Opinión

Pactar con transparencia para avanzar

Actualizado el 02 de septiembre de 2017 a las 11:00 pm

Más costoso será el reclamo de la historia a quienes sigan evadiendo su responsabilidad

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Pactar con transparencia para avanzar

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La grave crisis financiera y económica global que afectó la economía costarricense entre los años 2008 y 2009 condujo a las autoridades de entonces a adoptar un conjunto de medidas anticíclicas. Lamentablemente, una de ellas consistió en incrementar los gastos corrientes, lo cual ocasionó un grave deterioro de las finanzas públicas del país.

Tal situación anticipaba la necesidad de que quienes asumirían la conducción del gobierno a partir del año 2010 tuviesen que proponer medidas que dieran respuesta a un déficit fiscal que para ese año ya alcanzaba un 4,9 % y una deuda pública que se elevaba al 34 % del PIB. Anticipaba, también, un intenso esfuerzo de negociación política, tanto por la complejidad intrínseca a toda reforma tributaria que toca los intereses económicos de diversos sectores, como por las dificultades propias de nuestro proceso legislativo.

Las reformas fiscales son las que más ponen a prueba la voluntad y capacidad de negociación de las autoridades de un gobierno y de los líderes de oposición. Todos los sectores buscan proteger sus rentas y que sean “otros” los que paguen el sacrificio, desplegando un intenso cabildeo para quedar por fuera de las nuevas obligaciones. Por otro lado, los múltiples recursos procedimentales con que cuentan las minorías parlamentarias para imponer su voluntad, han venido haciendo nugatoria la regla de la mayoría como garantía para la aprobación de un proyecto de ley. Es así como, en el caso de proyectos políticamente controversiales, se requiere asegurar una mayoría calificada que autorice aprobar procedimientos especiales para poder llevar un proyecto de ley al punto de votación. Conseguir las dos terceras partes de los votos legislativos en un Parlamento cada vez más fraccionado, para aplicar un procedimiento abreviado no es, por lo tanto, tarea menor.

Involucramiento. Por lo anterior, una negociación en materia tributaria resulta inalcanzable sin que el jefe de Estado se involucre de lleno en su coordinación y seguimiento y sin la articulada participación del gabinete en pleno, especialmente de las carteras que tienen que ver con los sectores productivos que se ven afectados de diversa manera por el proceso.

Nunca una reforma tributaria del calado como la que necesita el país, y como la que se presentó en enero del 2011, puede ser aprobada con la huérfana gestión del Ministerio de Hacienda, a partir de señales erráticas del gobierno, dándole poder de veto a algunos gremios o amenazando a los diputados. En un régimen presidencialista como el nuestro, los legisladores presumen, de manera correcta, que la iniciativa de la negociación de proyectos prioritarios para el país, le corresponde al propio gobierno.

Tampoco basta con la acción decidida de un gobernante y su equipo; una tarea de tal complejidad resulta imposible si a la vez no se cuenta con dirigentes políticos de oposición dispuestos a anteponer el interés público a sus más inmediatos cálculos electorales, y a construir acuerdos a partir de negociaciones francas y transparentes resistiendo las intensas presiones de los intereses gremiales y sectoriales.

Esas condiciones se dieron en el año 2011. Por un lado, un Poder Ejecutivo encabezado por la Presidencia de la República, volcado de lleno en las negociaciones con gremios y diputados, y con el acompañamiento riguroso de un equipo de profesionales del Ministerio de Hacienda. Para que no cupiese duda del compromiso político con el proceso al más alto nivel, cada negociación que se fue cerrando con alguno de los sectores convocados, se selló con el anuncio de los acuerdos alcanzados en la Casa Presidencial y con la presencia de la presidenta de la República.

Por otro lado, un liderazgo en el principal partido de oposición, que no tuvo reparos para asumir costos políticos, comprometiéndose a negociar aspectos de fondo y a contribuir con los votos para una vía rápida. En un anuncio conjunto desde la Casa Presidencial en setiembre del 2011, de manera transparente comunicamos al país la ruta. Ello hizo posible la votación calificada con 43 votos para el procedimiento especial pocos días después y la votación en primer debate del proyecto, en marzo del 2012.

