Opinión

Política de uso justo de Internet

Actualizado el 27 de abril de 2017 a las 11:00 pm

El 5% de los usuarios pueden llegar a utilizar el 50% de la capacidad disponible de las redes

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Vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y existe un costo asociado a producir. Por ello, debemos pagar por el consumo. Así cubrimos los costos asociados a la producción y permitimos que exista un legítimo incentivo para invertir. Esa es la base de la economía y de eso va la política de uso justo de Internet.

Para conectarnos se requieren inversiones y despliegues de infraestructura: redes de fibra óptica, antenas y torres, enlaces de microondas, centrales de conmutación, miles y miles de kilómetros de cable, enlaces internacionales, espectro radioeléctrico.

Las redes de telecomunicaciones, como las del agua potable o energía eléctrica, tienen capacidades limitadas. Lo justo es, entonces, que quienes más consumen paguen más.

Según la consultora Sandvine, el 5% de los usuarios pueden llegar a utilizar el 50% de la capacidad disponible de las redes. Es decir, unos pocos usuarios son los responsables de los costos más relevantes de proveer el servicio, que finalmente pagamos todos.

Eso no es justo, porque, además, si no hay incentivos económicos para controlar el consumo, lo que ocurre, naturalmente, es que se consume mucho más de lo necesario, las redes se congestionan, baja la calidad de la conexión para todos y se desinventiva que las empresas inviertan en más capacidad.

Crecimiento. Como pocos países en América Latina, Costa Rica debe enfrentar los retos mencionados. Entre los años 2010 y 2015, el número de usuarios de Internet creció en más del 60% y, según la Sutel, el consumo de datos aumentó un 209% entre el 2013 y el 2015.

Lo anterior, con niveles de precios para los servicios móviles que, según el Foro Económico Mundial, son de los más asequibles en América Latina y en un entorno regulatorio donde el esquema de fijación tarifaria reduce considerablemente los márgenes de ganancia del sector y la certidumbre para efectuar inversiones.

En el país se presenta la complejidad de lograr la sostenibilidad de los servicios prestados y avanzar en aspectos que no han podido ser atendidos, como el acceso a Internet del más del 35% de la población hoy no conectada o el incremento en las velocidades promedio que continúan siendo de las más lentas en América Latina.

La política de uso justo establece un mecanismo para que quienes usan más paguen más. Como ocurre con el agua o la energía. Esta y los esquemas de precios basados en los niveles de consumo se usan de forma habitual en todo el mundo, en países desarrollados o en vías de desarrollo, y al fomentar la expansión de los servicios, disminuir la barreras de inversión en redes y mantener un marco de política consistente y efectivo para reforzar la provisión de Internet dadas las condiciones observadas en el ecosistema digital, cumplen con objetivos de política en materia de banda ancha promovidos por organizaciones internacionales como la OCDE y el BID.

Bienestar de la mayoría. Dichos esquemas son la forma adecuada de resolver el derecho al acceso a Internet con la maximización del bienestar de la mayoría, promoviendo la eficiencia y la inversión en la oferta de servicios por parte de los proveedores de Internet y otorgando mejores alternativas en términos de calidad para los usuarios.

Son una oportunidad para cumplir los objetivos para conectar a los no conectados y asegurar una experiencia de navegación adecuada para quienes tienen menor poder adquisitivo.

Costa Rica únicamente podrá desarrollarse si todos pueden acceder a una Internet de calidad, y ello requiere inversiones de las empresas y que cada usuario pague por el servicio consumido, implementando soluciones para las familias de bajos ingresos.

Eso es justo y es la única forma de proteger realmente el derecho de todos a ser parte de la sociedad de la información.

El autor es director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

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