Opinión

Orlando Santiago Flores: Sobre la sanción a 160 autobuseros

Actualizado el 26 de abril de 2015 a las 12:00 am

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Orlando Santiago Flores: Sobre la sanción a 160 autobuseros

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El próximo ajuste tarifario extraordinario a escala nacional, cuyo cálculo principal se desprende del aumento de los costos “generales” de los insumos consumidos por las empresas prestatarias de transporte público en la modalidad autobús, parece convertirse en una sanción para las concesionarias.

El artículo “Buseras se quedan sin alza por desorden en contratos”, publicado por este periódico el martes 14 de abril (p. 4A), da la impresión de trasladar toda la responsabilidad a las empresas operadoras del servicio.

Menciona el artículo que hay información que los empresarios no han entregado. La realidad es que los datos requeridos están en un resumen en información solicitada al CTP por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) mediante una resolución.

Para ilustrar mejor la realidad de lo que acontece alrededor del próximo ajuste tarifario, daré respuesta a algunos temas que pueden ocasionar una inadecuada interpretación de la situación real por parte del informador y de los lectores.

Los datos de buses o flota óptima es información que maneja, actualizada, el CTP en sus registros de flota autorizada de cada empresa; de cada ruta el CTP maneja la información de recorridos y paradas autorizadas; los horarios son conocidos de forma actualizada por el CTP; sobre las deudas estatales, la metodología más fácil de emplear por el CTP o la misma Aresep es realizar las consultas directamente o en línea a las dependencias del Estado y solicitar a las empresas aclaración en caso de dudas o deudas. Parece incongruente que las instituciones no tengan conexiones en línea que les permita verificar la situación de las deudas.

Información y estudios. Parece que las autoridades del CTP culpan a los empresarios por la falta de información para el refrendo de los contratos de concesión; sin embargo, el CTP olvida u omite que la información concerniente a los estudios de cada ruta, que debe respaldar el refrendo, ellos son quienes la poseen o deben ser los encargados de recolectarla, procesarla y, desde luego, certificar que es información cierta.

Flota óptima, recorridos o ramales, tipos de autobuses, terminales y paradas, corredores comunes, horarios y frecuencias, estudios de distancia y altimetría de las rutas son asuntos dominados, o al menos conocidos y contenidos en la base de datos de cada ruta asignada por el CTP.

Los estudios de demanda podría ser información que el CTP tenga desactualizada, pero deben poseerlos ellos como ente que norma el transporte público. No es válido, tampoco, que la institución mencione que podría hacer el estudio en plazos extensos, después de renovadas las concesiones, pues sería como decirle a una empresa constructora que dé inicio a la obra hoy, pero el refrendo de su contrato, su legitimación para trabajar administrativa, financiera y operativamente, se lo dará meses después.

Si el contenido faltante en los estudios para el refrendo fuera la demanda, las empresas autobuseras podríamos argumentar dos cosas. Primero, los reportes de demanda se entregan a la Aresep cada tres meses, con el contenido de tres meses inmediatos posteriores. Ahora bien, si la Aresep tiene duda en cuanto a la demanda, el segundo argumento es que para el cálculo de tarifas dicha institución toma su promedio de demanda histórica sin que los reportes trimestrales tengan un efecto importante en el cálculo.

Otros requisitos. Ahora bien, los posibles demás requisitos, como por ejemplo las certificaciones de canon de la Aresep y de Transporte Público y certificaciones de flota, aunque suene incongruente porque son de las mismas dependencias, las solicitaremos si es del caso, siempre que nos comuniquen oficialmente el requisito.

Por demás está decir que otras certificaciones de pagos al día como las del INS, la CCSS, Fodesaf y sociedades pueden ser tramitadas y entregadas por las empresas siempre que haya una clara indicación de la Aresep, también, acerca de este requisito, aunque esté fuera de norma.

Es importante aclarar otros aspectos de esta “trama” de requisitos tarifarios, en las fijaciones tarifarias nacionales o extraordinarias. La normativa indica que el único requisito es el título habilitante, que el CTP está certificando mediante comunicados entre instituciones y que es, en su calidad de ente rector del transporte público, la única institución con esa potestad; sin embargo, el CTP debe ser claro al indicar que los estudios requeridos para el refrendo son su obligación y que, debido a la falta de personal, no tiene la capacidad para realizarlos en el tiempo debido.

Además, debe indicar con claridad que, ante la falta de personal o capacidad, se invitó a cada empresa a hacer esos estudios, como una forma de “auxilio”.

Solución. Prestando atención a lo que manifestó uno de los representantes de los concesionarios, en cuanto a buscar una solución a los requisitos “tarifarios”, creo que el sector podría aceptar firmar una declaración jurada con los compromisos, y no me equivoco cuando afirmo que será de fiel cumplimiento, y pongo de ejemplo la ley que regula los medios de uso para personas con discapacidad, el cual los empresarios han cumplido con el establecimiento de elevadores hidráulicos o rampas en los autobuses, así como asientos, etc. Las autoridades del Gobierno y municipales, por el contrario, no cumplen sus obligaciones en este ámbito ni en porcentajes cercanos al 30%.

No es nuestro sector el que incumple compromisos. El deterioro financiero de las empresas de transporte público, que podría traducirse en un deterioro de la flota o del servicio, no podrá, entonces ser endosado a las empresas del sector. En este asunto de interés general en un sistema que moviliza a la mayor parte de la población activa económica y productivamente del país, así como a los estudiantes, la injerencia y la discrepancia de criterios entre instituciones del Gobierno deben ser de conocimiento y responsabilidad de cada grupo involucrado, sea público o privado.

El autor es subgerente del Grupo ATD.

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