El último informe mundial de Human Rights Watch (HRW) del 2012 es similar a una ojeada rutinaria de las noticias diarias, terrorismo, Gobiernos autoritarios que violan derechos elementales y demás. Esto como una evidencia del carácter crítico de las situaciones que aquejan cada día más al globo en las que la violencia y todas sus consecuencias negativas son acontecimientos del diario vivir de todos nosotros.
Asimismo, estas situaciones tienen una negativa influencia directa en los grupos más vulnerables de la sociedad contemporánea. Y es que una de las poblaciones más afectadas y a la vez de las más invisibilizadas detrás de estos hechos de máxima envergadura es la población migrante.
El informe en cuestión expone al terrorismo como una de las batallas más crueles y que más víctimas cobró en el año que recién dejamos; los grupos armados al margen de la ley han implicado un reordenamiento de las normativas y las acciones para acabar con un flagelo de por sí muy difícil de extinguir.
Mas surge una paradoja por cuanto el endurecimiento de las leyes derivadas de esta lucha ha implicado la formulación de políticas altamente abusivas de los grupos inmigrantes que son comúnmente criminalizados y, con ello, sus derechos básicos se ven coartados; la defensa de derechos de unos en detrimento de los derechos de otros.
A la vez que lo anterior, es preocupante el auge de partidos extremistas –sobre todo en Europa– cuyos argumentos tienden a culpar explícitamente a los inmigrantes de todas las falencias del sistema sin el mayor reparo con el fin de ganar adeptos – frágiles y cansados de la sempiterna crisis mundial y local– con base en auges de falsos nacionalismos y posiciones de intolerancia que solamente atizan un grave problema y que precisamente son material potencial para actos terroristas en contra de esa y otras minorías; el círculo vicioso de la irresponsabilidad.
La lucha contra el terrorismo no puede justificar el veto a los derechos de los inmigrantes y convertirlo, con base en la modificación de las leyes, en terrorismo de Estado. La lucha contra este y otros flagelos está llevando a que la ley no sea aplicada en igualdad de condiciones y convierten a los inmigrantes en un chivo expiatorio.
Hoy más que nunca la democracia debe prevalecer frente a los hechos censurables. Los Gobiernos tienen la obligación de enfrentar las raíces de los problemas sociales, pero no debe ser ninguna justificación ejecutar estas acciones con base en el menoscabo y abuso de los inmigrantes.
Esto no debe confundirse con suavización de normativas, simplemente con el respeto a los derechos que como seres humanos todos poseemos.