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Mala praxis legislativa

Actualizado el 21 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

¿Cómo pudieronser tan eficientespara sertan torpes?

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La crisis institucional provocada por la decisión de 38 diputados, pertenecientes a distintos partidos políticos, de no reelegir al magistrado Fernando Cruz, es un caso claro de mala praxis legislativa en su grado máximo: primero, porque la votación para remover a Cruz se realizó con total ausencia de razones de fondo que justificaran esa remoción; y segundo, por el desinterés de los diputados acerca del costo que un acto como el descrito tendría en términos de provocar un conflicto con el Poder Judicial y de dañar la imagen internacional de Costa Rica.

Al considerar lo ocurrido, lo que más llama la atención es la capacidad de esos 38 diputados para, por encima de las diferencias partidarias y en un breve periodo de tiempo, ponerse de acuerdo para efectuar un acto que, independientemente de si es o no es declarado inconstitucional, profundizará la grave crisis política que ya experimenta el país; deteriorará todavía más la credibilidad de la Asamblea Legislativa, e inscribirá a Costa Rica en la lista de países que ya recorren el camino abierto por la Venezuela de Hugo Chávez.

Eficiencia y torpeza. ¿Cómo pudieron ser tan eficientes para ser tan torpes y provocar tanto daño? Una primera respuesta a esa pregunta es que ni esos 38 diputados ni su pequeño ejército de asesores se tomaron el tiempo necesario para informarse acerca de si había motivos de fondo para no reelegir a Cruz.

En otras palabras, en vez de hacer aquello para lo que supuestamente se les paga, es decir, informarse, pensar, tomar decisiones de manera responsable y dar explicaciones fundamentadas y coherentes, dejaron de lado todas estas consideraciones para votar según una línea cuyo origen precisa ser investigado e identificado. Se olvidaron de que son representantes de la sociedad costarricense y procedieron sin importarles el costo que su decisión podría tener para la estabilidad política y la institucionalidad del país.

Excepto las protestas del caso, no existe ninguna forma en que la ciudadanía pueda sancionar a esos 38 diputados por lo que hicieron, a menos que los ciudadanos decidan sancionar a los partidos a que pertenecen tales legisladores, y opten por no volver a votar por esas organizaciones políticas.

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De hecho, y dada la forma en que son elegidos, es muy probable que una proporción significativa de esos 38 diputados vuelva a la función pública a partir del 2014 (si el Partido Liberación Nacional gana las elecciones de ese año) e incluso retorne a la Asamblea Legislativa en el 2018.

Judicialización de la política. Más allá de los intereses que con tanta eficiencia se articularon por encima de las divisiones partidistas para remover al magistrado Cruz, es claro que lo sucedido es parte de un proceso más amplio, que se ha desarrollado en distintos países: la judicialización de la política.

En el caso de Costa Rica, como lo muestran los estudios del politólogo Bruce Wilson, con la creación de la Sala Constitucional (1989), el Poder Judicial pasó a jugar un papel fundamental en la vida política del país. Dotada con muy amplios poderes –de acuerdo con algunos investigadores, es una de las salas constitucionales con mayor poder en el mundo–, la Sala ha tendido a reforzar los derechos individuales y a limitar el margen de maniobra del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de otras instituciones públicas.

Al convertirse en un actor cada vez más importante en la escena política, la Sala perdió una oportunidad extraordinaria de definir los límites de sus propias facultades, al tomar la decisión de pronunciarse a favor de la reelección presidencial.

Con esto, consolidó su posición como actor político fundamental y contribuyó a establecer las condiciones para que se presentaran situaciones como la votación en contra del magistrado Cruz.

En vez de plantearse la reforma de la Sala, con el fin de redefinir los ámbitos de su competencia, diputados y partidos políticos parecen haber optado por una estrategia diferente, cual es tratar de integrar la Sala con magistrados afines con los intereses que defienden o representan determinadas dirigencias políticas. La capacidad de tales dirigencias para ponerse de acuerdo con respecto a qué magistrados quieren que no integren la Sala quedó demostrada con el caso de Cruz.

Reforma. Reformar la Sala Constitucional, en un sentido que contribuya al desarrollo institucional del país, no es ciertamente una tarea fácil, ya que, por un lado, es preciso preservar la capacidad de la Sala para defender los derechos constitucionales; y, por otro, es necesario evitar que el ejercicio de esa capacidad se convierta en un freno sistemático para el cambio institucional.

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Más difícil aún es encontrar los instrumentos adecuados para detener –y, de ser posible, revertir– el proceso mediante el cual la Sala se ha convertido en un actor político fundamental.

No obstante, para que la reforma de la Sala Constitucional sea posible, el paso indispensable es evitar que prevalezca la estrategia de integrar la Sala con magistrados que procedan en la toma de decisiones como lo hicieron los 38 diputados que votaron para remover a Cruz.

Si la estrategia referida prevalece, no solo la independencia del Poder Judicial se vería profundamente afectada, sino que la ciudadanía quedaría con recursos institucionales disminuidos para enfrentar las decisiones de una Sala Constitucional superpoderosa, instrumentalizada por dirigencias políticas dispuestas a impulsar un tipo de chavismo no populista.

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