El 18 de febrero, los integrantes del grupo musical Olafo se encontraban en plena presentación en el bulevar de la avenida central de San José y un policía municipal les exigió el correspondiente permiso. Ante la predecible carencia de del documento, el policía demandó el cese del espectáculo ( La Nación , 25/2/2015).
A modo de contraste, desde el 2013, una empresa publicitaria se ha ocupado de propagar un eslogan en diversos soportes a lo largo y ancho del espacio urbano: “Vallas donde vayas”. La perspicaz consigna, a pesar de su irónico contenido, describe literalmente la estética de nuestra ciudad.
Estas dos imágenes del San José contemporáneo representan los dos polos de la política del espacio que los grupos de poder social, político y económico imprimen en la urbe, y cuyo principal corolario es la distribución desigual del derecho a la ciudad.
Por un lado, están quienes poseen pleno derecho al disfrute, uso y usufructo del espacio público urbano; el correlato inverso son los parias a quienes es negado este derecho, dentro del cual podemos incluir a la población trabajadora del sexo, indigentes y vendedores ambulantes, entre otros.
El eslogan de la empresa publicitaria y la desventura ocurrida a los músicos permiten identificar que, aunada a la política espacial, existe una economía de la visibilidad-invisibilidad: quien carece del derecho a la ciudad no solo es silenciado –como les ocurrió a los músicos–, sino que también es invisibilizado.
Libertad cultural. Vale recordar que desde hace poco más de una década, la Municipalidad de San José, en conjunto con instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, empresas privadas y grupos de la sociedad civil, ha impulsado una fuerte estrategia con el fin de convertir a San José en una ciudad creativa. Dentro de esta, la cultura y sus distintas manifestaciones entrañan un recurso indispensable para la revitalización social y económica de la urbe.
Asimismo, durante la formulación de la Política Cultural Municipal llevada a cabo entre el 2009 y el 2011, el gobierno josefino consideró e incluso ratificó instrumentos multilaterales, como la Agenda 21 de la Cultura, la cual concibe la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible y preceptúa que la libertad cultural de individuos y comunidades es condición esencial de la democracia (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2008). La expresión cultural espontánea es, sin lugar a dudas, parte importante de la libertad.
Es difícil comprender posturas como la del señor Rafael Arias, asistente de la alcaldesa de San José, quien al ser entrevistado sobre el actuar del policía municipal argumentó que el requerimiento del permiso se encuentra contenido en el Reglamento de Desarrollo Urbano del cantón de San José ( La Nación , 25/2/2015).
Considero que lo que se encuentra en la palestra no es la razonabilidad técnica o legal de que un músico deba atravesar un trámite burocrático para estar autorizado a regalar su arte.
La cuestión es: ¿Qué tipo de ciudad deseamos? y ¿cuál es el papel del gremio artístico, las organizaciones de la sociedad civil, el empresariado y las autoridades políticas en la construcción de un proyecto urbano incluyente, respetuoso de la diversidad, la dignidad y la creatividad humanas?
Iniciativas de la sociedad civil como Chepecletas, Art City Tour y Pausa Urbana, y de alianza público-privada, como el Cow Parade y el Peace Parade, han probado ser efectivas en razón de los réditos sociales que producen.
El proyecto de ciudad creativa convoca a profundizar y robustecer los vínculos de los gobiernos locales con los diversos sectores artísticos, sociales y empresariales, a rehuir el enfoque represivo de la administración urbana y a incentivar que las expresiones artísticas, los espacios propiciados por las organizaciones arriba mencionadas o festivales como Transitarte dejen de ser intersticios de una política urbana excluyente y paulatinamente pasen a formar parte de la vida cotidiana citadina.
El autor es sociólogo.