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Ortega: no más que un Bush pobre

Actualizado el 21 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Ortega: no más que un Bush pobre

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El sorprendente alegato del presidente Ortega sobre Guanacaste es la quinta afrenta contra la integridad territorial de Costa Rica en menos de tres años. Primero, invadió la isla Calero, a pesar de que los mismos mapas oficiales de Nicaragua hasta el año 2010 mostraban a ese territorio como parte de Costa Rica. Segundo, no obstante la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el retiro de Nicaragua y Costa Rica de la Isla hasta que tome una decisión definitiva, el presidente Ortega envía constantemente tropas y estudiantes a hacer pasantías en clara violación al mandato de la Corte. Tercero, hace un año, el presidente Ortega reclamó derechos de navegación por el río Colorado, el cual no es ni siquiera limítrofe, pues está enteramente en territorio costarricense. Cuarto, hace dos meses se descubrió que el Gobierno nicaragüense estaba ofreciendo bloques en ambos océanos para la exploración petrolera marítima en aguas territoriales costarricenses. Finalmente, ahora el presidente Ortega declara que Guanacaste pertenece a Nicaragua.

Territorio costarricense. Guanacaste es desde 1824 territorio costarricense. Ello, a partir del consentimiento de prominentes autoridades de Nicaragua y como resultado de un cabildo democrático en el que las fuerzas vivas de esa provincia optaron voluntariamente por anexarse a Costa Rica. Previamente a ello, Guanacaste se había unido a Costa Rica en varias ocasiones para lograr la población mínima requerida para enviar un delegado en representación de Costa Rica a las Cortes de Cádiz.

La soberanía de Costa Rica sobre Guanacaste fue consolidada en el Tratado de Límites Cañas-Jerez, firmado voluntariamente por ambos países en 1859 y ratificado por el Laudo Cleveland en 1888.

La presidenta Chinchilla ha actuado en todos esos casos con mesura y ha acudido de inmediato a la institucionalidad internacional con el fin de dirimir los conflictos o de informar sobre las intenciones del presidente Ortega.

Tengo diferencias con la presidenta Chinchilla en relación con algunas de sus políticas económicas, sociales y administrativas; sin embargo, en relación con este tema ha honrado nuestros tradicionales valores de paz y no ha utilizado las actuaciones del presidente Ortega con el propósito de enardecer, mediante nacionalismos arcaicos, a la población costarricense.

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Contra el imperialismo. Nicaragua es miembro del ALBA. Una de las banderas que el ALBA ha levantado más alto es aquella contra el imperialismo. Por ello, sorprende la vocación expansionista e irrespetuosa hacia nuestra soberanía del presidente Ortega, uno de los líderes del ALBA. Si no se le tilda de imperialista, es únicamente porque no tiene el músculo económico y militar para materializar sus intenciones. Pero, si hubiese gobernado sobre la riqueza y el poderío militar con que contaron el expresidente Reagan o el expresidente Bush II de Estados Unidos, ya habría invadido no solo a Costa Rica, sino también a Centroamérica y parte del Caribe.

La verdad es que la irrespetuosa actitud del presidente Ortega hacia la soberanía de otros Estados hace aparecer a cualquiera de los presidentes de Estados Unidos, aun a los más imperialistas y halcones de su historia, como mansas y recatadas palomas.

Costa Rica y Nicaragua son países pobres, vinculados estrechamente por la historia, la lengua, la cultura, el comercio y las migraciones. Ninguno dispone de recursos para entrar en un desgastante ciclo de demandas y contrademandas. Ambos necesitan utilizar sosteniblemente sus riquezas naturales, incluyendo las relacionadas con las zonas fronterizas, para desarrollar el comercio, el transporte y el turismo. Por ello es urgente detener el ciclo de provocaciones iniciado por el presidente Ortega desde finales del 2010.

Los países del ALBA deberían ser los primeros en tratar de detener al presidente Ortega. En servicio a sus reiteradas proclamas contra el imperialismo no deberían permitir que uno de sus miembros supere en actitud imperialista a quienes son blanco de sus –a veces justificadas– arengas. Pero, sin duda, es la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya informados por la presidenta Chinchilla, los que deberían actuar preventivamente para llamar a cuentas al presidente Ortega.

Apoyo a la presidenta. A nivel nacional, es conveniente que las autoridades de todos los partidos políticos y todos los expresidentes de la República apoyen a la presidenta Chinchilla en las decisiones que ya ha tomado, y en otras que en el futuro tome, para proteger la soberanía nacional. Sería bueno que la comunidad internacional perciba que, a pesar de las diferencias con el Gobierno, naturales en una democracia, todos los expresidentes y todas las fuerzas políticas del país estamos con doña Laura en su defensa de la integridad territorial del país y en su elección de las rutas formales de la diplomacia para materializar esa defensa.

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Daniel Ortega no podrá lograr un apoyo comparable dentro de su país, por lo que Costa Rica llevaría ventaja ante la opinión pública mundial, en tanto doña Laura pueda hablar sobre este tema no solo en nombre de su gobierno, sino en nombre de todas las fuerzas políticas del país.

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