EscucharPrimero quiero expresarles mi respeto a todos (as) y cada uno (a) de ustedes. Desde la distancia observo a la mayoría poniendo alma, vida y corazón para que Costa Rica retome la ruta de la prosperidad compartida y sostenible. Esto llena de satisfacción a cualquier costarricense, pero especialmente a quienes hemos dado todo para renovar la calidad de la política y la administración pública.
Como ustedes saben, indemne, el Presupuesto solicitado por el gobierno, será el que establecerá los límites del gasto de cada una de las instituciones que dirigen en el 2015. Pero también saben que en numerosos rubros la ley de presupuesto es una simple autorización y jamás una obligación de gasto. Por ello, mientras hacen todo lo posible para ejecutar los gastos dirigidos a inversión y a combatir la pobreza y la desigualdad, ustedes pueden optar por no ejecutar o por subejecutar algunos rubros.
El Presupuesto 2015 destina partidas astronómicas hacia actividades que en nada o muy poco contribuyen al desarrollo del país; lo cual es siempre preocupante, pero especialmente ante la gravedad de la situación fiscal. Se trata de partidas que no fortalecen nuestra visión del estado social de derecho, ni el importante papel que le asignamos al Sector Público, sino que más bien denigran y debilitan esa visión y ese papel. Por lo demás, la historia, incluyendo la nuestra, está llena de casos en los que la indisciplina fiscal antecedió a estocadas profundas al desarrollo inclusivo.
Es posible ahorrar
Lejos de la rigurosa austeridad que anunciamos desde nuestra fundación, la inercia, tanto en cuanto a su crecimiento como en su estructura -quizá comprensible ante el poco tiempo de que dispusieron las autoridades del Ministerio de Hacienda para elaborar un presupuesto PAC- es notoria. Poco puede hacerse, en vista de la autonomía de que gozan, para limitar el abusivo, irreal e irresponsable presupuesto solicitado, por ejemplo, por las Universidades y el Poder Judicial. Pero en el caso de los ministerios sí es factible que ustedes ejerzan acciones drásticas de contención del gasto.
Ciertamente, el presupuesto de algunos ministerios como el del MEIC, llegaron a la Asamblea Legislativa con incrementos marginales y aun reducciones en varias partidas, a pesar de la importancia que tiene para el país. Pero en otros casos existen enormes oportunidades de mejora que ustedes pueden materializar sin mayor problema.
El Presupuesto aprobado autoriza a gastar casi ¢50.000 millones en alquileres, ¢40.000 millones en consultorías, ¢2.300 millones en viajes al exterior, ¢15.000 millones en viajes dentro del país, ¢4.100 millones en protocolo y capacitación, ¢42.000 millones en reconocimientos por buen desempeño, ¢11.300 millones en horas extra, ¢29.000 millones en suplencias, ¢60.000 millones en dedicación exclusiva, etc. Por otra parte el Presupuesto contiene transferencias multimillonarias a algunas instituciones y algunos programas que nadie evalúa y cuyos gastos administrativos absorben buena parte de los recursos. No todos los recursos destinados a las partidas mencionadas deben eliminarse, pero existe un enorme espacio para recortar y subejecutar.
Se trata no solo de economizar recursos sino de mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público. Una actitud agresiva de parte de ustedes contra ese pasado despilfarrador, les permitiría tener la autoridad moral para ordenar que también se soquen faja, a los entes autónomos y a las empresas del Estado, sobre las cuales algunos de ustedes ejercen rectoría. Sólo imaginen lo que yace escondido en los presupuestos del sector público, cuando existen salarios anuales de más de $400.000 los cuales son defendidos por la política tradicional sin ni siquiera ruborizarse.
Despilfarro
A lo largo de mi vida pública y partidaria he escuchado a personas criticar como despilfarro algunos gastos cuando los realizan otros, pero, llegada la hora, cuando se trata de ellos mismos, defienden gastos idénticos como imprescindibles. Sin embargo, también he visto ministros, candidatos y diputados, gastando porcentajes ínfimos de lo que gastan otros, en asesores, propaganda, comidas, etc. y no obstante llevando a cabo una buena tarea. Les aseguro que solo es necesario una breve revisión del presupuesto de las instituciones que dirigen, para encontrar lo vacuo de la alarmista equiparación de recortes en el gasto con su cierre técnico.
Con el debido respeto, muchos de ustedes han vivido en las Universidades o siempre han trabajado en el Sector Público y nunca se les ha inducido ni se han educado para preocuparse por el costo de los servicios y obras que realiza el Estado. Por lo general, en ciertos ámbitos en nuestro país cuando faltan recursos, simplemente se hace una huelga para pedir más sin que nadie se vea obligado a bajar costos. Hablen con una familia pobre, con un pequeño o mediano empresario o con un campesino y comprenderán lo que cuesta para mucha gente simplemente sobrevivir o mantener una empresa. Ello les ayudará a percatarse del desperdicio que significa gastar, por ejemplo, ¢20 millones en una consultoría cuyos resultados solo se utilizan para dar una conferencia de prensa, o ¢1.5 millones en un viaje que se pudo evitar con una llamada telefónica, el pago de una dedicación exclusiva que solo beneficia al empleado o el pago de ¢1 millón mensuales a un asesor en comunicación que solo ayuda a la imagen del jerarca y en nada al país.