Cambios. La negociación fue tan franca como intensa, y condujo a cambios de fondo al contenido del proyecto original y a la presentación de un texto sustitutivo. Varias semanas estuvieron los equipos del gobierno y del PAC trabajando hasta alcanzar el acuerdo que anunciamos de manera conjunta. Entre los aspectos solicitados por el PAC que se introdujeron en el proyecto de ley, estaban la renta global, la renta universal, la disminución del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de salud y educación privados, mayor progresividad en renta, e impuestos a los dividendos de zonas francas para proyectos a instalarse a partir del año 2015. El estimado final de la recaudación que arrojaría el nuevo texto era del 1,5 % del PIB.

El proceso no fue en absoluto sencillo. Ambos habíamos tenido que ceder temas importantes y debimos enfrentar la furiosa reacción de sectores cercanos, pero estábamos convencidos de que el todo negociado era mejor que las partes que cada uno había sacrificado; estábamos convencidos de que cualquier costo político por pagar se justificaba, antes que exponer al país a una grave situación sobre la base de cálculos personales o partidarios.

Pese a que según un Estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR determinó la progresividad de la reforma propuesta, siendo que un 73 % de la recaudación recaería sobre el 20 % de más altos ingresos, los detractores de la reforma parapetados detrás de la izquierda y de la derecha legislativas y apoyados por un sector de la prensa, desplegaron una efectiva estrategia de ataque a esta.

Defensa. El gobierno sostuvo la defensa del proyecto durante todo su trámite, lo cual condujo a una drástica e irrecuperable caída de su popularidad. Por otra parte, un sector del PAC encontró en el gesto patriótico de la negociación un flanco para golpear y debilitar a quienes la habían liderado. Ese mismo sector hizo lo posible por traerse abajo en la Sala Constitucional la reforma tributaria aprobada, hasta lograrlo con la complicidad de los enemigos de siempre del ajuste fiscal.

Aunque se lograron aprobar otras leyes importantes como la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera que permitió mayor efectividad en el cobro de los impuestos y la Ley de Transparencia Fiscal que posibilitó el intercambio de información tributaria con autoridades de otros países, el golpe constitucional a la Ley de Solidaridad Tributaria no permitió que esta se pudiese retomar antes del cierre del período constitucional 2010-2014, aunque sí se avanzó en un renovado proceso de consulta cuyos resultados se recogieron en el documento denominado Una ruta hacia la consolidación fiscal y se pusieron en manos del gobierno que asumió en el 2014.

Seis años después de que en setiembre del 2011 anunciáramos nuestra disposición a llegar a acuerdos, el país se encuentra sin reforma y en un escenario fiscal peor que el de entonces; el déficit se acerca al 6 % y la deuda pública asciende a un 46 %, del PIB.

Alto precio. Pero lo más grave es que el tiempo político perdido tiene un precio muy alto. El gobierno dejó pasar sus mejores años para abrir una negociación como correspondía. Hoy sus llamados son parciales en los contenidos y tardíos en el tiempo. Por su parte, la oposición ya no está dispuesta a entrar en el impopular camino que implica una negociación fiscal a tan solo pocos meses de la elección nacional.

Al igual que lo estábamos hace seis años, seguimos convencidos de la necesidad de medidas de contención y racionalización del gasto y de una reforma fiscal que eleve la carga tributaria y redistribuya de manera más solidaria las obligaciones fiscales del país. Al igual que lo hicimos nosotros hace seis años, la negociación política seguirá siendo la única vía para dar respuesta a este problema. De la misma manera que ambos lo padecimos, el costo político resultará siempre inevitable por lo odioso de la materia, pero más costoso será el reclamo de la historia a quienes sigan evadiendo esta responsabilidad.

Lamentamos profundamente el tiempo perdido, pero vemos con esperanza la oportunidad de que la jornada electoral sirva para decantar posiciones con claridad y madurez de parte de cada candidato, y para ir tendiendo los puentes necesarios que conduzcan a las distintas fuerzas políticas a pactar con transparencia, como en su momento lo hicimos nosotros, y para poder avanzar en la solución definitiva a un problema que de no atenderse pondrá en riesgo la estabilidad económica y la paz social de los costarricenses.

Laura Chinchilla fue presidenta de la República del 2010 al 2014

Ottón Solís es diputado del PAC

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