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Ley General de Electricidad

Actualizado el 21 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Recientemente, un expresidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) escribió en este diario que un proyecto de ley de electricidad, gestado en su periodo de gobierno, de ninguna manera intentaba hacerle daño al ICE, y profundiza en diferentes razones. Debo discrepar con dicho criterio, pues el referido proyecto limitaba notablemente el rol del ICE en el sector eléctrico, convirtiéndolo en un simple vendedor más de electricidad a los consumidores, y perdiendo la responsabilidad de garantizar la calidad, la continuidad y la seguridad del suministro, pues este se le trasladaría a un nuevo ente autónomo a crear para ese solo propósito.

Como si esto fuera poco, el proyecto también le impedía al ICE realizar proyectos de generación eléctrica, salvo que los ganara en procesos licitatorios. Esta decisión conduciría a que los proyectos que se desarrollen vayan a ser cualquier cosa menos que renovables de gran tamaño y complejidad, cayendo probablemente en más plantas de origen térmico.

Nueva versión. Observando dichos riesgos tanto para los consumidores nacionales como para el ICE, que a su vez estaba iniciando un largo camino de superación para hacer frente a la reciente apertura a la competencia en el campo de las telecomunicaciones, este Gobierno dispuso poner a despacho en agosto del 2010 una nueva versión de la ley, en la que se le hicieron los ajustes necesarios para asegurar tanto la sostenibilidad del servicio eléctrico como la continuidad o no desaparición del ICE por esta causa.

Asimismo, autorizaría a que la generación privada pudiera ser puesta en competencia entre sí, a diferencia de lo que en dicho momento existía. Este nuevo proyecto integraba lo mejor del probado modelo eléctrico actual, respetando a los operadores históricos, y le daba un espacio importante a la inversión privada para que, con la debida seguridad jurídica, pudiera mejorar sus precios de venta. También permitiría que, por comparación o benchmarking entre ambos mecanismos, se pudiera evaluar en el futuro la forma en que el consumidor sería mejor servido, tanto en precio y continuidad como en calidad. Esto, además de impulsar fuertemente el acercar el sector eléctrico a cumplir la meta de carbono-neutralidad a fines de esta década.

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Notable mejora. Como podrá observar el que lea estas líneas, el Proyecto de Ley General de Electricidad del presente Gobierno fue una mejora notable con respecto al anterior, requiriendo, ambos, mayoría calificada, y no simple, para su aprobación en el Congreso, pues crean instituciones autónomas y otras modificaciones que así lo demandan. Dicha mayoría nunca estuvo presente en este periodo de gobierno, razón por la cual se optó por una reforma más simple, que se denominó Ley de Contingencia Eléctrica, propuesta en el 2011, y cuyo objetivo básico fue dotar al sistema eléctrico nacional de la posibilidad de adquirir al sector privado un cierto porcentaje adicional de energía, utilizando las reglas de la Ley 7200, del año 1990. Incluso, este proyecto menor ha sufrido retrasos hasta la fecha. Si hubiera sido aprobado en el 2011, ya el año entrante se contaría con energía renovable que ayudara a bajar la factura petrolera dedicada a generar electricidad, a base de energía térmica, que, hoy por hoy, alcanza la suma de $200 millones anuales.

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