EscucharGravar de la misma manera una pequeña empresa naciente, que demanda grandes esfuerzos de sus fundadores, que a una empresa boyante y consolidada, no se debe.
En estos casos, independientemente del tipo de negocio que se trate, la política pública debe prever un tiempo de gracia para instalación, formalización y consolidación, en vez de colocarle una barrera más en su nacimiento.
La personería jurídica de cooperativa o asociaciones, si bien debe ser objeto de atención por parte del Ministerio de Hacienda, no debe un ser criterio suficiente.
Si la empresa está consolidada y tiene ingresos importantes, es preciso aplicar una evaluación social a su desempeño. Si es una empresa social que se concentra en proporcionar ingreso a sus asociados, tiene un carácter corporativo pero no estimula la economía local, debería pagar los impuestos correspondientes como toda empresa.
Por ejemplo, tal es el caso de algunas cooperativas que tienen supermercados donde venden solo aguacates importados y prescinden de comprar los que producen sus vecinos inmediatos. Otra es la situación de las cooperativas o asociaciones que promueven y estimulan los encadenamientos locales y regionales y dinamizan regiones completas que el Estado no ha sido capaz de hacer.
En estos casos, la política debe premiar el esfuerzo hecho en favor del desarrollo local y estimular que siga haciendo inversiones y dinamizando la actividad socioeconómica.
Trato injusto. La propuesta que ha enviado el Ministerio de Hacienda para gravar las cooperativas según el ingreso omite esta dimensión social.
De tal forma, una cooperativa como Coopeagri, que ha dinamizado con sus encadenamientos la economía de Pérez Zeledón, que se presenta como ejemplo de economía solidaria, tendría que desviar recursos que invierte en desarrollo para pagar impuestos.
Se le trataría igual que a otras cooperativas que no velan más que por el interés inmediato de sus asociados y tienen poca o ninguna incidencia en sus entornos comunales.
La política pública, especialmente la tributaria, es un factor de orientación y estímulo para involucrar el sector privado al desarrollo.
En este sentido, no pueden tomar medidas en un escritorio tratando de calzar ingresos inmediatos; es preciso pensar a mediano y largo plazo y en el modelo de desarrollo que buscamos.
La política debe estimular la asociación del interés de las empresas con el desarrollo y el mejoramiento de su entorno. Esto es asociar el interés de las empresas y de sus socios con el medio en que viven.
De otra manera no tiene sentido hablar de economía solidaria ya que estaremos “borrando con el codo lo escrito con la mano”.
Miguel Sobrado es sociólogo.
