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Pesca a la deriva

Actualizado el 08 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

Las decisiones de Incopesca carecen de fundamento

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Pesca a la deriva - 1
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Esta semana se dio a conocer el Informe No. DFOE-EC-IF-14-2012 de la Contraloría General de la República, el cual plantea conclusiones realmente preocupantes. El objetivo del estudio fue evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas por ley al Incopesca en materia de conservación del recurso marino, concluyendo el órgano contralor que la autoridad nacional de pesca no está cumpliendo su cometido.

La gravedad de las conclusiones plasmadas en el informe deja al descubierto la situación crítica que enfrenta el sector pesquero costarricense, desde todo punto de vista, desprovista de un manejo y una administración responsables.

La Contraloría determinó cuestiones tan graves como que el Incopesca ha venido otorgando licencias de pesca, pese a que desconoce la magnitud de la biomasa marina explotable, y que no cuenta con regulaciones a la pesca que garanticen la sostenibilidad de la actividad.

Los hallazgos del estudio ponen al descubierto, una vez más, que en nuestro país no hay control de la pesca. El informe señala que las licencias de pesca se otorgan sin estudios técnicos que las respalden, que la veda en el golfo de Nicoya se establece desconociendo estudios técnicos y científicos existentes, que no existen regulaciones que garanticen el mínimo de responsabilidad ambiental con respecto a las tallas de captura de las especies, y, lo más grave de todo, que el Incopesca carece de un marco orientador en cuanto a la dirección que debe seguir la institución.

Lamentablemente, este informe no es el primero que emite el órgano contralor con conclusiones de esta naturaleza sobre el accionar del Incopesca, los informes DFOE-PGA-86/2006 y DFOE-PGAA-6-2008 ya mencionaban situaciones graves en el actuar de la institución.

Y es que todo esto solo viene a confirmar el hecho de que la autoridad pesquera costarricense no cumple con lo que le corresponde, y que sus faltas a la ley son muchas. Las decisiones sin fundamento técnico, la permanencia de artes de pesca destructivas como las redes de arrastre para la captura de camarón, la falta de fiscalización en el uso de artes de pesca prohibidas, la inobservancia de criterios técnicos de sus propios departamentos, la ausencia de toma de decisiones oportunas a los problemas urgentes del sector pesquero artesanal, etc., parecieran ser la regla.

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Queda en evidencia que el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, aprobado mediante decreto ejecutivo en el 2005, que obliga a Costa Rica a evitar la sobreexplotación de los recursos marinos y el exceso de la capacidad de pesca; así como a que las decisiones sobre ordenación pesquera se basen en los datos científicos disponibles, no es el instrumento legal que está orientando las decisiones pesqueras en nuestro país.

Indiscutiblemente, la responsabilidad del actuar de una institución, organización u empresa, recae en quien o quienes toman las decisiones finales. En este caso, es la figura de la junta directiva del Incopesca quien ha tomado esas decisiones que contravienen su Ley de Creación y la Ley de Pesca y Acuicultura.

Se olvida la junta que, si bien la ley le ordena fomentar la pesca en nuestros mares, también le ordena hacerlo bajo criterios técnicos y científicos que garanticen la sostenibilidad del recursos marinos, y que todas aquellas decisiones contrarias a esta lógica no solo van en contra de los intereses del propio sector pesquero, sino que sus decisiones van en detrimento de los derechos, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la seguridad alimentaria, al acceso a los recursos naturales de las futuras generaciones y, finalmente, al derecho a un desarrollo sostenible, que tenemos todos los costarricenses.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, rector del Incopesca, luego de que se conociera el informe citado, ha anunciado el pasado jueves, la pronta oficialización del Plan Nacional Pesquero, como un gesto predecible ante lo dicho por la Contraloría. Ojalá que dicho plan sea un documento técnico que realmente desarrolle los principios rectores de la pesca responsable, y que contenga las medidas urgentes que requiere el sector pesquero nacional, sin perder de vista el sentido realista que garantice su ejecución.

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