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Preocupaciones sobre la reforma laboral

Actualizado el 11 de julio de 2013 a las 12:00 am

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Preocupaciones sobre la reforma laboral

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La Asamblea Legislativa se encuentra pronta a resolver sobre el proyecto denominado Código Procesal Laboral. Ese expediente fue originalmente pensado como un instrumento para introducir la oralidad y simplificar los procesos laborales. Es, además, un compromiso del país con la Organización Internacional del Trabajo.

El objetivo de encontrar una justicia pronta y cumplida es irrefutable, pero basta leer el fundamento del veto presentado por el Poder Ejecutivo para comprender las profundas dudas sobre la validez de la propuesta. El proyecto va mucho más allá de la huelga en servicios públicos estratégicos para el desarrollo del país, con consecuencias jurídicas, sociales y económicas para la producción nacional, especialmente en el sector privado.

Motivos para convocar a una huelga. De acuerdo con el Código de Trabajo vigente, la huelga es un instrumento a disposición de los trabajadores para mejorar o defender sus intereses económicos y sociales. El proyecto, sin mayor explicación, agrega la posibilidad de permitir la suspensión del trabajo cuando el reclamo verse sobre conflictos jurídicos colectivos. Eso podría propiciar una mayor cantidad de huelgas cuando, por ejemplo, existan diferencias en la interpretación jurídica de una cláusula de una convención colectiva, situación que hoy se examina ante los tribunales de justicia en la vía ordinaria, pero con el proyecto sería objeto de una huelga legal.

Porcentaje para convocar a huelga. Cuando en una empresa haya sido constituido un sindicato, el porcentaje para convocar a huelga legal se establece en 50% más uno de los trabajadores. Así se respeta el principio democrático porque es la mayoría del total de trabajadores la que podrá adoptar la decisión. No obstante, ese principio se relativiza cuando en la empresa no exista sindicato o éste no sea mayoritario. Entonces, se convocará a un proceso de votación secreta en el cual podrán participar todos los trabajadores, pero el porcentaje se computará únicamente sobre los votos emitidos, lo que abre la posibilidad de huelgas con porcentajes menores al 50% del total de trabajadores. Se entiende, entonces, que en una empresa de 300 trabajadores, cuando solo acudan a votar 60 y 31 voten por la huelga, la convocatoria será legal.

Trabajadores de una misma ocupación. La reforma también permite que la huelga sea convocada únicamente por personas dedicadas a una misma ocupación u oficio en la empresa. Por ejemplo, solo los peones agrícolas, chóferes de bus, saloneros o cajeros. En ese caso, se considerará el total de los trabajadores de esa ocupación u oficio para alcanzar el mínimo requerido, lo que también implica una relativización del porcentaje del 50% y una violación del principio democrático. ¿Es adecuado que la mayoría deba sujetarse al acuerdo tomado por una minoría? Así, en una industria o comercio donde laboran 300 personas, si 25 de ellas corresponden a una línea de producción o actividad, la decisión de esos 25 trabajadores podría paralizar válidamente el proceso productivo.

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Impunidad por huelgas ilegales. Con el Código de Trabajo vigente, cuando un grupo de trabajadores deliberadamente someta a la empresa a huelga ilegal, así declarada por los tribunales, el patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo con los huelguistas sin responsabilidad. En el proyecto, cuando los tribunales de justicia declaren ilegal la huelga, los trabajadores disponen de 48 horas para reincorporarse sin consecuencias a la empresa, después la firmeza de la declaratoria de ilegalidad. Tampoco se pone un límite a la cantidad de veces que un trabajador puede hacer uso de esa práctica, lo que podría propiciar la proliferación de movimientos de huelga ilegales. Esa decisión no parece prudente y resulta necesario encontrar el justo medio. En materia de huelgas, de poco servirá el exceso si entre tanto se han ahuyentado las fuentes de trabajo.

Normas y políticas de Gobierno. Se otorga legitimación amplia a los sindicatos para tutelar la defensa de derechos colectivos jurídicos. ¿Implica esa norma que los sindicatos tendrán legitimación directa para cuestionar judicialmente directrices del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en materia de reducción o limitación del gasto o limitación de convenciones colectivas? ¿Pueden los sindicatos establecer acciones judiciales contra cualquier política económica o social que, según su criterio, pueda afectar derechos colectivos jurídicos? El alcance de esa propuesta no encuentra límite en el proyecto.

Comités permanentes. Los sindicatos han criticado a los comités permanentes y los arreglos directos bajo el argumento de que no se encuentran adecuadamente regulados en la legislación laboral y de ello se han hecho eco ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El proyecto original buscaba mayores regulaciones para su funcionamiento, sin embargo, privó la oposición a ese esfuerzo, a pesar de las críticas originales que cuestionaban la falta de regulación. Así, en una propuesta de ley que se erige contra la discriminación en materia laboral, irónicamente se separó y dejó en condición desventajosa a los comités permanentes, entidades innegables en la vida laboral costarricense, que también merecen la tutela legislativa.

Debido proceso. La letra del proyecto deja la interrogante de si lo que se busca es implementar un prolongado procedimiento en el sector privado, muy similar a la práctica del sector público. Esto por cuanto las empresas, aún cuando exista falta grave, antes de despedir a un dirigente sindical deben llevar a cabo un debido proceso ante el Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo, podrían ser sometidas a un nuevo trámite judicial sumario que se crea en el proyecto para proteger al trabajador sindicalizado. ¿Por qué no consolidar un único proceso sumarísimo, imparcial y objetivo para que sea un juez con amplias facultades el responsable de resguardar los derechos del trabajador sindicalizado? Exigir un debido proceso ante el Ministerio de Trabajo tan solo alarga la decisión, genera más costos a las partes y obliga a la empresa a mantener en sus instalaciones más tiempo a personas que podrían haber cometido una falta grave en daño de sus intereses.

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En el tintero queda el análisis del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo relacionado con el ejercicio de la huelga en los servicios públicos esenciales y en otros de trascendental importancia para el país. Ahí constan otros señalamientos que pueden constituir un golpe letal a la anémica economía costarricense, tan necesitada de combatir la pobreza y disminuir el desempleo.

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