Opinión

Personas talentosasy la respuesta educativa

Actualizado el 08 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Mediante la ley 8899, se estableció y reconoció en Costa Rica el derecho legítimo a una oferta educativa diferenciada, que se había soslayado durante muchos años. Ese instrumento vino a orientar algunas formas de reconocimiento de las personas con altos talentos y competencias cognitivas. No obstante, el estado actual de los derechos de esas personas permite atisbar que, a pesar de esa incipiente normativa, se perpetúa la invisibilización de este grupo, desaprovechando su aporte a la cultura, al trabajo, a la producción, a la creatividad y a la invención.

Es de subrayar que el derecho fundamental reconoce las necesidades particulares en cuanto al crecimiento como seres humanos y su legítima autorrealización. Pero es evidente que la falta de reglamentación a la ley, así como la práctica y vivencia diaria, vuelven discriminatoria la oferta educativa actual, al tener estas personas que adaptarse y conformarse con una oferta que detiene o empobrece su desarrollo pleno. Mediante un estudio realizado en el 2012, se evidenció en las aulas un sufrimiento silencioso de aquellos que también acompañan su don con un alto desarrollo moral, el cual les permite reconocer la falta de armonía entre su persona y el entorno.

Más empatía. En ese estudio se identificó un grupo de niños y niñas de escuelas de zonas de menor desarrollo, y otras en áreas rurales, de las que cabría suponer menores estímulos para el desarrollo de su inteligencia. Solo uno de esos niños provenía de una escuela urbana. En el estudio de esos casos, se encontró que existe correspondencia entre una alta inteligencia y el espíritu de justicia, solidaridad y empatía. Estos niños eran más dados a cooperar con otros, mostraban capacidad de organizar el grupo y eran compasivos ante el dolor ajeno.

Este hallazgo supondría que esas cualidades merecerían ser cuidadas, valoradas y enriquecidas con pleno conocimiento por parte de los educadores, acompañados de intencionalidad explícita en los planes de gobierno. Si se invirtieran las variables, de que gente muy inteligente se volviera proclive al mal, el Estado caería en negligencia al dejar perder personas valiosísimas para el desarrollo de la ciencia, la cultura, la economía, la creatividad y la solución de problemas que han sido perennes. Actualmente, estamos perdiendo aportes necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo en cuanto no se facilite verdaderamente el crecimiento personal y el desarrollo pleno de las personas talentosas como seres humanos completos. Como dijo una vez un sabio: no podemos lograr algo diferente haciendo siempre lo mismo.

Todos los niños y las niñas con altas competencias y talentos tienen derecho a que se les identifique en forma temprana, mediante instrumentos y procesos idóneos, para luego ofrecerles programas y estrategias de atención individualizada, completa y oportuna, ya sea mediante la aceleración, la flexibilización curricular, el enriquecimiento curricular, los grupos especiales de tiempo parcial o total y las escuelas especiales, estrategias que promueve la Unesco pero que nuestro país no ha hecho suyas.

En estos días, los medios de comunicación cubrieron una noticia en la que la Sala Constitucional ampara a una menor de edad, de Chacarita de Puntarenas, con altas capacidades cognitivas y ordenó tanto al presidente de la República como al Ministerio de Educación Pública adecuar los planes de estudio, modalidades y programas educativos, así como evaluar las necesidades educativas, considerando las particularidades del desarrollo de niños y niñas talentosos.

Se evidencia, pues, que la inteligencia no es un privilegio de una clase social y que esta puede superar la experiencia del medio socioeconómico en que se nace; por eso, la educación pública tiene una ardua tarea por hacer.

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