La suma de estos desperdicios y abusos alcanza centenares de miles de millones de colones. Fueron agregándose al gasto público en las últimas décadas sin mucho estudio, ni análisis, sino simplemente porque los jerarcas se sintieron cómodos presupuestando sin control, sin ética y sin sensibilidad a las necesidades de nuestro pueblo. Deben eliminarse del mismo modo: sin mucho estudio ni análisis, sino simplemente porque una nueva generación de jerarcas con una ética renovadora, se sienten incómodos con esos presupuestos y son sensibles a las necesidades de la gente.
La revolución que ofreció el PAC y la que se espera de nosotros, se construye a partir de una ética rigurosa, donde la eficiencia en la gestión y la austeridad en todo lo que sea innecesario, es un imperativo. Si no acometemos esa tarea con brío, pronto el pueblo comenzará a preguntarse por la verdad de nuestras promesas y concluirá que otorgamos un significado enclenque a la palabra cambio.
Petición
Por otra parte quisiera, respetuosamente, solicitarles que voluntariamente ejecuten una serie de Normas Presupuestarias que estaban contempladas en el Dictamen de Mayoría. Esas normas buscaban obligar a los jerarcas de cada institución, a brevemente justificar la racionalidad y la necesidad de cada viaje de sus subalternos, cada alquiler, cada actividad protocolaria, cada gasto en equipo, cada remodelación de oficinas, cada consultoría, cada gasto en horas extra, cada otorgamiento de dedicación exclusiva, cada reconocimiento por desempeño, etc. y enviar esa justificación a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. En el caso de viajes y otros gastos incurridos por los jerarcas, otras Normas obligaban a que el Presidente enviara una breve justificación a la misma Comisión.
El objetivo de esas Normas era, en primer lugar, responsabilizar a los jerarcas políticos de las erogaciones en potenciales abusos y desperdicios y así eliminar la costumbre de que cuando se trata de inauguraciones los jerarcas cortan la cinta y buscan aplausos, pero cuando se trata de corruptelas, excesos y abusos se culpa a los subalternos.
En segundo lugar, las Normas buscaban hacer difícil -por medio de los informes que señalé arriba- gastar en ese tipo de rubros donde se concentran los desperdicios, abusos y corrupciones. En Costa Rica es muy fácil gastar en, por ejemplo, consultorías o viajes, pero cuando se trata de carreteras, represas u otras obras públicas, se tiene que pasar por un calvario interminable de trámites y papeleo. O sea, es difícil gastar en lo bueno y fácil gastar en lo malo. Las normas que estaban incluidas en el Dictamen de Mayoría buscaban dificultar el gasto en lo potencialmente malo.
Ruta con amenazas
Ministras y Ministros, la ruta fiscal escogida por el Gobierno está llena de amenazas. Posponer impuestos para hasta dentro de dos años y al mismo tiempo en el primer año diseñar un presupuesto con incrementos en el gasto que duplican sobradamente la inflación, sería comprensible en tiempos de superávit fiscal. Pero en esa materia –y en la magnitud de la deuda pública– estamos rozando límites peligrosos. De hecho exhibimos el déficit fiscal más elevado de América Latina, a excepción de Venezuela. La fuerza política para hacer cambios drásticos en materia de gasto y de tributos existe normalmente al inicio de los gobiernos. Espero que la sabiduría del Presidente le permita mantener su popularidad y, por lo tanto, el necesario apoyo de la población para acometer con éxito las acciones comprensivas en esos campos en los años que vienen, pero se trata de una apuesta siempre riesgosa.
Puede ser que el crecimiento económico se acelere a tasas superiores al 6% anual, en cuyo caso el problema fiscal se arreglaría sin hacer absolutamente nada. Fue lo que ocurrió a partir del 2002. Esta posibilidad no es remota en vista del crecimiento satisfactorio mostrado por la economía norteamericana en los dos últimos cuatrimestres y la elevada probabilidad de que como resultado de cambios en la tecnología y la estructura de la oferta mundial de los combustibles, los precios del petróleo mantengan su tendencia a la baja. Pero estas son también apuestas riesgosas. Mientras tanto es un hecho real y consolidado que el presupuesto aprobado programa un elevado déficit fiscal.
Es por ello que, con el debido respeto, les envío esta carta para implorarles que a conciencia cada uno de ustedes acometa la tarea de hurgar a profundidad en sus presupuestos y procedan a no ejecutar gastos innecesarios, abusivos o improductivos. También, en ese marco de respeto, les ruego que utilicen las herramientas que como jerarcas les otorga el derecho, para inducir a los empleados públicos a trabajar y a rendir más, so pena de castigos -por medio de las anualidades, las dedicaciones exclusivas y las horas extra- a quienes no rindan.
Ministras y Ministros, un respetuoso recordatorio final: cuando una persona alcanza los primeros puestos en el Sector Público –presidente, diputado, ministro, viceministro, presidente ejecutivo, directivo de institución- se le acabaron las excusas y lejos de tener derecho a simplemente seguir culpando a otros, tiene la obligación de corregir.
Alcanzado ese nivel de poder, o da una fuerte lucha, exitosa o no, contra los despilfarros y los abusos, o de por vida perderá el derecho a cuestionar esas prácticas del pasado y del futuro.
