Alerté en un artículo anterior que el ministro Edgar Gutiérrez, del Minae, estaba eliminando la meta de carbono neutralidad, sustituyéndola por una mera aspiración al 2021.
Por ejemplo, en el 2050 emitiríamos más de 5,9 millones de toneladas de CO2, y se posponen los compromisos de carbono neutralidad del país hasta el 2100.
Esa propuesta ya fue presentada ante la Convención de Cambio Climático, el pasado 28 de setiembre, y corremos el riesgo de que se vuelva vinculante.
Advertí que es ilegal porque representa un retroceso y en materia de derechos solo puede caminarse hacia adelante. El medioambiente es un derecho plasmado en artículo 50 de la Constitución.
Ese nuevo plan climático, presentado por el Minae ante la Convención, nos despierta varias otras preocupaciones: reniega de los logros forestales del país y adelanta que viene una sustitución de los pagos por servicios ambientales a bosques; establece reservas soberanas sobre el mercado de CO2; no se sabe quién lo elaboró, ni quién quiere sustituir el mercado por el Estado en los servicios globales de nuestros bosques.
¿Qué ofrece el nuevo plan climático? En primer lugar, una eliminación de la meta de carbono neutralidad, oculta bajo una serie de eufemismos. Pero, además, solapadamente nos anuncia el fin de los pagos por servicios ambientales a los bosques naturales y su sustitución por “pagos a adaptación en ecosistemas” (p.5, documento oficial Minae 2015).
Los incentivos actuales se basan en la ley forestal de 1996, promulgada por el entonces presidente José María Figueres. Esa ley es reconocida como uno de los instrumentos clave en la recuperación forestal del país: somos el único país tropical del mundo que subió de 21% de cobertura boscosa a 52% en menos de tres décadas. ¿En qué ley o inspiración se basa lo incluido en el documento oficial de las NDC?
También se nos notifica, unilateralmente, que el incipiente mercado mundial de títulos de CO2, pasa a estar tutelado “soberanamente” (p. 5, documento Minae).
En otras palabras: un burócrata decidirá quién puede vender o comprar certificados de CO2 tanto doméstica como internacionalmente. Un producto de nuestros bosques sería estatizado por “soberanía”.
¿Quién paga la orquesta? Quien paga la orquesta, manda el baile, reza un refrán popular. Es necesario que los costarricenses conozcamos quién pagó a los consultores que elaboraron y presentaron la nueva estrategia.
El pasado jueves 7 de octubre se llevó a cabo una actividad para presentar “el nuevo plan climático”, en el Colegio de Agrónomos. Curiosa actividad, pues conocemos una Estrategia Nacional de Cambio Climático, que la administración Solís actualizó e incluyó en su plan nacional de desarrollo y existe desde hace años una dirección en el Minae altamente especializada.
Lo curioso de la actividad es que participaron ocho panelistas, y de todos ellos solo una era funcionaria pública (de la Cancillería), los siete restantes eran consultores o representantes de cámaras que formal o informalmente asesoran al ministro del Minae.
En otras épocas, el PAC clamaba contra la contratación millonaria de consultores. A nosotros eso nos preocupa, pero, más aún, la transparencia. ¿Quién paga?
En los Estados Unidos ser consultor y “lobista” es toda una especialidad reconocida, pero quien la ejerce debe registrarse, decir quién le paga y con quienes desea hablar. Luego puede visitar y exponer a los funcionarios públicos y congresistas las propuestas de sus clientes.
Finalmente, señalé en un artículo previo que se eliminó la meta de carbono neutralidad porque sonaba a Óscar Arias. Similarmente, pienso que el Minae anuncia la sustitución del programa de pagos por servicios ambientales de los bosques porque suena a José María Figueres.
Lamentablemente ahora se sustituyen leyes y una posición país por una actitud egocéntrica. Es incomprensible que sea más importante quién “bautiza la criatura” y se pretenda sustituir una iniciativa que fue pionera en el mundo, y que es exitosa, para registrar nuevos padrinos y “nacionalizar” los títulos de CO2.
René Castro fue ministro de Ambiente.