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¿Pragmatismo y sentido común para gobernar?

Actualizado el 28 de julio de 2013 a las 12:02 am

Hemos caído,por varias causas, en el inmovilismopara gobernar

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¿Pragmatismo y sentido común para gobernar?

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Un respetable jerarca gubernativo me comentó recientemente que de toda la gente valiosa consultada para una estrategia en su campo de responsabilidad, nunca había oído mencionar que la materia de conducción gubernativa debía constituir un eje determinativo de cualquier estrategia en lo social, económico o ambiental. Y menos había oído decir que el país tiene, en Constitución y leyes debidamente sistematizadas y jerarquizadas según le argumenté, el andamiaje normativo para adoptar la visión y las prácticas precisas que harían funcionar mucho mejor el sistema institucional y presupuestario existente sin esperar a sofisticadas reformas “del Estado” que, en boca de tantos especuladores constituyen una colosal excusa para no hacer nada.

Mi respuesta fue no. Un capaz viceministro me preguntaba si para ganarle, por ejemplo, la lucha a la pobreza era preciso fusionar muchos de los 22 entes identificados como prestatarios de cuarenta y tantos programas dirigidos a los pobres. Mi respuesta categórica, fue: no, pero tampoco caigan en el error de proponer que hay que crear un Ministerio de Desarrollo Social. Lo que se requiere ya en Costa Rica es ejercitar cinco “articulitos” sobre dirección en la LGAP de 1978, integralmente con la Ley de Planificación N.° 5525 de 1978 y la 8131 del 2001, y actuar –entiéndase el enunciado estratégico y metodológico– conforme a ellas en la vital labor de diagnosticar problemas, diseñar, promulgar y “gerenciar” políticas, programas y servicios y, sobre todo, hacerlo con una participación real de la sociedad civil por sectores y en regiones. Un sistema de información. Agréguenle a esto, en el caso de pobreza, el establecimiento obligatorio para esas 22 instituciones de un sistema de información de “los pobres”, perfeccionado; asígnese un mismo código presupuestario a todos esos programas para visibilizar así los recursos disponibles hacia ese fin. Y que, por Dios, sepa el presidente de turno de una vez por todas, que el ministro que tiene que ejercer con él esa dirección en este campo para darle unidad de visión y acción, es el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Así es “esta cosa”, amigo lector. Todos –incluido Mideplan– piden debates nacionales para “acordar el modelo país” o para mejorar la “gobernabilidad”. Mi tesis furibundamente clara es que, mientras no se reconozca este asunto , se discuta y se deseche por resultar “inviable” o “retrógrado”, esos tantos otros llamados continuarán ignorando las verdaderas causas de nuestros desatinos sociopolíticos.

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Patéticamente grave. El problema es patéticamente grave cuando casi ningún precandidato tiene el menor interés –seguro por no tener la menor idea– en informarse de estas cosillas y decirle al electorado cómo diablos van a administrar la Constitución y leyes que jurarían acatar, y entonces distinguirse así de los otros candidatos. Lo que no debe reinar, es “el pragmatismo y el sentido común en la gestión pública” que el exalcalde de San José abandera con riesgosa determinación (La Nación, p. 25A, 26/6). A lo largo de las décadas muchos ministros me han preguntado al escuchar estas ideas, a quién le corresponde inducirlos para llegar al Gobierno “bien informados” y ser eficaces conductores (lo cual equivale a admitir que todos, sin querer queriendo, llegan cuando mucho buscando actuar “pragmáticamente” y con “sentido común”). Mi respuesta es concreta: les toca al presidente y al ministro de Planificación de turno.

Y viva la Pepa... Pero, cuando estos no conocen a fondo la Constitución, la LGAP y aquella ley 5525, todo se resquebraja y es cuando vive la Pepa en su máximo esplendor: o sea, las leyes nunca son el punto de partida de toda política gubernativa y muchísimas veces son más bien distorsionadas vía reglamentos; los derechos constitucionales del habitante en su conjunto, no son el punto de partida para entender el modelo país que un correcto plan nacional de desarrollo –y todo partido político– tiene que adoptar de oficio; las instituciones, ni con presidencias ejecutivas, se hablan entre ellas y, en parte por esto, los multimillonarios recursos para combatir “todo mal” se ejecutan en el territorio sin norte.

La inaudita improvisación gerencial de la “cosa pública” nacional, se enseñorea de los procesos técnicos y administrativos; el clientelismo partidista se muestra rampante sin que nadie, por ejemplo, encuentre falta alguna en funcionarios públicos de carrera que descaradamente piden un permiso, o “por estar a préstamo” de otros entes públicos, o aun sin permiso y siendo pagados con impuestos del pueblo emergen, contra el más elemental principio de Probidad, como “tesoreros” o “jerarcas” de un partido, o candidatos a presidente, diputados o alcaldes; o bien resultan designados ministros, viceministros o jerarcas de entes autónomos después de, precisamente, “destacarse” por hacer ostentoso proselitismo en favor de un partido, lo cual constituye –insisto– una práctica desequilibradora de la probidad del funcionario que no ocurre en Europa (¿no debería la Procuraduría de la Ética entrar de oficio en casos como estos, que son muchos y notorios?); finalmente, los grupos sociales se manifiestan sin anclar sus demandas en su raíz común, que es lo que siempre denunciamos con fervor de carbonero .

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Hace cuatro años exactos, un analista a quien respeto mucho me dijo que un trabajo que produje en el IICE de la UCR sobre “las 277 normas superiores que delinean en Constitución y leyes” un modelo país y la estrategia de desarrollo integral y de conducción para llevarla a cabo, era un “tesoro académico” que debería ser lectura obligada de todo candidato político. Que dicho estudio pionero siga cuatro años después invisibilizado, solo refleja el infortunio de un país que con mayor franqueza intelectual podría empezar a superar sus muchos entuertos, como hemos pregonado por cuatro décadas, a partir de “esa” lectura conceptual correcta y sistémica de Constitución y leyes (enfoque que la Defensoría de los Habitantes ya reconoce, al menos formalmente, en sus Memorias del 2010 y del año presente).

El pronóstico pesimista que hago hoy, es que el próximo Mandatario jurará el 8 de mayo del 2014 cumplir con Constitución y leyes sin mostrar la más mínima idea del esfuerzo intelectual, sacrificio y probidad en el ejercicio del poder legítimo que ese juramento implica… mucho más allá del mero pragmatismo y sentido común. Y, así nombrará a sus colaboradores y estos a los suyos –seguramente activistas de campaña, muchos funcionarios de carrera –, quienes también llegarán ignorando el ABC criollo de “la cosa pública” y seguirán cometiendo los mismos errores de conducción que tienen a Costa Rica postrada en su tradicional nadadito de zaguate en materia de gestión del desarrollo.

¿Qué más puedo decir? Pero es que tampoco los enemigos del Estado muestran reconocer cómo este, llamado a ser bujía del desarrollo, se desvió tanto y por qué razones –confrontables y solucionables la mayoría– del modelo sabiamente definido desde 1949. Así, caemos en una espiral de inmovilismo muy a la tica que impide que nuestro Estado “enorme” y ciertamente comatoso, sea un “mejor Estado” a partir de ya mismo. ¿Qué más puedo decir?

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