Opinión

Ordenamiento del territorioy servicios ecosistémicos

Actualizado el 03 de diciembre de 2013 a las 11:42 am

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El ordenamiento ambiental del territorio representa uno de los aspectos críticos para alcanzar la sostenibilidad. A pesar de la urgencia de abordar este tema, expresado incluso en estrategias y planes nacionales, el país sigue en deuda.

Así lo han puntualizado diversos informes de la Contraloría y el Estado de la Nación, entre otros.

Desde la óptica jurídica, algunas de las carencias que pueden apuntarse son las siguientes:

La Ley de Planificación Urbana (LPU) no está debidamente armonizada con la legislación ambiental posterior, especialmente la Ley Orgánica del Ambiente y normativa conexa, la cual correctamente menciona los planes de ordenamiento territorial como un elemento central, concepto mucho más compresivo que los planes reguladores urbanos.

Al mismo tiempo, debido a la incorporación posterior de actores del sector ambiente en la revisión de los planes reguladores y otros esquemas similares de uso del suelo, no siempre ha resultado clara la etapa del procedimiento en la que participan las diferentes autoridades involucradas. Incluso, la Procuraduría General de la República ha debido solventar dudas respecto al momento en que la audiencia pública del artículo 17 de la LPU debe tomar lugar, considerando la intervención obligatoria de la Setena (otorgamiento de la viabilidad ambiental) en este proceso.

La participación ciudadana en la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial únicamente se encuentra contemplada, de manera general, en el artículo 17 de la LPU, pues requieren una audiencia pública para recibir insumos respecto a la propuesta de Plan Regulador (que se aplica al caso de la planificación costera). La legislación es omisa en la forma en que debe realizarse (su contenido, desarrollo, etc.), y las consecuencias y forma en que las opiniones expresadas deben reflejarse en el documento final a ser aprobado por el concejo municipal y, posteriormente, publicado y aplicado.

En la práctica, ello ha implicado que, en ocasiones, la participación de la sociedad civil sea un mero ejercicio para evitar la nulidad de los planes.

La normativa de ordenamiento no contempla apropiadamente el uso de incentivos y desincentivos e instrumentos económicos para la gestión del territorio, dado que, por su antigüedad, parten de la utilización de mecanismos de comando y control, con un fuerte énfasis en la zonificación. Novedosos institutos de planificación podrían servir –entre otros propósitos– para alcanzar objetivos ambientales y de conservación de la biodiversidad mediante, por ejemplo, esquemas que permitan restringir el desarrollo de ciertas áreas a cambio de un incremento en las dimensiones y huella constructiva en otras zonas.

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El manual de planes reguladores del INVU o del ICT, que norma la confección y el contenido mínimo de estos, no resulta suficientemente explícito respecto a la obligatoriedad de integrar los servicios de los ecosistemas y, en general, su conservación como un objetivo de largo plazo.

Aunque los estudios ambientales a ser preparados en el contexto de los planes pueden servir para ese propósito, este vínculo no se encuentra claramente establecido en la normativa actual. Tampoco existe una adecuada conexión entre los resultados de la viabilidad ambiental, los estudios y el contenido final del plan regulador.

Asimismo, los reglamentos por emitirse en el proceso de planificación no consideran la promulgación de uno en materia de desarrollo sostenible, el cual sí exige el Decreto sobre los Índices de Fragilidad Ambiental de la Setena.

Por otra parte, en el caso de este reglamento a ser elaborado como parte del proceso ante la Setena, no requiere ser publicado –de hecho, puede ser aprobado luego de haber obtenido la viabilidad ambiental–, no se cuenta con lineamientos mínimos adecuados para su preparación y no está contemplado como uno de los instrumentos vinculantes a tenor de la LPU.

Estas –y otras debilidades– ilustran la imperiosa necesidad de mejorar el marco legal e institucional relacionado con el ordenamiento del territorio, como expresamente lo reconoce la Política Nacional en esta materia (punto 19) oficializada este año. De esta manera, se podrá avanzar –al menos, parcialmente– en la solución de uno de los grandes problemas del país.

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