Opinión

Mejora y controversia

Actualizado el 08 de julio de 2013 a las 12:02 am

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Por fin, después de muchos años de espera, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaboró un nuevo reglamento de trabajos finales de graduación, que comprende tanto a estudiantes de grado (licenciatura) como de posgrado (especialidad, maestría y doctorado), el cual sustituye las disposiciones anteriores en esta materia, inicialmente aprobadas en 1978 y 1980.

El nuevo reglamento, puesto a consulta de la comunidad universitaria, constituye una mejora significativa, ya que define mucho mejor las responsabilidades de las unidades académicas, de los directores y los asesores de tesis, y de los estudiantes en la elaboración de los trabajos finales de graduación.

Asimismo, corrige los vacíos principales de las disposiciones todavía vigentes y aclara los procedimientos básicos a seguir en el caso de situaciones que, hasta ahora, se han resuelto de manera desigual.

También refuerza los aspectos éticos de los trabajos finales de graduación y tipifica adecuadamente las faltas vinculadas con el plagio, el fraude, la simulación de datos y otras similares.

Omisiones. Pese a los importantes avances del nuevo reglamento, hay dos omisiones que ameritan destaque. La primera consiste en que el Consejo, al dejar en manos del Sistema de Bibliotecas, Información y Documentación (Sibdi) de la UCR lo referente al acceso a los trabajos finales de graduación, desaprovechó la oportunidad para establecer, de manera clara y precisa, que tales trabajos podrán ser consultados gratuitamente por medio de Internet.

Sería oportuno que, en la versión corregida, el Consejo considere este importante punto e incluya, además, un transitorio para responsabilizar al Sibdi de la tarea de digitalizar la valiosa colección histórica de trabajos finales de graduación que posee la UCR, con el doble objetivo de preservarlos y de facilitar su consulta en línea.

La segunda omisión se refiere a que el Consejo no precisó el tipo de relaciones que establecerán las Comisiones de Posgrado y las Comisiones de Trabajos Finales de Graduación con el Comité Ético-Científico (CEC). Al respecto, solo acordó que las decisiones de tales comisiones deberán, cuando corresponda, ser previamente consultadas al CEC.

De esta forma, se establece una dependencia de las comisiones en relación con el CEC que permanece sin definición ni regulación, omisión peligrosa dada la posición de poder alcanzada por el CEC en la UCR, tema al que me referí en un artículo anterior ( La Nación , 28/5/2013). Esta situación podría conducir a que los procesos de aprobación de los proyectos presentados por los estudiantes se alarguen innecesariamente.

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Disposiciones controversiales. Dos son también las principales disposiciones controversiales contenidas en el reglamento. En primer término, se establece que los resultados de algunos de trabajos finales de graduación pueden ser, de manera temporal o permanente, de carácter confidencial. Además, los miembros de los tribunales examinadores, en tales casos, estarían obligados a firmar un compromiso de confidencialidad específico; y en la defensa pública de esos trabajos, los contenidos confidenciales no se expondrían.

Sería importante que el Consejo revisara detenidamente este punto, dado que la confidencialidad se justificaría, únicamente, para defender el anonimato de las fuentes, de manera similar a como ocurre en el caso de los periodistas. Extender la confidencialidad a otras situaciones podría ir contra los intereses públicos y dañar severamente la imagen de la UCR.

En segundo término, el nuevo reglamento abre la posibilidad de que los directores de tesis y otros miembros de los tribunales examinadores, así como la propia UCR, adquieran derechos patrimoniales sobre los trabajos finales de graduación. Convendría que las diversas asociaciones estudiantiles y, especialmente, la Federación de Estudiantes (FEUCR), se tomen el tiempo necesario para analizar a fondo las implicaciones de estas disposiciones para sus asociados.

Cabe destacar que el reglamento no detalla (o no lo hace suficientemente) las situaciones que ameritarían la confidencialidad o en las cuales los estudiantes compartirían, cederían o perderían los derechos patrimoniales sobre sus trabajos finales de graduación.

Puesto que el nuevo reglamento está ya en consulta, corresponde ahora a la comunidad universitaria la responsabilidad de pronunciarse sobre sus contenidos para reforzar los aportes, corregir las omisiones y resolver los aspectos más controversiales. Cumplir con esta obligación es fundamental, dada la importancia que tienen los trabajos de graduación presentados en la UCR para la producción científica, académica y artística del país.

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