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Nueva Ley de Aguas: urgencia nacional

Actualizado el 08 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Nueva Ley de Aguas: urgencia nacional

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Como bien informa la prensa nacional, Costa Rica tiene serios problemas con su recurso hídrico. Falta abastecimiento. Hay racionamiento, contaminación de las fuentes, tanto subterráneas como superficiales, problemas de abastecimiento eléctrico, uso irracional y efectos adversos del cambio climático. Estos problemas, lejos de mejorar, empeoran, y ya empiezan a pasar la factura al país.

Urge contar con nuevos principios rectores, algunos de ellos estratégicos. Debemos tener acceso al agua como un derecho humano fundamental e indispensable. Conviene asumir un criterio preventivo y precautorio, procurando mayor protección y medidas eficaces para impedir el deterioro del recurso hídrico.

Hay que internalizar los costos relativos al uso y a la contaminación del agua. Es clave la participación ciudadana, que todas las personas puedan contar con información y participar en la toma de decisiones. También es necesaria una rigurosa planificación del agua en función del ciclo hidrológico e hidrosocial, respetando la función y los servicios de los ecosistemas, así como asegurar la sostenibilidad económica y la gestión integral del recurso hídrico.

Esfuerzos insuficientes. El país ha hechos esfuerzos, pero no son suficientes. Hay un obstáculo legal que no permite la orientación hacia esos principios y es la actual Ley de Aguas, número 272, promulgada en 1942, que ya tiene 71 años de creada. En esos años, la sociedad costarricense era eminentemente rural, con una población de unas 600 mil personas. Su base económica era agrícola y ganadera y se consideraba al agua como un bien inagotable.

Hoy, la realidad es otra: casi cinco millones de habitantes y un país donde la industria, el turismo y los servicios se convirtieron en la principal fuente de ingresos, pero el agua sigue siendo el motor del desarrollo nacional.

El país tiene 15 instituciones que se relacionan de alguna forma con el recurso hídrico, pero hay dispersión en las acciones y hasta controversias por sus funciones. El resultado es una deficiente gobernabilidad del recurso hídrico.

Sin estudios ni estadísticas. A pesar de ese voluminoso aparato público, no se cuenta con estudios y estadísticas adecuadas para conocer la situación real y la disposición del recurso, geográfica y funcionalmente hablando, y para una planificación adecuada de su uso, protección y sostenibilidad futura. Urge una transformación profunda en la institucionalidad del agua, y un primer paso lo dio el actual gobierno con la creación del Viceministerio de Agua y Mares del MINAE. Pero falta ratificar legalmente a esta entidad, así como muchos otros pasos.

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Muchos costarricenses estamos conscientes de que un mal manejo del recurso hídrico hipoteca el futuro y el desarrollo del país, incluida la producción agrícola y pecuaria. También sabemos que una regulación más coherente y eficaz evitará conflictos innecesarios y onerosos, que perjudican la paz social. Una nueva Ley de Aguas pondrá en armonía los intereses de todos los usuarios del recurso.

Hace más de una década se han intentado cambios de legislación mediante proyectos que sustituyan la actual normativa, pero no ha sido posible dar ese histórico y necesario paso. Por eso fue necesario utilizar el mecanismo de la iniciativa popular (que permite a los ciudadanos enviar proyectos de ley directamente a los legisladores) para presentar el texto de la nueva Ley de Aguas. Ese texto se encuentra listo para dictamen en la Comisión de Ambiente y en noviembre deberá ser votado en el Plenario legislativo.

Dada la trascendencia de esa ley y los intereses tan grandes que deberá regular, el Poder Ejecutivo, expertos y funcionarios, algunos de los cuales fueron redactores e impulsores del texto, se dieron a la tarea de mejorarlo, incluyendo partes de otros proyectos presentados a la corriente legislativa y adaptándolo mejor a la realidad del país.

Comisión de Ambiente. Ese texto mejorado se envió a los diputados de la Comisión de Ambiente, como referencia principal para el análisis y los cambios necesarios. Indudablemente, los empresarios, la academia y los agricultores tienen mucho que decir y deberán enviar, con alto espíritu constructivo, sus valiosas inquietudes y recomendaciones.

Temas como el área de protección de las nacientes, las sanciones administrativas y penales, el cobro de cánones, el manejo del recurso por medio de la administración de cuencas, la centralización institucional del manejo del recurso hídrico y otros, deben ser acordados oyendo a nuestros productores, de tal manera que la legislación sea operativamente funcional y en beneficio de todos.

El tiempo es corto y la tarea es ardua, pero si el país logra aprobar la Ley Integral del Recurso Hídrico, los legisladores podrán darse por satisfechos de aprobar una ley histórica y urgente para Costa Rica.

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