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Paradojas del empleo público

Actualizado el 17 de julio de 2017 a las 10:00 pm

La Dirección de Servicio Civil sobrevivió en los últimos 50 años en condiciones paupérrimas

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La historia de la función pública en Costa Rica ha estado colmada de incongruencias. La Constitución de 1949 decretó la emisión, en un plazo de cuatro años, de un estatuto de servicio civil responsable de “regular las relaciones entre el Estado y los servidores públicos”, para un propósito muy ambicioso: “garantizar la eficiencia de la administración”.

No más en el proceso de redacción de dicho estatuto, la expectativa de los constituyentes experimentó el primer traspié. La Comisión redactora recibió el mandato del despacho presidencial para olvidarse de “todo el Estado” y circunscribir su alcance al Poder Ejecutivo.

Dicho estatuto, aprobado en 1953, supone la creación de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), con un director general con características politécnicas –le establece nueve requisitos personales-, adscrito directamente al presidente de la República –igual que un ministro– pero dirigiendo una institución sin personalidad jurídica, lo que entre la desidia presidencial de siempre por estos temas –políticamente poco atractivos– y el chantaje permanente de quienes asignan y controlan su presupuesto en Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, han convertido por 60 años a la DGSC en un corderito servido en el altar de grupos de presión claramente definidos.

Limitación. La citada normativa allana el camino para la aprobación, cuatro años después (1957), de la Ley de Salarios de la Administración Pública (n.° 2166), que, a pesar de su ampuloso nombre, desde el primer momento las interpretaciones judiciales y administrativas absolutamente interesadas la supeditaron exclusivamente al Poder Ejecutivo, excepto en lo que les beneficiaba.

Entre otros elementos, crea la polémica “anualidad”, pero absolutamente ligada a la evaluación positiva del desempeño anual, algo que “olvidaron” indicar las leyes y estatutos de otros poderes del Estado y las autónomas, con el correr de los años. Todo para dentro, nada para fuera.

Función pública o servicio civil, parafraseando a Francisco Longo, se refiere a un sistema de articulación del empleo público, mediante el cual determinados países garantizan, con principios, enfoques, sistemas e instrumentos diversos, ciertos elementos básicos para la existencia de administraciones públicas profesionales.

Son principios incuestionables la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos, lo que conlleva su publicidad, en el sentido de que la gente debe conocer las vacantes; reconocimiento del mérito (capacidad), como base para el ingreso y el desarrollo de carrera; uniformidad en la aplicación de principios y políticas en la relación de empleo, especialmente salariales.

Cumplido la anterior, si y solo si, el funcionariado se hace acreedor de otros principios fundamentales para la existencia de una administración pública profesional: el principio de estabilidad y el derecho a la carrera administrativa con base en la excelencia de su trabajo, sus cualidades personales y su formación educativa. Debiera, también, asegurar su absoluta neutralidad política. Todo esto está normado en el influyente servicio civil británico, con reglas muy claras desde 1855.

Precariedad. En tanto, ¿qué pasó con la DGSC, encargada de dar dirección estratégica al empleo público? Sobrevivió en los últimos 50 años en condiciones paupérrimas, con presupuestos –verbigracia año 2006– donde el componente planilla alcanzaba el 92% y cargos fijos (alquileres, energía eléctrica, artículos de limpieza) un 7%. Quedaba menos de un 1% para gastos operativos.

Por largos periodos, por ejemplo entre 1992 y el 2007, la DGSC tuvo el vergonzoso estigma de no tener fondos siquiera para comprar papel higiénico, ni para sus empleados ni para el público que llenaba sus aulas para hacer pruebas. Han sido tiempos profundamente vergonzosos.

Luego de años de lucha, en el 2011 se aprobó la Ley de Personalidad Jurídica Instrumental para la DGSC (n.° 8978), con el apoyo de diputados de todas las fracciones, pero muy especialmente de Gustavo Arias y su entonces asesor legislativo Welmer Ramos, quienes lograron bloquear innumerables intentos de los grupúsculos comentados.

Resultado: los mismos grupos enquistados en el Ministerio de Hacienda y la Presidencia, con la complicidad pusilánime de las autoridades políticas del gobierno anterior, lograron congelar hasta hoy su aplicación. El chantaje sigue vigente. El desgobierno continúa.

El autor es exdirector general del Servicio Civil.

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