El tema de la siembra de un proyecto de reproducción de semilla de maíz genéticamente modificado (transgénico) ha sido “manoseado” y atacado desde diferentes trincheras. Hemos visto desde la más absurda fábula de maíces extraterrestres, hasta cuestionamientos serios y bien intencionados.
Esta avalancha de información es confusa y poco comprensible para la mayoría de la gente. Primero, aclaremos que estos proyectos no son extraños ni perversos y desde hace años se realizan en Costa Rica, tanto para semillas convencionales como para genéticamente modificadas (GM). En el caso de variedades GM se manejan bajo la regulación establecida en la Ley de Protección Fitosanitaria.
Segundo, la ingeniería genética es una herramienta biotecnológica de apoyo al mejoramiento genético convencional. Su empleo es de mucha utilidad en el desarrollo de variedades con características importantes para la producción agrícola actual y futura (tolerancia a plagas, productividad, valor nutricional, adaptación al cambio climático, etc.).
Tercero, el riesgo de contaminación de variedades criollas con polen transgénico es el mismo que tiene el maíz GM de recibir polen “criollo”. Siendo así, la empresa semillera es la más interesada en evitar tal contaminación ya que el proyecto consiste en una reproducción de semilla y cualquier siembra cercana de maíz criollo u otro tipo de maíz se constituye en una fuente de contaminación.
El otro riesgo mencionado es la afectación de siembras que están en producción orgánica. Al respecto debe estar claro que la autorización del proyecto se hará con el respeto de la legislación nacional vigente para la producción orgánica.
En cuanto a los maíces criollos, debemos aclarar que estas variedades responden a ciertos sistemas de producción agrícola de subsistencia, orgánica, y principalmente del pequeño agricultor; pero la gran mayoría de la producción nacional de maíz utiliza variedades mejoradas de mayor rendimiento y otras características propias de sistemas más tecnificados (sea de polinización libre o de híbridos).
El área nacional de siembra de maíz blanco es de 8.900 has. De ese total, un 93% es sembrado con semilla de variedades mejoradas (importada y nacional). El resto, solo 7%, se sembraría con semilla conservada por el agricultor, incluyendo variedades criollas.
No se trata de demeritar la importancia de las variedades criollas, que son recursos genéticos muy importantes como fuente de genes para programas de mejora genética o para uso directo. Pero este tema se presta también para discursos “populistas” y el productor nacional necesita acciones reales, dirigidas al rescate, conservación y uso de las variedades, ya sean criollas o desarrolladas para las condiciones locales del agricultor y que estén complementadas con programas de semillas de calidad.
En este sentido, existe un interés expreso del MAG en materia de conservación y uso de los recursos fitogenéticos. Tanto es así, que está incluido en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 2010-2021 y varios proyectos y programas, como el de Fitomejoramiento Participativo y Semillas para el Desarrollo, que están relacionados con el rescate y mejoramiento de variedades con la participación de agricultores y el fomento de la producción de semillas de calidad. Por su parte, la Oficina Nacional de Semillas, a través de la Comisión de Recursos Fitogenéticos prevé acciones dirigidas al mejoramiento de la conservación in situ de variedades criollas.
Descartemos el mito de que las variedades transgénicas “per se” son nocivas al ambiente y al ser humano. Son opciones para atender muchos de los problemas o necesidades presentes o futuras del sector agrícola y de los retos de la alimentación mundial. También son variedades que por sus características pueden conllevar riesgos que habrá que valorar en cada caso y en función de esto determinar las medidas de mitigación o, si procede, descartar su uso.
El proyecto en cuestión, por su magnitud, condiciones y objetivos, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad consideró de un riesgo aceptable (nunca habrá riesgo cero en ninguna actividad humana) por lo que se dictaminó favorablemente. Este tipo de experiencias nos permiten “ejercitar” el sistema de bioseguridad del país con la posibilidad de detectar oportunidades de mejorar el sistema y prepararnos para cuando tengamos realmente que tomar decisiones sobre el uso comercial de esta tecnología.
Walter Quirós Ortega. Ingeniero agrónomo, Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos