EscucharEn materia de sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), la CCSS nos ha venido engañando por mucho tiempo. Tan solo hace dos años, la institución aseguraba que el incremento de las cuotas al 10,5% de los salarios, negociado en la reforma del 2005, alcanzaba hasta el 2035 y no era sino hasta ese momento que el país debía sentarse a discutir una nueva reforma de pensiones.
Incluso, en el 2009 se trajo a la Organización Internacional de Trabajo luego de la controversia a raíz del primer estudio actuarial externo hecho al RIVM, el cual mostraba que la reserva del RIVM se agotaba en el 2026.
En ese momento se dijo que la OIT “garantizaba” que la reserva alcanzaba al 2045 y que este estudio era “a prueba de balas”. Hoy sabemos que, según los cálculos de la OIT, la reserva del RIVM se proyectó en ¢3,8 billones para finales del 2016, cuando las cifras verdaderas serán cercanas a los ¢2,1 billones; o sea, un faltante de 1,7 billones (45%) respecto a lo proyectado.
Estas proyecciones son el resultado del uso de supuestos alegres con el fin de maquillar los resultados del RIVM, como asumir que las personas cotizan más tiempo del real, que la densidad de cotización es mayor a la observada y que la cobertura será más alta de lo viable.
Excusa tras excusa. La discusión de si el RIVM quiebra en el 2026 o en el 2045 es absurda, pues propios y extraños coinciden en que el RIVM está mal diseñado, dada la demografía del país.
A pesar de ello, la discusión ha venido cambiando de tonalidades. En un inicio se dijo que los intereses que generaba la reserva se utilizarían hasta el 2028 (en realidad se empezaron a usar desde el 2011).
Cuando la realidad desnudó ese falaz argumento, entonces dijeron que el uso de los intereses no importaba porque no eran parte de la reserva. Hoy dicen que el uso de la reserva no es necesariamente malo.
La CCSS se excusa ahora con que se está elaborando un nuevo estudio actuarial con la Universidad de Costa Rica y, desde hace un par de años, cada vez que se les pregunta indican que el estudio va a estar listo en los próximos tres meses. Este sería el décimo estudio actuarial desde el inicio de este debate en la época de Eduardo Doryan.
En su último estudio, la CCSS indica que la cotización del RIVM debe aumentar del 8,5% actual al 14% y, en su escenario pesimista, pues en realidad ha resultado más que optimista, la reserva se agotaría en el 2033 (hay que recordar que hace cuatro años la CCSS presentaba escenarios donde la reserva se agotaba en el 2057.
Aun así, este incremento en la cotización, que sería muy fuerte para patronos y trabajadores, es insuficiente para hacer al RIVM sostenible.
Problema de fondo. El problema del RIVM es de diseño. Se basa en un esquema piramidal que se rompió con la caída en la tasa de fecundidad, algo que se preveía desde hace décadas.
Un sistema de reparto como el de la CCSS requiere de tasas de cotización crecientes. Pero en países como Costa Rica, con una informalidad alta y una recaudación deficiente, mayores tasas de cotización pueden conducir a mayores niveles de informalidad, inequidad e insostenibilidad.
Un estudio recién publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, “Ahorrar para Desarrollarse”, muestra que para Costa Rica la tasa de reemplazo (porcentaje del salario promedio de cotización que se recibe como pensión) a la que el RIVM puede aspirar es cercana al 30%, en lugar de más del 60% que se promete.
Por ello, la CCSS acaba de aumentar la cotización del Estado en más del 100%, del 0,58% al 1,24% de los salarios, para pagar las pensiones de aquellos cuya cotización no alcanza para consolidar una pensión mínima, o sea, el segmento solidario del RIVM.
Esta transferencia tendría que ir en aumento conforme el régimen empeore su situación financiera, pues el RIVM está a las puertas de iniciar a consumir su reserva.
No obstante, existen varios problemas con que el Estado financie las pensiones de la CCSS, más allá de los problemas fiscales que enfrenta el país y del absurdo de darle dinero a una institución para tapar que ha sido incapaz de plantear las reformas del RIVM con suficiente antelación para evitar la situación en la que se encuentra.
Por ejemplo, el financiamiento con impuestos convierte a los sistemas de pensiones en regresivos, pues los trabajadores informales son, en su mayoría, personas de bajos ingresos, que pueden aportar durante algún tiempo de sus vidas laborales, pero que no logran obtener una pensión al no cumplir los requisitos. Entonces, ellos terminan sin pensión y sus aportes acaban financiando pensiones para personas con trabajos formales y mayores ingresos.
Además, la expectativa de vida de las personas aumenta con el ingreso. Por lo tanto, se termina redistribuyendo la riqueza de las personas pobres a las personas ricas, lo cual se contrapone a los principios de seguridad social.
El autor es exsuperintendente Pensiones.
