirlo por trenes eléctricos.

El objetivo del país es modificar nuestra matriz energética y potenciar las fuentes renovables, por lo que deben sustituirse las máquinas de diésel por otras eléctricas de mayor capacidad y rendimiento.

El gobierno está autorizado para que incluya en el presupuesto anual ordinario de la República la transferencia de los recursos necesarios para asegurar el normal funcionamiento del tren eléctrico interurbano de la Gran Área Metropolitana.

El Incofer tiene autorización para crear las plazas que requiera para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del tren eléctrico interurbano de la Gran Área Metropolitana.

Este tren fue declarado de interés público, en consecuencia, es un proyecto prioritario para la Administración Pública.

Con todo lo dicho, es evidente que lo que hace falta son actos administrativos y voluntad política para empezar a aplicar esta ley.

Urge visión y compromiso. Es cierto que el Incofer no puede poner a responder el 100% de su patrimonio por tener bienes de dominio público, pero sí puede poner a responder $224 millones, que es el valor de sus terrenos, los edificios, los mismos trenes y toda la maquinaria de la institución.

Necesitamos visión y compromiso por parte del presidente ejecutivo para cumplir la promesa de campaña de este gobierno, que fue mejorar el transporte público.

La gente demanda cada día más el servicio del tren y quiere seguir usándolo. Esta administración no va a permitir que se desprestigie este importante medio de transporte; es nuestra responsabilidad actuar para fortalecerlo.

La autora es diputada del PAC.

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