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Población y desarrollo: revisión y planificación futura

Actualizado el 27 de julio de 2013 a las 12:00 am

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Población y desarrollo: revisión y planificación futura

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En 1994, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, 179 países acordaron propiciar un modelo de desarrollo distinto, que implicaba un cambio de paradigma y supuso trasladar las acciones desde el control demográfico –porque ya éramos demasiadas personas y, muchas, pobres– hacia uno basado en el derecho humano a decidir sobre nuestros propios cuerpos, reconociendo que la autonomía de la voluntad define lo que es importante para los proyectos de vida.

Esta transición hacia los derechos en salud sexual y reproductiva pretendió colocar a las personas en el centro de las estrategias de desarrollo. El compromiso de los Estados debía tener como objetivo asegurar oportunidades para ejercer esos derechos con efectividad y reducir las brechas injustas entre personas y grupos. De esta forma, los Estados firmantes –incluida Costa Rica- reconocieron la trascendencia de colocar los derechos reproductivos como el eje de articulación de las diferentes dimensiones del desarrollo, la salud y la cotidianidad, con los procesos de la sexualidad y reproducción biológica que se expresan finalmente en lo individual y lo colectivo.

Diecinueve años después, los avances en el cumplimiento del Programa de Acción son importantes, y en Costa Rica el incremento en la esperanza de vida, la disminución de las tasas de fecundidad y el reconocimiento de las personas jóvenes como actores morales del desarrollo dan cuenta de un proceso que avanzó, aunque de forma muy lenta.

Lamentablemente estos avances están atravesados por grandes desigualdades, iniquidades y enormes brechas de acceso, que se expresan al cuestionarnos cuáles son las mujeres que aún no logran decidir en libertad sobre sus expectativas reproductivas y cuáles mujeres se enfrentan a la mortalidad o a la morbilidad producto de una interrupción del embarazo. ¿Qué personas adolescentes y jóvenes aún no tienen voz como sujetos morales en la toma de decisiones?

Ante estas y otras preguntas que la sociedad civil organizada, la academia y los activistas formulan, el Estado debe rendir cuentas y repensar una estrategia de desarrollo que realmente coloque a las personas en el centro y permita garantizar una adecuada implementación de las leyes sobre acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la atención de la salud de personas adolescentes y jóvenes. Es precisa la implementación efectiva de leyes, planes y programas que garanticen la equidad e igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su derecho a decidir libre y voluntariamente sobre sus expectativas reproductivas y sus cuerpos.

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También se debe reconocer igualdad de derechos a la diversidad de tipos de familias y recuperar la construcción histórica de una sociedad plural, democrática, laica y libre, capaz de promover políticas sociales que le permitan a personas migrantes, a poblaciones LGTTBI, a pueblos indígenas, a personas con discapacidad y a personas con VIH, acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva, educación, empleo y la garantía al derecho a la identidad de género.

La revisión de avances y desafíos, pero más aún la planificación del nuevo programa de acción debe comprender un ejercicio consciente por parte de la delegación oficial que asistirá a la I Conferencia Regional de Población y Desarrollo, en Agosto de 2013. Esa delegación tendrá el compromiso de plantear un ejercicio de reflexión objetivo, científico, alejado de fundamentalismos morales y dogmáticos, que garantice el reconocimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva, en especial las garantías de acceso universal para las poblaciones históricamente excluidas y más vulnerables. Ese debe ser el centro de las estrategias de desarrollo a futuro, donde las personas, sus decisiones y su autonomía en la definición del proyecto de vida sean el punto de referencia.

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