Una serie de artículos publicados en La Nación han abierto un debate crucial acerca del desarrollo urbano en Costa Rica a raíz del retiro de consulta pública del reglamento propuesto por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
La puerta no debe cerrarse y la discusión debe continuar. El caos urbano que vivimos día con día es resultado de nuestra apatía con respecto a este tema.
Mario Arce ( La Nación 3/6/2015, p.25) acertadamente responde a una comentario de Jorge Guardia ( La Nación 2/6/2015, p. 27) cuando indica que se trata de la discusión de una cuestión que trasciende la ideología política. Ante él deben evitarse clasificaciones pueriles del tipo “neoliberal” vs. “bolivariano”. Se trata de un tema nacional.
Debemos partir de un hecho incuestionable: el modelo de desarrollo urbano que seguimos es insostenible. Crecemos y construimos, pero no nos desarrollamos. El desarrollo –nuestra evasiva aspiración– implica la existencia de un equilibrio entre los intereses del sector privado y un sector público dedicado y comprometido con políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Concluimos que dicho equilibrio no existe.
Aclarar el panorama. ¿Cuál es el escenario en que aparece el reglamento del INVU? Pueden identificarse tres factores que componen este escenario.
Primero, imaginemos un sector inmobiliario acostumbrado a utilizar una serie de fórmulas que le permiten construir y vender sin grandes complicaciones, con grandes ganancias y sin ningún tipo de concesión en pos de mejorar el entorno urbano y público. Aprovechan la figura legal del condominio horizontal para vender dos cosas que los costarricenses apreciamos: exclusividad y aislamiento.
Cabe aclarar dos cosas: el condominio horizontal per se no debe satanizarse ya que como aclara Mario Arce el condominio horizontal “es un régimen de propiedad, no de transformación del suelo”. Sin embargo, en el marco de esta discusión, la figura sirve para identificar y analizar una serie de patrones sintomáticos en torno a la organización del territorio urbano: la expansión desmedida de la mancha urbana, el uso voraz de terrenos agrícolas para urbanización, el uso desmedido de la tapia como símbolo de exclusión social.
Segundo, consideremos un INVU cuyo mandato es el de ordenar y planificar el futuro de nuestras ciudades y que, sin embargo, en los últimos 20 años ha sido incapaz de hacerlo, aletargado e ineficiente. Durante esta administración el INVU ha dado muestras de querer retomar su papel en la sociedad costarricense.
Tercero, la apatía y desinformación general con respecto a la importancia de discutir y proponer soluciones alternativas en cuanto a organización territorial.
Por medio del reglamento, el INVU expone una serie de propuestas innovadoras que podrían servir como plataforma para un debate inclusivo y público acerca de la planificación territorial en Costa Rica: plantea la necesidad de que las municipalidades hagan un mapeo clasificatorio de sus territorios; propone que los desarrollos inmobiliarios cedan “extramuros” una porción de sus terrenos al espacio urbano; y otorga a las municipalidades capacidad de “reajustar terrenos”, con lo que terrenos irregulares podrían modificarse para que tengan formas adecuadas para su urbanización.
Calidad de vida. Benjamín Gutiérrez llama al reglamento del INVU “peligroso e innecesario” ( La Nación 3/6/2015, p.25). Hace una serie de exigencias al Gobierno en relación con la aceleración de trámites y las condiciones de los inversores. El abogado Gutiérrez olvida que sus exigencias serían acertadas si estuvieran inscritas dentro de un ámbito superior: mejorar la calidad de vida de las personas a través de una gestión adecuada del territorio. Este debe ser el punto de partida para un debate que deberá incluir a todos los sectores de la población.
Será responsabilidad de las instituciones como el INVU y el Mivah regular el desarrollo en pro de la calidad de vida de todos y responsabilidad del gremio de la construcción, escuelas de Arquitectura e Ingeniería y colegios profesionales ofrecer propuestas y contra propuestas, más allá de la crítica por la crítica.
(*) La autora es arquitecta