EscucharEn las últimas semanas, la prensa nacional ha concedido especial atención al tema de la pesca de atún en aguas de la ZEE, a propósito de un proyecto de decreto que pretende, entre otras cosas, prohibir la pesca de atún de cerco en la mayor parte de las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, que abarca las primeras 60 millas de la costa, más la zona oceánica más rica en pesca de cerco.
Se intenta lograr este objetivo por medio de un curioso plan de ordenamiento de la pesca, que, en realidad, es una zonificación espacial, sin que se indique cómo se van a administrar las otras pesquerías que se desarrollan en el Pacífico y que traslapan sus actividades, como ha sido el caso de la pesca de picudos en la zona sur, que generó serios conflictos entre la pesca deportiva y la que realizan los palangreros de mediana escala.
El proyecto basa su éxito en el cumplimiento de compromisos por parte de los dueños de los barcos palangreros, de someterse a las regulaciones, y del Incopesca, de hacerlas cumplir. Sin embargo, la experiencia ha demostrado cuán difícil ha sido que los armadores instalen y utilicen, por ejemplo, los instrumentos de monitoreo satelital, la observación a bordo, las inspecciones a sus descargas, los dispositivos excluidores de tortugas, o respeten las vedas, geográficas o estacionales. El Incopesca, por otro lado, carece de los recursos necesarios para garantizar este cumplimiento.
Información manipulada. Considero, por otra parte, muy delicado que un proyecto de este tipo se tenga que apoyar en información manipulada que confunde a la opinión pública y crea sentimientos adversos hacia otras actividades. Es así como la prensa nacional, de forma reiterativa, informa acerca de la matanza de miles de delfines como consecuencia de las faenas de pesca con cerco, sin indicar si se trata de pesca sobre delfines, palos, brisas, manadas libres no asociadas o sobre otro método de pesca, sin señalar la fuente y sin mostrar información estadística. Por el contrario, la información de la CIAT a este respecto indica que, desde que entró en vigencia el acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines-APICD-, en 1992, la mortalidad de delfines se redujo, pasando de 98.887 individuos anuales en 1987 a 3.601 en 1993, y a 870 en el 2012.
La satanización de este tema podría causar un enorme daño a la industria atunera costarricense, que depende para su existencia y competitividad del atún de cerco de origen nacional capturado en nuestras aguas, industria con 60 años de existencia exitosa en el mercado nacional e internacional, y que genera empleo a más de 5.000 personas en la provincia de Puntarenas.
Se manipula la información cuando se afirma que el país percibe únicamente un promedio de $37 por tonelada de atún capturado, cuando el precio en el mercado internacional del atún es de $2.800 por tonelada. Se obvia explicar que, considerando el valor agregado nacional que genera la industrialización en Costa Rica, la cadena de valor puesto en el anaquel del comercio, el valor del atún llega hasta $7.500 por tonelada. Se manipula la información cuando no se explica que la pesca de cerco del atún es la pesca más controlada y conservada científicamente por la CIAT, con monitoreo satelital y observadores a bordo en el 100% de las embarcaciones, y que el stock de aleta amarilla de todo el océano Pacífico oriental, que incluye las aguas de Costa Rica, se ha mantenido estable en sus capturas de los últimos años, con signos de buena salud en cuanto a tallas y niveles de abundancia.
La administración para el aprovechamiento y conservación de los recursos del mar no puede ser el resultado de presiones que responden a intereses muy concretos, ni a sentimentalismos. Por el contario, debe ser consecuencia del trabajo serio y responsable de técnicos y científicos, con una visión integral de largo plazo que garantice la optimización de las pesquerías y el rendimiento máximo sostenible para cada especie.
Carlos Villalobos Sole, expresidente ejecutivo de Incopesca y excomisionado del país en CIAT.
