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Legislación ambiental frente a la apertura comercial

Actualizado el 07 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Legislación ambiental frente a la apertura comercial

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Apostándole a una política exterior de apertura comercial, que se inició con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana en 1999, Costa Rica ha ratificado una serie de acuerdos de libre comercio y de asociación, así como otros paralelos, o side agreements , de cooperación ambiental. De estos últimos, es posible extraer la obligación de progresividad y prohibición de retroceso de la legislación ambiental.

La mayoría de estas alianzas comerciales pretenden alcanzar altos niveles de protección ambiental.

Para ello, establecen medidas de protección reforzadas o salvaguardias, bajo la premisa de proteger más y contaminar menos. Esto obliga a los Estados parte a aplicar, de manera efectiva, sostenida y recurrente, su propia legislación ambiental y, a la vez, prohibir una rebaja en los umbrales de protección.

La demanda de progresividad y no regresión, una vez reconocida e incorporada en los distintos instrumentos internacionales de carácter comercial, adquiere un rango superior a la ley ordinaria y demás normas infralegales y, con ello, un carácter vinculante dentro del orden público ambiental.

La obligación de progresividad y no regresión ambiental contenida en tratados y acuerdos comerciales de libre comercio, se encuentra limitada y restringida a su propia intención.

De esta forma, únicamente estarían vedadas aquellas derogatorias, reducciones o debilitamientos normativos que tengan como fin incentivar el comercio entre las partes suscriptoras de los tratados u otorgar un incentivo para el establecimiento, expansión o retención de una inversión en el territorio.

Sin regresión. Aunado a lo anterior, en los casos específicos del TLC y del acuerdo de cooperación ambiental entre Costa Rica y Canadá, la normativa ambiental que está protegida de no regresión es únicamente aquella que se ajuste a la definición restrictiva y limitada de “legislación ambiental”.

Se excluyen, entonces, las leyes relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores. También, aquellas cuyo propósito sea administrar la recolección o explotación comercial de recursos naturales, la recolección de recursos naturales con propósitos de subsistencia o la recolección indígena de recursos naturales.

A pesar de lo anterior, la obligación de progresividad y no regresión ambiental, una vez reconocida como principio constitucional, mediante las sentencias 2012-13367 y 2013-10158, adquirió un nivel superior al derecho internacional regulador del libre comercio y las inversiones.

Así, las limitaciones antes descritas quedaron circunscritas exclusivamente de forma específica a la normativa relacionada con la atracción de inversiones, y no son de aplicación para todas las demás materias.

Tomando en cuenta lo expuesto por la Sala Constitucional en el voto 2007-9469 sobre la constitucionalidad del TLC con Estados Unidos, el artículo 50 de la Constitución Política posee un rango superior a toda disposición de un tratado de libre comercio.

Por lo tanto, este fallo deberá ser tomado en cuenta para efectos de interpretación y aplicación, para buscar siempre la satisfacción del interés público ambiental.

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