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Actualizado el 25 de abril de 2016 a las 12:00 am

Está claro que lo más sano es que el regulador acepte su conflicto de intereses y renuncie

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El acuerdo entre diputados de la fracción oficialista para ausentarse de una sesión del Plenario permitió la ratificación automática del regulador general de la República.

La ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establece que el Consejo de Gobierno designa al regulador general y el Poder Legislativo aprueba en un plazo de treinta días su nombramiento.

Si en ese lapso no se produce objeción, se tiene por ratificado tácitamente. La norma, en abstracto, no evidencia sus graves efectos una vez que se hace valer.

En el derecho comparado, son intereses personales –en este caso del regulador– los “de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento” (Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, Ley 3/2015, del 30 de marzo, España).

Localmente, el Código de Ética del profesional en Derecho establece que cuando un abogado haya cesado labores en la judicatura o en alguna institución pública estatal o no estatal, no deberá tomar parte en asuntos que haya conocido en su carácter de funcionario. Durante el plazo de un año no podrá patrocinar asuntos que deben ser resueltos en la oficina u órgano donde laboró (artículo 62).

Claro está, estas normas no son aplicables al caso concreto. Sin embargo, dejan en evidencia que el hoy regulador general incurre en conflicto de intereses por ocupar el cargo de director de Planeamiento Ambiental en el Centro Nacional de Planificación Eléctrica del ICE al ser nombrado. Aun cuando tuviera un permiso sin goce de salario o haya renunciado, el aludido conflicto de intereses no desaparece, pues, en ejercicio del cargo, deberá tomar decisiones que afectarán o beneficiarán sus intereses personales, esto es, los del ente donde laboró.

Principios del Estado regulador. Sin afectar el buen nombre de la persona involucrada, es necesario tener presentes varios postulados básicos. Uno de ellos es el principio de separación de actividades entre operador y regulador, que procura la más absoluta e incuestionable independencia del último con respecto a los regulados y al Gobierno.

Conforme al principio, no es del todo admisible que existan vínculos que afecten la objetividad e imparcialidad del órgano regulador, a lo cual se agrega su necesaria legitimidad democrática y elevado carácter técnico.

Mal precedente. La norma de la ley de la Aresep, sin embargo, facilitó que un grupo de diputados evitara la sana discusión democrática –generadora de legitimidad– y se quebrantara el referido principio.

Como si esa institución no tuviera ya suficientes problemas pendientes de resolver, lamentablemente, se ha encontrado en esa norma legal una oportunidad para que, mediante una decisión cortoplacista, amparada en una maniobra partidista, se deje de lado el deber de garantizar credibilidad y legitimidad a un órgano de regulación de gran influencia en la economía costarricense.

Salidas. Está claro que lo más sano es que el regulador acepte su conflicto de intereses, su carencia de legitimidad democrática y renuncie.

De lo contrario, se impone la urgente reforma legal, de modo que el regulador sea designado por el Poder Ejecutivo y que la Asamblea Legislativa lo ratifique, de forma expresa, con el voto de no menos de 38 diputados.

Claro está, quizá la mejor opción, aunque menos viable políticamente, es convertir a la Aresep en un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuyo titular sería designado de la misma forma que lo es actualmente el de la Contraloría General de la República o el de la Defensoría de los Habitantes.

La autora es abogada.

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