Opinión

Mejorar las cárceles juveniles, una prioridad para el nuevo Gobierno

Actualizado el 16 de mayo de 2014 a las 12:00 am

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Mejorar las cárceles juveniles, una prioridad para el nuevo Gobierno

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La situación carcelaria en nuestro país es realmente crítica. Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, el tribunal protector de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, calificó la situación que viven las cárceles como algo “vergonzoso” ( La Nación , 4 de marzo del 2014, pág. 12A). Tiene toda la razón el señor magistrado, y, además de vergonzoso, es algo que debería ser preocupante y tarea prioritaria para el nuevo Gobierno.

Costa Rica no se merece esta situación carcelaria. Tampoco merece que los Estados Unidos le llame la atención sobre violaciones de derechos humanos en su último informe del Departamento de Estado, ya que ese país tiene grandes sombras en la defensa de esos derechos, pues se practica la tortura, se aplica la pena de muerte, incluso a los menores de edad hasta hace muy poco tiempo, y con 2.500 menores sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Además, no han firmado importantes convenios internacionales de consenso universal y protectores de los derechos humanos como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Pero, independientemente de la opinión del Departamento de Estado, ya diferentes instituciones nacionales, como la Defensoría de los Habitantes y la Defensa Pública, han denunciado reiteradamente las pésimas condiciones de nuestras cárceles. El nuevo Gobierno debe abocarse a dar respuesta a la situación carcelaria, acorde a nuestra tradición jurídica de respeto a la dignidad humana, en el marco del Estado democrático y social de derecho.

Sanciones penales. Las sanciones penales, tanto para los adultos como para las personas menores de edad, se imponen con una finalidad: para lograr un objetivo determinado, y son un medio, no un fin en sí mismas. Por eso abolimos, hace más de 100 años, la pena de muerte. Si las penas no están cumpliendo esta finalidad, resultan contrarias a la Constitución y carecen de absoluta validez. La finalidad que, por ley, deben cumplir las penas para adultos es la rehabilitación del condenado (Art. 51 del Código Penal), mientras que, para los menores de edad, el objetivo de la sanción es primordialmente educativo, a fin de lograr su reinserción familiar y social (Art. 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil).

Claramente, estos objetivos, o fines legales, no se pueden cumplir en cárceles como las que se tienen actualmente, caracterizadas por sus deficiencias estructurales, sobrepoblación, hacinamiento, falta de acceso al agua potable y limitaciones de derechos fundamentales como la salud, educación, información, trabajo y recreación. Ante este triste panorama, ¿qué se puede hacer?

Cuando se tienen tantos problemas y se cuenta con pocos recursos y tiempo limitado, lo aconsejable es establecer prioridades, señalando y fijando acciones que puedan ser realizadas en un plazo razonable. Esta es, precisamente, la tarea del nuevo Gobierno, especialmente de las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia y Paz. Lo recomendable, y acorde al acervo de Naciones Unidas, es establecer como prioridad la atención de las poblaciones especialmente vulnerables, como, por ejemplo, las personas menores de edad privadas de libertad. Entre una población adulta y una población menor de edad debe escogerse esta última como una prioridad del Estado.

Una vez escogida la población penal juvenil, deberían fijarse respuestas inmediatas que mejoren las condiciones actuales de su situación carcelaria. Esto se podría lograr a través de una intervención directa e inmediata del nuevo Ministerio de Justicia en las dos cárceles que cuentan con población penal juvenil: el Centro de Formación Zurquí y el Centro Adulto Joven, incluyendo a las mujeres que se encuentran en el Buen Pastor. Para que esta intervención sea efectiva, deberían nombrarse jerarcas interinos que evalúen la labor no solo de los centros, sino también de los funcionarios propietarios. El objetivo primordial de la intervención sería la elaboración de programas de atención y reinserción social que promuevan una desinstitucionalización progresiva en un plazo razonable de, por ejemplo, un año, con el fin de garantizar, así, el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad y cumplir la finalidad primordialmente educativa de las sanciones.

Medidas urgentes. Algunas medidas urgentes e inmediatas se deberían dar en la siguiente dirección: 1. Separación física e institucional de la población menor de edad privada de libertad de la población adulta joven, mayor de 18 años. No resulta conveniente, ni legalmente permitido, que en un mismo centro se albergue a población menor de edad con población mayor de edad, como sucede actualmente en el Centro de Formación Zurquí. 2. Separación física e institucional de la población privada de libertad indiciada (en detención provisional) de la población sentenciada, lo cual es un principio básico de respeto de los derechos humanos. 3. Inicio de un proceso de desinstitucionalización urgente, de tal forma que solo en casos graves, y por delitos violentos, los menores de edad permanezcan privados de libertad. 4. Modificación de cualquier sanción privativa de libertad igual o menor de 3 años por una sanción no privativa de libertad, como la libertad vigilada o el servicio a favor de la comunidad. 5. Cumplimiento efectivo del principio educativo durante la ejecución de las sanciones privativas de libertad para los menores de edad. Garantizar el derecho a la educación de los menores de edad, el cual no termina o desaparece por cumplir una sanción penal juvenil.

Probablemente es necesario reformar y repensar algunas ideas, acciones y enfoques referentes a la privación de la libertad de las personas menores de edad en nuestro país. Sin embargo, vistas las pésimas condiciones actuales de las cárceles, debemos iniciar con lo más urgente y primordial.

Un nuevo Gobierno siempre debe ser visto como una nueva oportunidad y una nueva esperanza para mejorar. ¿Por qué no empezar, entonces, con las cárceles juveniles?

Ese debe ser el primer desafío del nuevo Gobierno en materia carcelaria. Gobernar es también establecer prioridades.

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