Opinión

Política de defensa de Costa Rica

Actualizado el 31 de enero de 2014 a las 12:00 am

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Política de defensa de Costa Rica

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El pasado sábado 18 de enero, La Nación publicó un artículo del abogado Sergio Ugalde sobre el tema de las fuerzas armadas y la protección de Costa Rica. De esta opinión queda claro que el país no necesita un ejército, que la decisión adoptada en 1948 fue la apropiada y que –al contrario de lo que piensan algunos sectores– no tiene sentido cuestionarse si ha llegado el momento de revertirla ante las graves amenazas clásicas y no tradicionales que hoy enfrentan los Estados, grandes, medianos y pequeños.

El asunto no es sobre el ejército, sino sobre defensa nacional. Lo primero que debe quedar claro sobre este tema es que la ausencia de ejército no significa indefensión, como señalan algunas personas; tampoco implica que no se deba tener una política de defensa. Todo Estado, grande o pequeño, tenga o no fuerzas armadas, requiere una estrategia de defensa.

En Costa Rica este asunto se considera tabú y cuando lo he planteado en algún espacio académico, se considera que estoy proponiendo restablecer el ejército. Nada más alejado de la realidad. Considero que esto es pertinente en la actual coyuntura porque en la campaña electoral lo relativo a defensa y política exterior no ha tenido espacio en los debates y discursos.

Un Estado tiene dos políticas públicas de carácter externo que definen su conducta y su interacción con otros actores internacionales –estatales y no estatales– y, en general, el sistema internacional: políticas exteriores y políticas de defensa. Por su naturaleza, más que políticas públicas deberían ser políticas de Estado y no estar sujetas a los vaivenes de los cambios de administración.

Existen otras políticas que tienen influencia del exterior y que pueden resultar en estrategias “transmésticas” e “intermésticas”, como la monetaria y la de seguridad; pero, en sentido estricto, estas no forman parte de la conducta estatal, sino que son asuntos domésticos.

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que defensa y seguridad, aunque relacionadas, son cosas diferentes. Por esa razón, aquí solo haré referencia a la temática de la defensa.

Defensa nacional. Lo que Costa Rica requiere, porque ha carecido de ello, es formular e implementar una política de defensa, que garantice la integridad del Estado (territorio, población, gobierno y los distintos ámbitos del quehacer propio de toda comunidad política) frente a las amenazas reales y potenciales que tienen lugar en un sistema internacional que se caracteriza por una nueva arquitectura sistémica.

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Hoy, los ejércitos de otros países continúan siendo una amenaza, pero más lo es el crimen transnacional organizado (narcotráfico, mafias, grupos guerrilleros, terroristas, maras, contrabandistas y otros) y los “ciberataques”. Esto hace indispensable que se adopte una estrategia de seguridad y defensa, de la cual se derive una estrategia de defensa, que sirva como base para la formulación de la correspondiente política pública.

Reitero: ello no requiere de fuerzas armadas, sino de cuerpos policiales preparados para implementar acciones de defensa frente a esas amenazas. Tales instancias son distintas de las fuerzas policiales destinadas a la protección de la población y de los bienes públicos y privados. Por supuesto que se requieren conocimientos militares; pero no por esto se convierte en un ejército.

El país no puede continuar con el estado de indefensión que tiene frente a esas amenazas, y el próximo Gobierno, en calidad de urgencia, debería adoptar la medidas pertinentes.

Es hora de superar una serie de mitos y temores sobre una supuesta militarización del Estado costarricense: este miedo es impulsado por algunos sectores muy interesados en mantener todo como está.

Es hora de formular una política de defensa, a pesar de que no es tema de campaña electoral y de que a ninguna agrupación política parece interesarle.

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