Hace alrededor de un año, tuve una conversación sumamente interesante con un compañero del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyo nombre me reservo. A la luz de los acontecimientos del pasado 5 de marzo (desistimiento de Johnny Araya Monge), creo que ese compañero y yo debemos revisar nuestras posiciones para derivar consecuencias con miras al futuro inmediato y lejano de Costa Rica. Advierto, amigo lector, que usted, igual que yo, se llevará una doble sorpresa sobre los hechos posteriores a ese diálogo.
Resulta que mi compañero tuvo razón y yo me equivoqué en el corto-medio plazo. Sin embargo, pese al acierto a corto-medio plazo de mi compañero, él podría equivocarse a medio-largo plazo. Aun así, debemos tomar en cuenta el famoso adagio del economista Lord Maynard Keynes, quien decía: “A largo plazo, todos estaremos muertos”.
En el momento de la conversación, Luis Guillermo Solís todavía estaba en la cola de los precandidatos y yo creía que nuestro partido no debía permitir que “se quemara”. Es decir, convenía proponer otro candidato y “reservarlo” a él como nuestro principal recurso, arma o esperanza para una oportunidad posterior más viable o realista. Sin embargo, mi compañero sostuvo firmemente que debía “dar la pelea” ya, sin titubeos ni dilaciones. Entonces, al derrumbarse el Partido Liberación Nacional (PLN) entre octubre y febrero, sumado al consecuente desistimiento de Johnny Araya, se realizó el objetivo de mi compañero y Luis Guillermo Solís será el próximo presidente de Costa Rica. Pero ¡ojo al Cristo!...
“Lo gravísimo de esta situación grave”, habría dicho el filósofo alemán Martin Heidegger, es el peligro de que Luis Guillermo Solís tenga que encabezar un gobierno débil o de mínima legitimidad, con una Asamblea Legislativa fraccionada y una mayoría relativa del PLN, lo cual, con toda razón, le da “pavor” al mismo próximo presidente.
Situación peligrosa. Esa situación peligrosa es la siguiente: la victoria y el gobierno resultante del PAC se deriva de una estrategia pasiva, no se basa en una estrategia activa. La primera se materializó con base en la debilidad del PLN: Acción Ciudadana simplemente quedó a la espera de las consecuencias del desgaste del PLN y no planteó una estrategia activa alternativa, radicalmente nueva o distinta a la de Liberación Nacional. Y, así, se posicionó principalmente en consideraciones éticas, ciertamente válidas y esenciales, pero faltó un gran proyecto transformativo estructural. Y pienso que –llámese como se quiera– ese “gran proyecto” se refiere a una modernización radical del agro, combinada con una fundamentalmente nueva estructura tributaria.
Tanto desde una perspectiva histórica como en términos de lógica de análisis económico, la política agraria determina las bases, el contexto y los alcances de la política agrícola. Concomitantemente, no se conoce sociedad alguna que haya logrado aumentar, diversificar y fortalecer su producción nacional en el largo plazo sin previas o simultáneas medidas de reorganización y reestructuración del agro. En síntesis, la política agraria precede, sostiene y condiciona la política agrícola, y esta es indispensable para impulsar todo proceso de desarrollo económico.
Transformación del agro. En cambio, bajo montañas de palabras y conceptos falsos sobre “paso de moda de reformas agrarias”, los Gobiernos recientes de América Latina –incluyendo a nuestro país, según Óscar Arias, por ejemplo– enterraron las necesidades de transformación del agro que han enfrentado y satisfecho las sociedades más avanzadas del mundo en América del Norte, Europa y Oriente.
Por factores sociológicos e históricos, que nos urge discutir y corregir, los principales actores políticos de Costa Rica han mantenido nexos y compromisos con la oligarquía tradicional, echando la suerte nacional con las superficialidades de la globalización comercial. Es decir, se ha renunciado a la transformación de las relaciones de producción internas, para abrazar vínculos económicos externos. Hemos rechazado una estrategia activa para adoptar una estrategia pasiva en la conducción de nuestro desarrollo socioeconómico.
Desde una perspectiva social democrática, ¡escucho alternativas! Toda estrategia activa contiene los siguientes elementos: igualación de oportunidades de acceso a las fuentes de ingreso y riqueza de la nación, maximización de los efectos sociales positivos de la libre iniciativa y combate al monopolio de las actividades productivas y comerciales. Todo ello, mediante la persuasión y la ley, bajo el control democrático del Estado. En otras palabras: sí a la participación equitativa de todos en el trabajo, la producción y el bienestar; no a la acumulación de propiedad improductiva y concentración de la riqueza; y sí a la expresión política de todos.
En ese marco, el principio conductor del agro debe ser “tierra para quien produzca más”. En vista de que no hay “tierra para todos”, es inadmisible que ella sea simplemente “para quien la tome”. Y tampoco basta que la “tierra sea para quien la trabaje”, meramente, sin maximizar su productividad social. Ante el crecimiento de la población nacional y la imposibilidad de eludir la competencia externa, conviene que la tierra –como todos los demás recursos de la nación– sea confiada a los sectores capaces de extraerle mayor producción y bienestar para la sociedad entera.
Así, pues, la “pregunta millonaria” es si estamos dispuestos a eso. Y, como decía aquel famoso locutor argentino-norteamericano de béisbol, Eloy Buck Canel (1906-1980), “¡No se vayan, porque esto se pone bueno!”. En un próximo artículo describiré cómo se relaciona esa estrategia activa para el agro con una transformación radical de la estructura tributaria.