Opinión

Magistrado Rolando Vega denuncia falsedades

Actualizado el 22 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Magistrado Rolando Vega denuncia falsedades

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Respecto a la nota publicada por La Nación el pasado 17 de octubre, intitulada “Magistrado denuncia venta de comida y rifa de licor en Tribunal”, deseamos manifestar lo siguiente:

La aseveración del magistrado Rolando Vega Robert nos deja perplejos, pues nos imputa hechos falsos, ofende nuestra dignidad y se trata de una acusación calumniosa que nos obliga a acudir a la vía legal correspondiente. Estamos totalmente de acuerdo en que los órganos competentes investiguen el hecho calumnioso que ha sido divulgado en este medio de comunicación.

Es absolutamente falso que no rindamos en el trabajo, y lo único cierto es que la empleada denunciada fue la única que empezó a vender licores y otros artículos, ingresados al territorio nacional en forma clandestina desde la frontera con Panamá (Paso Canoas). Actividades ilícitas que, al ser descubiertas, obligaron a proceder de inmediato a llamarle la atención y a convocar al Colegio de Jueces, que tomó la decisión unánime de no nombrarla en la plaza que estaba vacante.

No es cierto que dicha conducta haya sido consentida por el juez coordinador, pues, en el momento en que se dio cuenta de lo que sucedía, adoptó las acciones correspondientes y, entre otras medidas, informó a la seguridad de Goicoechea para que se impidiera el ingreso de esas mercancías y, de esa forma, se obstaculizara la actividad ilícita. No indica el magistrado cuándo y cómo se enteró de las supuestas ventas, distintas del licor, a que alude el periódico, y por qué no lo había denunciado oportunamente a la Corte y al Colegio de Jueces, a fin de tomar las medidas correctivas pertinentes, si estaba tan bien enterado.

En este punto, el magistrado obtiene una conclusión subjetiva, sesgada y falsa, pues, cuando el coordinador descubrió la irregularidad, se puso de inmediato en conocimiento del Consejo de Jueces y se acordó no nombrar a la empleada, situación que no ha podido incidir en la productividad de los administradores de justicia. Téngase presente que la empleada vendedora trabaja en el cuarto piso y los jueces, en el sexto y séptimo pisos.

No es cierto tampoco que haya existido un “boicot”, como atribuye el magistrado, al proceso de acreditación. Esa desvinculación se dio por un acuerdo de la Corte Plena, que no es resorte del Tribunal, que se limita a respetar lo resuelto por ese órgano. Las razones que se tomaron para resolver ese tema se expresaron en su oportunidad.

No corresponde a este Colegio de Jueces determinar o medir el gasto económico que realiza el Poder Judicial, como tampoco nos corresponde indagar lo que se ha gastado en el Programa de Gestión de Calidad (GICA), y la efectividad y conveniencia de esa millonaria erogación, tomando en consideración los Despachos que se han acreditado y desacreditado.

FIRMANTES: Ana Luisa Meseguer Monge, Eugenie Salas Chavarría, Ana Ruth Fallas Gómez, Ingrid Gregory Wang, Bettzabé Gutiérrez Berrocal, Leila Shadid Gamboa, Lorena Esquivel Agüero y Óscar Ugalde Miranda.

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