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Ley del derecho de petición

Actualizado el 28 de marzo de 2013 a las 12:00 am

Aspectos discutibles de la ley del derecho de petición

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Ley del derecho de petición

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En el Alcance Digital N.º 49 de La Gaceta del jueves 14 de marzo de 2013, se publicó la Ley N.º 9097, Regulación del Derecho de Petición. La ley contiene algunos temas discutibles que deberíamos tener presentes, a fin de anticipar las eventualidades derivadas de su aplicación normativa, por lo que, en el mejor ánimo de colaborar con esa labor, dejo planteadas unas observaciones para reflexionar al respecto.

Dicha ley (art. 2) indica que ese derecho –el de petición– se ejerce ante la Administración (sentido genérico), respecto de las materias de su competencia, así como ante los sujetos de derecho privado que ejerzan una actividad de interés público (primera hipótesis).

Ubiquemos este último aspecto exclusivamente en cuanto a las personas jurídicas. Habrá que tener cuidado frente a una eventual imprecisión ya que varias de ellas realizan una actividad de interés público (entendida como aquella así declarada mediante decreto), versus las personas jurídicas que ostentan potestades administrativas delegadas por algún mecanismo jurídico (como puede ser una concesión, o también un contrato de gestión de servicio público), siendo este segundo caso del que nadie discute que se aplica para el derecho en comentario, siempre que se vincule con el ejercicio de esas atribuciones encomendadas.

Tampoco sería un dilema la regulación de este derecho sobre cualquier organización privada que haya percibido fondos públicos (segunda hipótesis), pues ellas quedan sujetas al derecho de petición, por razones obvias de control de la Hacienda Pública. El análisis debería surgir cuando nos encontramos con asociaciones declaradas de interés público, en las cuales, no obstante ese favorecimiento, aun así no percibe fondos públicos, ni llega a gozar ni materializar alguna otra prerrogativa legal. Tal situación nos llevaría a preguntarnos si aun le alcanza el derecho de petición y pronta respuesta, como exigible y oponible a ella.

Con mucho más razón queda para discutir que, sin la previa declaratoria de interés público, emitido por el cauce previsto en la ley respectiva, devendría inaplicable la regulación frente a esa persona jurídica o, al contrario, si confrontaremos la tesis de quienes aleguen que esa declaratoria es innecesaria, dejando abierto un margen de apreciación muy amplio, que deberá ser delimitado por el juez que resulte competente para conocer del asunto.

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Dicha ley (art. 3) dice que la petición podrá versar sobre información de “naturaleza pública”, e inmediatamente el párrafo segundo de ese art. 3 inicia por señalar que “no son objeto de ese derecho...” aquellas peticiones que tengan establecido un procedimiento administrativo específico y un plazo distinto a los de la ley.

Esa frase impone una limitación a un derecho fundamental, frente a la cual el operador del derecho debe tener mucho cuidado, pues la ley recién promulgada parece entender que toda petición planteada ante la Administración carece de un nexo con el ejercicio del derecho de petición, cuando la tramitología es distinta a la prevista en la Ley N.º 9097. Si se entendiera tal cosa, como parece desafortunadamente extraerse de la lectura del texto en comentario, en concordancia con su art. 1, entonces podríamos incurrir en el desliz de excluir del derecho de petición, un universo de gestiones que el administrado plantea, simplemente argumentando que se trata de peticiones que no se encauzan según dicha ley. De ser así, las consecuencias podrían ser preocupantes.

Por ejemplo, sería difícil imaginar una solicitud de patente comercial o una solicitud para un permiso de construcción, respecto de la cual alguien pueda afirmar que no está amparada al derecho de petición, solo por el hecho de que los plazos y el trámite que aplica la Municipalidad no están amparados a la Ley N.º 9097, sino por lo que dispone el Código Municipal y otras leyes conexas.

Precisamente en cuanto al cauce para la defensa de la garantía individual en comentario, la jurisprudencia constitucional (v. gr. Sala Constitucional, voto N.° 2008-3273, 10:18 hrs de 7 de marzo de 2008, entre otros), se esmeró en señalar que el derecho de petición y pronta respuesta ante un funcionario público o entidad pública, es un asunto de legalidad ordinaria, remitiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa, la solución de los denominados amparos de legalidad, aunque lo hizo bajo la tesis de la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado– y de gratuidad para el recurrente.

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Mientras los nublados se aclaran, espero que estos comentarios sean de alguna utilidad.

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