Opinión

Ministerio Público, un pilar de la justicia

Actualizado el 09 de abril de 2013 a las 12:00 am

Independencia e imparcialidad al aplicar la ley

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Ministerio Público, un pilar de la justicia

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En el Estado de derecho del que goza Costa Rica, el Ministerio Público es un pilar fundamental para el mantenimiento de la democracia y la paz social. Frente a tal postulado, debe tenerse claro que la intervención de los tribunales de justicia para resolver los conflictos de los ciudadanos obedece a un mecanismo inherente del sistema republicano costarricense.

Por ello, es posible afirmar que la emisión de un fallo por parte de los jueces se traduce en una garantía civil e institucional que el aparato judicial brinda a los usuarios de cara a sus intereses o pretensiones, esto al margen del contenido específico de las resoluciones.

Así pues, el dictado de una sentencia absolutoria por parte de un tribunal de juicio no significa que el caso concluyó en forma definitiva, puesto que el Código Procesal Penal otorga al Ministerio Público la posibilidad de presentar un recurso de apelación contra esta. Agotada la vía de apelación, la Fiscalía puede interponer recurso de casación ante los magistrados y magistradas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Existen numerosos casos en los que jueces de apelación o los magistrados han dado la razón al Ministerio Público y han revertido una sentencia absolutoria dictada por un tribunal de juicio. Las estadísticas respaldan tal afirmación: la Sala Tercera da la razón a la Fiscalía en seis de cada 10 casos en los que se presentaron recursos de casación contra sentencias absolutorias dictadas por tribunales de juicio, según el último informe de labores presentado por dicho órgano. En las últimas semanas hemos visto casos en los que se ha criticado al Ministerio Público por resoluciones dictadas por algunos tribunales.

El de Carlos Pascall, por ejemplo, condenado a 12 años de prisión por un tribunal, por el delito de legitimación de capitales. Posteriormente, en la etapa de apelación, otro tribunal absolvió al acusado. Lo cierto es que el pronunciamiento definitivo lo tendrá la Sala Tercera, cuando resuelva el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía.

Otro ejemplo es el caso conocido como “ICE-Alcatel”, el cual, posterior a una sentencia condenatoria dictada por un tribunal de juicio, se conoció que el tribunal de apelación dictó una absolutoria. En este caso, el Ministerio Público presentará recurso de casación contra la absolutoria. En otros expedientes, como el del caso “CAJA-Fischel”, en el cual se condenó a seis personas, la Sala Tercera –por mayoría– recalificó los hechos atribuidos a los imputados como un solo delito de peculado, y no dos, como lo acusó la Fiscalía y lo confirmó el tribunal de juicio. Ello provocó que se rebajara la pena de cinco a tres años de prisión.

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En ese sentido, es válido mencionar que la resolución no tiene relación con la nulidad de prueba alguna.

De toda suerte, los casos expuestos demuestran que en materia de justicia no existen criterios absolutos, sino que pueden coexistir interpretaciones jurídicas diversas, condiciones que más allá de ser perjudiciales, enriquecen el modelo democrático.

Precisamente, en un proceso penal democrático como el que impera en Costa Rica, debe tenerse presente que la admisibilidad de las acusaciones y la validación de la prueba que las sustentan son sometidas a control por parte de un juez de la República, mediante una audiencia oral y privada, en la cual participan la defensa y el Ministerio Público.

Lo anterior significa que los jueces penales, una vez revisada la legalidad y el fundamento de la acusación presentada por el Ministerio Público, aprueban la solicitud de la Fiscalía y permiten que el asunto sea sometido a un juicio oral y público, en el cual se determinará la responsabilidad del imputado, como sucedió en los casos conocidos como “Pascall”, “ICE-Alcatel” y “Caja-Fischel”.

Si del estudio correspondiente los juzgadores determinan la falta de algún requisito legal en la acusación, sus potestades les permiten rechazar la solicitud de apertura de juicio realizada por la Fiscalía.

Esas diferencias de criterios entre fiscales y jueces, o entre jueces de juicio y jueces de apelación o de casación, son discrepancias legítimas y responden al diseño constitucional y legal de la justicia costarricense, y, por ello, lejos de ser una falla, es signo de independencia, imparcialidad e igualdad en la aplicación de la ley.

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