EscucharEstar jubilado no significa estar postrado. He verificado durante 40 años, mediante la observación y estudio sistemático de programas de gobierno, documentos ideológicos y declaraciones, cómo los partidos y líderes omiten persistentemente el análisis reivindicativo del reputado régimen de derecho al que todos retóricamente –o sea, de la boca para afuera– dicen suscribirse, pero que violentan a diario.
Pues bien. Me sorprendí cuando en un debate en Repretel, el pasado diciembre, el excompañero profesor, Luis Guillermo Solís, se refirió a mi tesis de que “tenemos todas las leyes necesarias y solo hay que reconocerlas y aplicarlas”. Fue el único candidato que expresó tal idea. El 6 de abril, reiteró, con un inusitado compromiso, que “el pueblo podía estar seguro de que gobernaría según la Constitución y las leyes”. Para uno que lee entre líneas, fue muy buen presagio.
Por otra parte, no puedo estar más en desacuerdo con Alberto Salom, quien, en esta misma página, el pasado 26 de abril, dijo que “no hay un traje a la medida para cada ministro”, especialmente si no tiene experiencia en cuestiones públicas. Mi tesis de décadas es que sí lo hay, y corresponde al presidente tallarlo y exigir que todos lo usen. Por no haberlo entendido así, he insistido en que ese “traje”, constitucionalmente tallado desde 1949, les queda tan grande a gobernantes y colaboradores de confianza, y es por lo que el país va a la deriva.
¿Cuál podría ser, entonces, mi preocupación? Que, en mi persistente expectativa cada cuatro años de que “el nuevo” presidente entienda, acepte y aplique el modelo constitucional y legal que nos permitiría avanzar en la dirección correcta al Primer Mundo, esperaba de Solís, el lunes 14 de abril, varias aclaraciones fundamentales que sentaran verdadera cátedra cívica, y no esperaba del todo una de ellas. Veamos.
Al dar a conocer a sus ministros, esperaba que prepararía al pueblo sobre “esa nueva forma de gobernar” que el PAC ofreció con gran convicción movilizadora. Mi punto es que “esto” solo puede lograrse si tales ministros llegan a ejercer como ministros sectoriales o rectores, lo cual significa que cada uno, con el presidente “haciendo” Poder Ejecutivo, ejercerá el único tipo de dirección gubernativa sobre los entes autónomos y sus actividades que los hará funcionar como un reloj en cada ramo o campo de actividad, tal como la Constitución manda en su artículo 140, incisos 3 y 8, y la Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 26.b, 27.1, 98, 99 y 100.
Más de lo mismo. Así, no quedaría duda de que, finalmente, vendría un Gobierno que sabrá dirigir unitaria e integralmente la materia ambiental, la lucha contra la pobreza o seguridad social, la salud, la educación, el desarrollo agrícola, etc. Si los ministros no fueron escogidos con ese perfil para esta esencial y recurrentemente descuidada misión, vamos a tener más de lo mismo del desorden interinstitucional y de recursos que no han resuelto ningún problema de manera orgánica, o sea, causal. Pero no lo explicó y, sin ello, el pueblo no aprenderá a vigilar y exigir bajo tales “nuevas reglas del juego”.
Tampoco explicó si tales ministros activarían, en San José y regiones de desarrollo, los mecanismos e instrumentos precisos para lograr esa proyección unitaria de instituciones en el territorio y una participación activa multitudinaria y ordenada de la sociedad civil, digamos vía consejos regionales de desarrollo, que funcionaron óptimamente de 1976 a 1984. (PAC, se nos ha dicho, es acción ciudadana, pero… cómo se come esto es algo que no ha quedado nunca claro. Ahora no hay un “más allá”, y la Ley de Planificación Nacional de 1974 es la madre de las leyes que regulan esta materia).
Pero el presidente electo tampoco dijo algo aleccionador sobre esta esencial ley para el desarrollo del país cuando anunció a la nueva ministra. Es una ley que exige del gabinete en su conjunto y de cada ministro, junto con la referida LGAP y la No. 8131 de presupuestos públicos y varias otras (contra la corrupción, control interno, simplificación de trámites, promoción de la competitividad), mucha ciencia en su manejo, algo muy distinto del pragmatismo y sentido común que los Gobiernos precedentes han aplicado, y que ha servido únicamente para medio llenar con medios logros, sin nunca explicar o responder por ello, solo la mitad del vaso de agua.
Ministros sin cartera. Hubo una específica decisión que por años hemos venido denunciando ante la opinión pública: nombrar presidentes ejecutivos con rango de ministros sin cartera. Que el PLN lo haya hecho, y hace años el PUSC, no lo hace legítimo ni funcional, y la “oposición” ha sido negligente –y cómplice en el caso del PLN– en estas transgresiones imperdonables. Un presidente ejecutivo es un subordinado de la junta respectiva, pero, como ministro sin cartera, “hace” Poder Ejecutivo con el presidente y puede dirigir a dicha junta y hasta llevarla a la destitución por incumplimiento de “sus” propias directrices. Que no haya ocurrido no quita el absurdo jurídico y político del asunto. Peor es cuando se trasladan a una figura semejante, mediante decreto, las potestades legales que son exclusivas del ministro de Trabajo y Seguridad Social. Que este Gobierno lo haya hecho –y el anterior: nombrar a ministros con cartera distintos en esta materia–, y que los ministros de Trabajo lo acepten resignadamente, es un problema de hecho, o sea, que se viene dando y que, rigurosamente analizado, permite comprender por qué la lucha contra la pobreza no se está ganando.
No puede haber tal figura de presidentes ejecutivos con rango de ministros sin cartera en ningún ente autónomo, pero, por lo visto, seguirá habiéndola. Se trata de un verdadero ornitorrinco jurídico que ni la Contraloría, en sus sesudos estudios sobre ineficacias en la Administración Pública, ha cuestionado como debía (dando la callada por respuesta a nuestras persistentes denuncias, según lo subrayó Miguel Sobrado aquí, entre otros valiosos análisis, el 3 de abril).
Superar improvisaciones. Una nueva forma de gobernar implica superar las improvisaciones que, en lo jurídico, administrativo y sociopolítico, han caracterizado a casi todos los Gobiernos precedentes. Esperaba que el presidente electo sentara cátedra explicando cómo lo logrará, precisamente cumpliendo con la Constitución y las leyes, lo cual instruiría a los costarricenses que votaron al PAC, y a quienes no, a distinguir de manera convincente –y, con esto, crecer mental y cívicamente como nunca en su propia capacidad de vigilancia y exigencia de cuentas al gobernante de turno– cómo los incumplimientos legales de Gobiernos pasados han impedido al país avanzar como debía en la ruta claramente marcada en la Constitución y el sistema de leyes vigentes, contrariamente al enredo en que hemos caído precisamente por falta de esa ciencia que refiero.
Este hábil profesor universitario podría hacer mucho por el país sentando cátedra en este campo esencial, y aplicándola él mismo, ahora que puede… y que tiene que hacerlo, aun antes del inevitable juramento del 8 de mayo.
