Durante los casi tres años de gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, la hemos escuchado decir que uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es la excesiva tramitologia, que cual nudo gordiano amarra nuestra competitividad, inhibe la iniciativa y detiene el crecimiento económico. En suma, que Costa Rica es ingobernable. Como resultado, la presidenta asignó a un grupo de ilustres ciudadanos identificar las reformas indispensables para lograr una mejoría palpable en el funcionamiento del Estado Costarricense y en la calidad de nuestro sistema democrático.
Las propuestas de los “notables” para solucionar los problemas diarios del país son realmente interesantes. Sugieren, entre otras muchas cosas, modificar el Reglamento de la Asamblea Legislativa, el sistema de elección de los diputados, cambiar a un sistema semi parlamentario, debilitar los mecanismos de control y hasta despojar a los denominados “derechos prestacionales” su condición de norma jurídica. ¡Pobre los pobres y los más necesitados!
Yo me pregunto si para eliminar las filas ante los hospitales de la CCSS, arreglar el puente de la platina o mejorar la calidad de los servicios públicos se requiere modificar el Reglamento Legislativo; si para combatir la corrupción, el lavado de dólares, el narcotráfico y la delincuencia organizada el país, debe cambiar a un sistema parlamentario.
Evidentemente, no, porque el problema de Costa Rica no es que el Estado sea ingobernable. Lo que sucede es que estamos siendo mal gobernados. Es obvio que se deben hacer algunas reformas, pero el problema fundamental radica en la falta de convicción y voluntad política de la clase gobernante para hacer bien las cosas.
No me canso de repetirlo: mientras el presidente de los Estados Unidos vive de la idea del yes we can, nuestra presidenta vive la del no, we can not,esa paralizante ancla que conlleva decir que somos ingobernables.
En lugar de esa “lloradera” interminable, ¿por qué la presidenta no se decide, de una vez por todas, a aplicar la “Ley 8220 de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites legales administrativos”? Ya la Asamblea Legislativa le dio el instrumento legal que necesita el Poder Legislativo y la Administración Pública para eliminar la tramitología que tanto nos perturba a todos. ¿Cuál es el pretexto para no aplicar esa y otras leyes que propicia la buena gestión de los negocios públicos? ¿Será más bien que se quiere proteger los privilegios que gozan la élite del poder o los corruptos? Se debe entender y aceptar como una máxima que la tramitología favorece al mal gobierno y la corrupción. Presidenta, los ciudadanos le exigimos que explique por qué no aplica la ley contra el exceso de trámites legales y administrativos.
En lugar de propuestas altisonantes, lo que se requiere es lanzar una cruzada nacional contra la tramitología.
Emita de inmediato una directriz ordenando a todas las oficinas públicas identificar los trámites inútiles y las acciones que emprenderán para eliminarla en el plazo de 30 días.
Recuerde al empleado público vagabundo que el incumplimiento de la citada ley podría implicarle hasta el despido sin responsabilidad patronal. Hágale saber que el Estado no existe para dar empleo, sino para servirle rápido, de manera amigable y puntual al ciudadano.
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