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Políticas agropecuarias y capacidades rurales

Actualizado el 18 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

Los agricultores costarricenses no forman parte de un colectivo homogéneo

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El reciente aval de las políticas públicas agropecuarias de Costa Rica, otorgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte del proceso para el ingreso de nuestro país a ese organismo, no solo representa un reconocimiento explícito de los avances logrados por los gobiernos costarricenses en esta materia, también subraya la necesidad de mejorar en las áreas críticas para el sector y, de modo particular, las condiciones productivas de los territorios rurales.

Si bien es cierto Costa Rica realiza una apuesta importante por la modernización técnica a través del fomento de actividades de innovación y el apoyo directo a las organizaciones agroproductivas mediante la extensión y la transferencia tecnológica, el escaso dinamismo económico en vastas zonas rurales pone en entredicho el alcance real de las estrategias diseñadas para combatir la pobreza entre las poblaciones rurales y elevar la competitividad de los productos agropecuarios nacionales.

Para la administración Solís Rivera (2015-2018), es claro que uno de los objetivos pendientes es garantizar un incremento sostenido de la productividad local. Una gestión calificada de los encadenamientos productivos y su mayor participación en las cadenas de valor se han convertido en temas de interés para el actual gobierno. No obstante, carece de perspectiva para abordar las causas estructurales que obstaculizan la consecución de “tejido social” en los territorios rurales, un elemento que va mucho más allá del énfasis puesto en la generación de valor agregado a la producción o el ingreso promedio de las familias.

Heterogeneidad. En primer lugar, debe partirse del hecho de que los agricultores costarricenses no forman parte de un colectivo homogéneo. Esta concepción errónea, además de contribuir a la invisibilización del aporte que realizan grupos sociales, como las organizaciones indígenas o las cooperativas conformadas por mujeres productoras, por citar solo dos ejemplos, también puede socavar las bases mismas de las políticas de desarrollo inclusivo.

Al no tomar en cuenta las necesidades y demandas sociales particulares de estos colectivos, se obtiene una mirada parcial que no da cuenta de la complejidad de las interacciones sociales, económicas y ambientales que enfrentan cotidianamente los productores.

En segundo lugar, si se busca la solución a los problemas de rentabilidad de las actividades agropecuarias siguiendo un enfoque exclusivamente tecnocrático, no es posible atender los esfuerzos de organización y las acciones colectivas que llevan a cabo organizaciones de base.

Uno de los principales errores conceptuales en los modelos clásicos de extensión agropecuaria ha sido, precisamente, la tendencia a considerar a los individuos en el medio rural como sujetos pasivos, dependientes de la ayuda externa y, por ende, sin oportunidad alguna de implementar esquemas propios de autogestión y transformación socioproductiva.

Otro enfoque. Por lo tanto, resulta evidente la pertinencia de repensar un enfoque integral en el diseño de instrumentos de políticas agropecuaria y rural que se encuentre dirigido al fortalecimiento de las capacidades tanto técnicas como socioeconómicas y ambientales de los productores.

A propósito del 15 de mayo, día en que se celebró el día del agricultor costarricense, vale la pena cuestionarse la calidad de los espacios institucionales donde participan los productores agropecuarios y su influencia en la toma de decisiones, así como su rol en los distintos niveles de planificación sectorial y en la agenda de competitividad nacional.

El autor es investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional.

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