Opinión

Posibles soluciones al déficit fiscal

Actualizado el 09 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Estamos ante un gran problema, que la administración Solís pareciera minimizar

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Posibles soluciones al déficit fiscal

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Aunque todavía –por la bonanza en el ingreso de divisas al país, fruto de un inusual entorno externo– los efectos del enorme déficit fiscal y del endeudamiento público que él apareja no se han sentido, es menester reconocer que estamos ante un gran problema, que la administración Solís pareciera minimizar.

Para deliberar al respecto, se invitó a un grupo de personas de la clase pensante a un simposivm que, según mi maestro Alberto di Mare, en la antigua Grecia y Roma consistía en una conversación intelectual, después de una cena, e incluía una generosa oferta de vinos (entre otros, Lacryma Christi del Vesubio, que para algunos era el mejor), porque in vino veritas.

El tema a discutir era cómo, responsablemente, enfrentar el problema del déficit fiscal con vista al presupuesto del 2016.

Tomó la palabra un ciudadano muy instruido y dijo: “En Costa Rica no debería haber faltante fiscal si solo obedeciéramos el mandato de la ley de la leyes, o sea, de nuestra Constitución Política. Dice ella, en su artículo 176, que el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración pública (…). En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.

Tomó una copa de vino, metió un mordisco a un trozo de pan que enfrente tenía, y continuó: “Además, según el artículo siguiente, el Poder Ejecutivo preparará para el año económico respectivo los proyectos de presupuesto extraordinarios, a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de cualquier otra fuente extraordinaria”. “Señores y señoras”, sentencia, “esto significa que el gasto de consumo no puede financiarse con endeudamiento, pues este está reservado para inversión”.

Y, para machacar, recordó que también el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos dispone que “para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital”.

“Pero en Costa Rica se financia con deuda parte del consumo del Gobierno, lo cual implica que las generaciones futuras de ticos deben pagar parte del consumo de la presente. O sea, algo así como que esta generación come piña y a las futuras les duele la panza”. Dicho esto, procedió a sentarse.

Se sirvieron ricos quesos, suaves y duros, tiernos y maduros, hechos con leche de cabra, de vaca, de búfala y hasta de burra. También más pan.

“Pero el hecho es que hoy operamos con un alto déficit corriente”, dijo otro, “pues el gasto de consumo –salarios, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, anualidades, incremento por costo de vida, pagos por muerte de la suegra del funcionario y pagos por el nuevo matrimonio del suegro, por compra de anteojos, por viáticos, viajes, fiestas, etc.– supera el ingreso corriente; o sea, los impuestos recaudados. Y, para muestra, vean el presupuesto que esta administración recién envió a conocimiento de la Asamblea Legislativa”.

Casi no había terminado de hablar cuando otra persona, que había ingerido al menos tres generosas copas de vino rosso , dijo: “Eso lo explicó claramente Cantinflas, cuando afirmó que aunque en teoría contable el debe y el haber deben coincidir, aquí debería haber, pero no hay”.

El moderador de la actividad, considerando que el problema estaba claramente identificado, pidió a los participantes plantear soluciones. Y se sirvió una taza de café de Naranjo.

Crimen y castigo. Tomó la palabra un filósofo alajuelense para expresar su criterio. “Me parece que el problema es que a la normativa que contiene la Constitución y la ley de administración financiera, o como se llame, se le da el mismo uso que al papel higiénico”. “Debería, opino yo, existir algún sistema de penas para quienes incumplan esas disposiciones porque, si no, ¿de qué sirven?”.

“Tiene razón el alajuelense”, dijo un herediano. “La normativa debería tener dientes”.

“Propongo”, exclamó un cartago, “que al ministro de Hacienda y al presidente de la República que envíen a la Asamblea Legislativa un presupuesto que viole las normas vigentes, se les meta a la chirola (sic) por al menos un año”.

Un profesor de historia universal intervino para manifestar que quizá lo mejor era recurrir a un castigo de corte medieval, que entonces fue muy eficaz y que consiste (en sus palabras) en que “un mes después de la presentación de un proyecto de presupuesto que incumpla el mandato supremo, iniciando al mediodía, el presidente de la República, el ministro de Hacienda y su viceministro de gastos, macho o hembra según sea el caso, deban desfilar por la avenida segunda de San José, desde el Teatro Nacional hasta el Museo Nacional… chingos”.

Aun cuando los participantes reconocieron lo ingenioso y los méritos de las propuestas anteriores, no las acogieron, porque consideraron que solo penalizan la trasgresión, pero no la evitan.

Balance. Pidió y recibió el uso de la palabra una dama santaneña, quien dijo ser experta en finanzas públicas, y manifestó: “Para arreglar un prepuesto desbalanceado, lo que procede es, como entiendo es el deseo de todos, balancearlo. Opino que cuanto tal sea el caso, se tome el proyecto de presupuesto, se le reste el monto previsto para el pago de intereses (porque, añadió, el servicio de la deuda pública es –para ella– sagrado) y el restante gasto corriente se reduzca en la proporción que sea necesaria para cumplir el mandato constitucional y legal”.

Todos la escucharon con atención. Y siguió: “Esta propuesta tiene la ventaja de que los funcionarios públicos, que hoy constituyen un bullicioso y poderoso grupo de interés, que dispuesto está a explotar a la silenciosa mayoría que representan, encontrarán que los gastos y el empleo superfluo les recortarán, automáticamente, sus remuneraciones. Por tanto, por autointerés, harán lo posible por evitar tal situación. El poder normativo de esta disposición es enorme”.

Llovieron los aplausos. Cuando terminaron, otro participante, sentado al fondo del salón, pidió la palabra. Tenía un corte de pelo y barba interesantes, de estilo clásico, y una larga camisa de blanco lino que más parecía una bata.

Alguien le preguntó: “¿Quién sos vos?”. Y él contestó: “Me llamo Diógenes, y no soy de aquí ni de ahora”. Como nadie entendió lo que dijo, le concedieron el uso de la palabra.

Y así habló Diógenes: “Interesante me ha parecido la propuesta de la dama de la pintoresca Santa Ana. Muy lógica y contiene un control automático de lo que se denomina ‘riesgo moral de la burocracia’, expresión que no explicaré en razón de tiempo. Solo difiero de un punto, y es el relativo a dejar fuera del ajuste el pago de intereses.

”Yo propongo que la medida correctiva se aplique a todos los renglones de gasto de consumo, intereses incluidos, a efecto de que también quienes compren bonos emitidos por un gobierno irresponsable queden expuestos a no recibir el pago total por su inversión. Esto pondrá un freno adicional a la irresponsabilidad fiscal, pues hará indeseables los títulos de deuda pública cuando se incumplan las normas que aquí, con claridad meridiana, se expusieron”.

No añadió nada más. Los participantes reflexionaron, ordenaron más Lacryma Christi y rompieron en aplausos.

Dicen que en este momento el moderador, de cuyo nombre no puedo acordarme, dio por terminada la actividad, sin levantar acta ni nada, pues eso no se estila en un simposivm.

Thelmo Vargas es economista.

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