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Periodismo ‘tradicional’: cuando la verdad incomoda

Actualizado el 29 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Periodismo ‘tradicional’: cuando la verdad incomoda

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En respuesta al editorial del periódico La Nación del pasado miércoles 21 de enero, permítaseme hacer algunas aclaraciones, toda vez que fui directamente aludido.

La Asamblea Legislativa, o Parlamento, es en todas partes del mundo la institución fundamental del basamento de un país con gobernanza. Sin ella, seríamos, entonces, una dictadura presidencial. Por otra parte, para la correcta marcha del quehacer político y jurídico de la Asamblea Legislativa existen reglas, algunas de orden constitucional, otras de orden interno, pero reglas al fin.

No conocer esas reglas, no respetarlas y, sobre todo, no defenderlas nos perjudican a todos: a los legisladores, por ser nosotros los operadores directos, a las instituciones democráticas que juramos acuerpar, y a la opinión pública, que la componen todos los ciudadanos.

A propósito del escándalo nacional en torno a si se le ofrecieron, o no, cargos públicos a la señora procuradora general de la República, por parte de un alto funcionario del Poder Ejecutivo que ya renunció, y las precipitaciones políticas de algunos sectores dentro de la Asamblea Legislativa, y otros que se escudan en el “secreto de las fuentes” del periodismo, debo manifestar con absoluta claridad, para no caer en “la política tradicional” bajo el “alegato del desconocimiento”, como me lo señaló La Nación , que siempre he actuado con responsabilidad y, por eso, sostuve, y lo sigo sosteniendo, que el procedimiento correcto para investigar los hechos es y será mediante la conformación de una comisión investigadora, tal y como lo señala el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y no lo seguido por la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos, pues el eje central de los hechos son las acciones u omisiones de orden ético y político de los involucrados, que, aunque tuviesen trazos de posible mal uso de recursos de la hacienda pública, ese elemento es un supuesto general y no particular.

Las tareas de control político tienen varias maneras de ser abordadas y el sustento lo encontramos en la Constitución Política, especialmente en el artículo 121. Sin embargo, cuando lo que está en discusión de control político son hechos que impactan al país en lo político, lo social y económico, el constituyente previó exclusivamente una norma que dice así: “… corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa… 23) Nombrar comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Las comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla”.

Tal como se podrá observar, y lejos de que nuestra propuesta ante la fracción del PUSC y ante el Plenario legislativo sea “intentar un socorrido ejercicio de la política tradicional: dar largas al asunto”, como lo plantea el periodismo tradicional de La Nación , siempre consideré, y no tengo la más mínima duda sobre ello, que, si la Asamblea Legislativa de verdad quería hacer un proceso de investigación transparente, serio y esencialmente responsable, la única forma era a través de la constitución de una comisión investigadora. Esa es la vía sana y correcta desde el punto de vista jurídico.

Si bien es cierto que la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos hace un excelente papel, sus atribuciones están comprometidas y limitadas al tema de la “hacienda pública”, y no toda falta en la que se encuentren involucrados recursos públicos es tarea de investigación por parte de dicha comisión. Pensar así sería vaciar el contenido político y jurídico que los constituyentes le otorgaron al Parlamento sobre la potestad de crear una comisión de investigación específica respecto a los hechos, sobre todo tomando en cuenta las atribuciones que poseen las comisiones así creadas, contrarias a la que tiene la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos.

Además, desconocía el “periodismo tradicional” de La Nación que la propuesta de crear la comisión investigadora era conjuntar la representación política de toda la Asamblea Legislativa, siendo conformada con todos los jefes de fracción, y no solo con unos cuantos compañeros que están en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos, y que ya antes habían adelantado criterio respecto a los hechos y a los involucrados a los que, se suponía, iban a investigar.

Los días han pasado y el tiempo me ha dado la razón: lo dicho por los funcionarios del caso de la Procuraduría se contradice y los diputados no tienen elementos sólidos para declarar responsabilidades más allá de “sacadas de clavo” de índole político que le hacen más daño al país.

Y, nuevamente, salta el “periodismo tradicional” de un medio como La Nación , que, haciendo gala de los mecanismos usados durante los tiempos de la Inquisición, presionó para que todo se hiciera estrepitosamente, se recibieran testimonios “esta misma semana”, cuando, insisto, nuestra propuesta estaba apegada al derecho constitucional y parlamentario, preveía la participación de todas las fuerzas políticas representadas a través de los jefes de fracción y dicha comisión investigadora gozaría de todas las prerrogativas que la Constitución le otorga, y nacería con el beneplácito del Plenario legislativo, debiendo rendir informe en un plazo no mayor de 15 días.

Al final, ocurrió lo que La Nación acusa como “política tradicional”, todo a la ligera, sin reflexión política, con afanes ulteriores con desconocidos propósitos, buscando culpables de no decir la verdad, pero sin entrar al meollo fundamental: el debilitamiento de las instituciones involucradas, es decir, el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República (incluida la Procuraduría de la Ética) y la Asamblea Legislativa. Y la misma prensa nacional sale salpicada.

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