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Listos para recibir fallos de la CIJ por invasión nicaragüense

Actualizado el 09 de diciembre de 2015 a las 12:00 am

La decisión sobre cada petitoria debe ser votada, y Costa Rica acatará el fallo de inmediato

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Listos para recibir fallos de la CIJ por invasión nicaragüense

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El 16 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá, de manera simultánea, las sentencias definitivas en dos de los tres casos entre Costa Rica y Nicaragua.

Se trata del caso conocido como “Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua)”, que nuestro país presentó en noviembre del 2010 para afrontar la ocupación militar y el daño ambiental –incluida la construcción de un caño artificial para modificar la frontera– en el sector norte de la isla Portillos, también conocido como “Calero”, y el caso “Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo de la frontera (Nicaragua c. Costa Rica)”, que Nicaragua inició en diciembre del 2011, alegando que la construcción de la ruta 1856 (ruta fronteriza) ocasionó grave daño ambiental al río San Juan.

Se emitirán dos sentencias a la vez, ambas con gran cantidad de temas (22 en el primer caso y 9, en el segundo) que la CIJ resolverá. Por ello, he considerado oportuno brindar herramientas que permitan a los costarricenses comprender mejor los resultados, una vez sean anunciados por la CIJ.

El caso por la ocupación militar de isla Portillos. El principal asunto que la CIJ debe resolver en este punto es a cuál de los dos países pertenece el “territorio en disputa”, que es una zona de unos 2,6 kilómetros cuadrados entre el caño artificial construido por Nicaragua y la desembocadura del río San Juan, en el mar Caribe.

Costa Rica también pidió a la CIJ que declare que Nicaragua causó daño ambiental en esa zona. Nicaragua no negó la existencia del daño ambiental, solo lo minimizó.

Otro aspecto se refiere al proyecto del dragado del río San Juan. Costa Rica no se opone a que Nicaragua lleve a cabo obras de mejora en el río San Juan. Sin embargo, ha alegado que no se pueden efectuar si causan daño al territorio costarricense, incluido el río Colorado, o bien si afectan los derechos de Costa Rica sobre el río San Juan.

Por ello, Costa Rica pidió a la CIJ, en relación con el dragado que Nicaragua: a) debe hacer un estudio de impacto ambiental transfronterizo que tome en cuenta impactos en Costa Rica; b) dar aviso y por escrito a Costa Rica, con anticipación, del inicio de obras; y c) considerar las observaciones de Costa Rica.

También se incluyó el tema de los derechos de navegación de Costa Rica en el río San Juan, a pesar de lo que la Corte ya había establecido en su sentencia del 2009 en el caso presentado por Costa Rica contra Nicaragua para que se respetaran sus derechos de navegación y conexos en el río San Juan.

Sin embargo, es grave que en la práctica Nicaragua irrespete nuestros derechos. Se documentaron hechos en los que las autoridades nicaragüenses impidieron la navegación de costarricenses en el río sin causa justificada.

De ahí que Costa Rica pidió a la CIJ ordenar a Nicaragua que respete los derechos de navegación, definidos en los instrumentos jurídicos y la sentencia del 2009, y además derogue las disposiciones de un decreto emitido por ese país contrario a esos derechos.

Otro tema se vincula con el cumplimiento de las medidas provisionales emitidas por la CIJ en noviembre del 2013.

Fue en setiembre de ese año que Costa Rica detectó que Nicaragua había incursionado nuevamente en el sector norte de isla Portillos, y excavaba dos nuevos caños artificiales para desviar el curso del río San Juan al mar Caribe, esta vez en un sector más próximo a la desembocadura, y que presentaba condiciones más favorables para consolidarse.

Costa Rica solicitó, y la CIJ concedió, nuevas medidas provisionales, en las que ordenaba a Nicaragua retirarse de inmediato de la zona y autorizaba, nuevamente, a Costa Rica llevar a cabo acciones para evitar daño ambiental irreparable, en coordinación con la Secretaría de la Convención de Ramsar.

Costa Rica preparó un plan al que la Secretaría de Ramsar hizo sugerencias, entre ellas, mediciones de caudales de los ríos San Juan y Colorado.

Dado que Nicaragua rehusó cooperar con nuestro país para cumplir lo sugerido, incluimos una petitoria para que la CIJ ordene a Nicaragua coordinar con Costa Rica acciones conjuntas.

Las petitorias de Costa Rica incluyen, además, que se declare que Nicaragua debe reparar, en forma de compensación, por el daño material causado a Costa Rica, entre otras cosas, por: a) corta de árboles y vegetación y excavación de caños artificiales en la “zona en disputa”; b) los costos de remediación hecha por Costa Rica en relación con esos daños, incluidas las obras de cierre del caño construido en el 2013; y c) las costas procesales de las audiencias orales por las medidas provisionales pedidas por Costa Rica y concedidas.

El caso por la ruta 1856. Nicaragua pidió que se declare que la construcción de la ruta fronteriza afectó la integridad territorial de ese país, causó daño ambiental al río San Juan y violó obligaciones derivadas de instrumentos internacionales sobre protección ambiental.

Se pide ordenar a Costa Rica compensar a Nicaragua por esos daños, incluidos los costos adicionales del dragado derivados de los supuestos daños causados por la ruta fronteriza.

Se alegó que el sedimento derivado de la ruta fronteriza obligaba a Nicaragua a intensificar el dragado en el río San Juan, por lo que Costa Rica debería contribuir proporcionalmente a esos costos.

La intención de Nicaragua de paralizar la construcción de la ruta fronteriza consta en la petitoria de ordenar a Costa Rica cesar sus actividades en la zona y, en lo posible, devolver la situación a su estado anterior, incluidas medidas de mitigación necesarias para evitar daño al río.

También se pide que Costa Rica haga un estudio ambiental transfronterizo antes de cualquier obra en la zona y comunicárselo a Nicaragua para poder reaccionar, y que Costa Rica no puede transportar sustancias peligrosas por la ruta 1856 salvo que garantice cumplir con los más altos estándares de construcción y seguridad del tráfico vehicular en situaciones similares.

Una petición que causó extrañeza es la que Nicaragua hace a la CIJ de declarar que puede dragar el río, pues Costa Rica nunca ha sostenido lo contrario, aunque como se indicó, siempre y cuando se garantice que no se le causará daño a nuestro territorio.

La decisión de la CIJ sobre cada petitoria debe ser votada por los jueces; en algunos casos por unanimidad, en otros, por mayoría simple. Costa Rica, desde luego, acatará los fallos de inmediato. Esperamos que Nicaragua también lo haga luego de cinco años de desencuentros, iniciados a fines del 2010 cuando ocupó militarmente territorio costarricense y quemó nuestra bandera.

Es justo destacar el extraordinario trabajo de nuestro equipo jurídico y de todos los funcionarios que colaboraron en la defensa de los más altos intereses nacionales. Si algo positivo puede extraerse de esta experiencia, ha sido constatar cómo un genuino sentimiento de patriotismo movió a un gran número de personas a apoyar al país en estos tiempos difíciles.

Instituciones como el Minae, el Sinac, el Ministerio de Seguridad Pública, el ICE, el Instituto Geográfico Nacional, el MOPT, el Conavi, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Meteorológico Nacional, entre otros, brindaron apoyos técnicos que fueron cruciales para la defensa jurídica costarricense.

Sus esfuerzos exaltan a Costa Rica como nación, respetuosa del imperio de la ley sobre la fuerza de las armas y, sobre todo, unida y solidaria cuando las circunstancias lo demandan.

El autor es canciller de la República.

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