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Liderazgonecesario: aún no es tarde

Actualizado el 29 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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Liderazgonecesario: aún no es tarde

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He sostenido por décadas, sin éxito por supuesto, cuán indispensable es lograr que todo candidato presidencial muestre un conocimiento fidedigno del modelo-país en la Constitución Política y de las pautas normativas superiores que, según he demostrado hasta la saciedad, ordenan, en esta y en al menos dos leyes sobre dirección y planificación, un ejercicio responsable, transparente y eficaz de la autoridad y liderazgo gubernativos en este país. Por ello, rechazo las tipologías de “liderazgo de corte empresarial” y otras de “mañas” para enfrentar la “resbalosa política”, sin nunca reparar en si se está ante un contexto público o uno empresarial, y si se habla de Europa, Estados Unidos o Costa Rica, sociedades con culturas políticas tan distintas.

Sostengo que legisladores, gobernantes, fiscalizadores, comunicadores, profesionales y analistas que informan, editorializan o escriben sobre desarrollo, gobernabilidad, políticas públicas, reformas del Estado y otras yerbas relacionadas, han persistido en ignorar o soslayar lo que disponen la Constitución y las leyes de manera inconfundible en esas materias o campos, como si gozaran de una prerrogativa o fuero especial. Es una situación que me provoca un descorazonamiento mayúsculo de cara al futuro del país, pues lo único que puede refutar mi eventual “gran equivocación interpretativa”, en cuanto a las bondades prácticas de esa normativa nacional, no es algún articulito de opinión refutándome, sino su aplicación integral… y que el experimento fracase.

Liderazgo gubernativo. Reconocer “a tiempo” esa modalidad de liderazgo gubernativo normada permitiría la escogencia de ministros preparados y competentes, en vez de solo amigos o “fichas”, producto de etéreas alianzas electorales, de aportes financieros, por “imagen”, o de bisoños profesionales o empresarios. Esto posibilitaría que, cuando los elegidos juren el 8 de mayo, el pueblo sepa que esta vez sí sería en serio y que se les podrá exigir de manera informada, directamente o vía legisladores de oposición, que gobiernen, mínimo, según lo dispuesto en el artículo 140 constitucional, en particular los incisos 3 y 8 –si el lector se molesta en leerlo, captará lo portentoso del supuesto–.

Mi preocupación se acrecienta cuando veo la escogencia de candidatos a vicepresidentes sin explicitar si hay entre ellos claridad sobre dicho modelo-país y estas pautas superiores para esa conducción transparente y eficaz que siempre todos, aun sin conocerlas, juran cumplir y, por ello, acaban en la praxis irrespetándolas y actuando no como verdaderos estadistas, sino “a lo que salga” .

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Además de ello, los candidatos harían bien en valorar a su futuro candidato a ministro de Planificación con el mismo rasero de confianza personal y estratégica que se aplica al de la Presidencia. Pero le harían un mayor bien al país si aseguran que esa persona en particular tenga –o adquiera– conocimiento certero de la ley 5525 de 1974 y de las extraordinarias experiencias movilizadoras públicas y civiles que el país tuvo desde 1975-76, lideradas por Ofiplan, al menos durante tres gobiernos sucesivos, en materia de dirección y planificación participativa sectorial y regional.

Mi punto es que el país vería, con un nuevo Gobierno que no llegue a “batear” en este crucial campo, una sensible mejoría inmediata –inclusive, en materia fiscal– que, de paso, se reflejaría en óptimas calificaciones populares. Esa ley 5525 de 1974 y el sistema en ella creado –pero forzosamente articulado con el régimen de dirección en la LGAP de 1978– siguen siendo un instrumento incomparable para sacar a este país adelante, sin improvisaciones. Solo se requiere ejecutarla “a derecho”, cosa que su nuevo reglamento No. 37735-PLAN de mayo de este año no propicia para nada.

Riqueza conceptual. Todo esto pude compartirlo hace algunas semanas en dos charlas en las escuelas de Planificación y de Economía, de la UNA.

Reiteré que, al no reconocerse por quienes están obligados la riqueza conceptual, normativa de conjunto, mas también operativa, para el “excelente gobierno”, la Constitución y esas leyes precisas seguirán siendo vistas por operadores políticos y analistas desinformados –y, por ello, incumplidas, junto con tantas otras excelentes que norman aspectos sustantivos del desarrollo del país en todo campo– como un enredo incomprensible e inmanejable. Ello hará que los electores sigan dependiendo de la publicidad electoral de impacto emotivo o de discusiones asimétricas de problemas nacionales, sin que ningún candidato siente cátedra sobre lo que tiene que ser, y debe ser, el “excelente gobierno” ya previsto en la CP, o sea, más allá de decálogos motivacionales de pacotilla.

Gobernar y administrar “la cosa pública” por olfato, instinto, sentido común, pragmatismo o “las mejores” prácticas empresariales, dando la espalda a la sustentación jurídica, administrativa y política que la ordena en Costa Rica de una manera específica y distinta a como son las cosas en el mundo empresarial privado y en otros países, es lo que nos ha llevado a tantos errores gubernativos. No conozco legisladores, ni exjerarcas o jerarcas actuales que, aun habiéndolo sido una o varias veces, exhiban logros dignos de resaltar por haber ejercido sus cargos “precisamente”, dándoles la espalda a esas pautas superiores de comportamiento y de control político que juraron cumplir, pero acabaron desdeñando en pro de una franca y facilona improvisación.

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También he insistido en que la Contraloría de la República tenía que haber prestado mayor y más consistente interés, como sí lo ha hecho sobre asuntos específicos y micro-, a este marco normativo superior, llamado a garantizar “gobiernos” y presupuestos transparentes, eficaces y equilibrados.

Factores normados. Me queda la esperanza de que surjan otras iniciativas de más peso que comprometan a los candidatos y a sus vicepresidentes a pronunciarse sobre estos macrotemas y factores claramente normados, que harían de cualquier próximo gobernante un líder movilizador y efectivo, pues haría funcionar mucho mejor el Estado que tenemos, sin supeditación a “nuevas” reformas legales que, por sexis que parezcan, fallarán al no reconocer los factores de origen que nos han llevado a ser tan negligentes en el ejercicio de “esa” autoridad normada que todos, insisto, juran cumplir con solemnidad el 8 de mayo, solo para empezar a incumplirla al día siguiente; a veces, el mismo día 8, vía decretos de “organización del Gobierno” que contradicen lo jurado.

Pobre Costa Rica, si esto no cambia en la presente campaña electoral.

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