En materia de competitividad, las soluciones a los grandes retos que enfrenta nuestro país deben ser abordadas con una visión a largo plazo, en pro del interés nacional, mediante una estrecha coordinación multisectorial, dirigidas por un liderazgo fuerte, con un mapa de ruta claro que oriente el actuar de todos y con métricas que permitan evidenciar los avances y operar las correcciones del caso sobre la marcha.
Tenemos serios desafíos en educación, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y en infraestructura, ciencia y tecnología, entre otros. Ninguno de ellos puede ser solventado por un sector solo, y menos aún en un ciclo presidencial de cuatro años.
Inversión sin resultados. A modo de ejemplo, veamos el caso de la educación y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
La mayoría de nuestros estudiantes pasan por el sistema público, financiado y operado por el Estado con fondos generados por los impuestos que pagan los contribuyentes, con la esperanza de que avancen de la educación primaria a la secundaria y luego a la universitaria.
Al llegar a la universidad, estudiantes y profesores trabajan de la mano para convertir a los primeros en futuros profesionales, idealmente con facilidad para insertarse en el mercado laboral, dominado fundamentalmente por el sector productivo.
El sector productivo puede dar los insumos a la academia con respecto a lo que requiere en cuanto a capacidades y especialidades para asegurar el empleo a esos futuros trabajadores y emprendedores.
Irónicamente, nuestro Estado destina más recursos que nunca a la educación en general (8% del PIB). La universitaria, mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), recibirá este año ¢440.773 millones (aproximadamente $827 millones al tipo de cambio actual).
En paralelo, enfrentamos un estancado nivel de pobreza del 20% (1 de cada 5 habitantes) y un creciente nivel de desempleo.
Siendo la educación el principal motor para sacar a un país y a su población de la pobreza, y para reducir la desigualdad, el desempleo y el subdesarrollo, resulta contradictorio que a mayor inversión de recursos no avancemos en la mejora de los indicadores que en principio deberían evidenciar su impacto positivo.
Cortoplacismo. Lamentablemente, hemos caído en un sistema político-electoral que premia las victorias a corto plazo, que evoca en algunos el deseo de hacer zancadillas a quienes gobiernan como una forma de asegurar su derrota en las siguientes elecciones.
Los demás sectores –productivo, académico y social–, igualmente, caen en la trampa y se enfrascan en discusiones respecto al tema del momento, asumiendo posiciones y perdiendo de vista el interés general.
Hoy, más que nunca, el país está urgido de líderes estadistas en los diferentes ámbitos (público, productivo, académico y social), con capacidad para dirigir el futuro del país y de sus sectores con los próximos 25 y 50 años en la mente.
Sin caminos fáciles. Conocedores de que los atajos no existen cuando el deseo es obtener grandes resultados sostenibles en el tiempo, y, a su vez, con un gran sentido de pragmatismo para reconocer que “no hay que reinventar la rueda”, vale la pena revisar las muchas historias de éxito de las cuales podemos aprender, tanto de sus aciertos como de sus yerros, para rescatar aquello que valga la pena, y avanzar más rápido en nuestra ruta hacia el desarrollo y el bienestar para la mayor cantidad de personas.
Países amigos como Corea del Sur nos ofrecen grandes lecciones acerca de cómo con determinación, disciplina, claridad de pensamiento y amplia capacidad de seguimiento y medición es posible dar el salto al desarrollo en un período relativamente corto.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y sus miembros también nos presentan una oportunidad al considerar las políticas públicas que han adoptado los países ganadores en diferentes ámbitos para alcanzar y mantener su desarrollo en beneficio de todos sus habitantes.
En palabras de un buen amigo, urge que dejemos de mirar el árbol y comencemos a enfocarnos en el bosque.
El autor es presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad.