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Lecciones de un escándalo innecesario

Actualizado el 27 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

Un mal salario no permite reclutar a los mejores para ejercer la función pública

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Lecciones de un escándalo innecesario

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El escándalo de los pagos indebidos a ministros y viceministros conlleva valiosos aprendizajes que parecen haber quedado perdidos entre la pirotecnia noticiosa y las carreras gubernamentales para justificar lo injustificable. Quizás la más notoria lección, pero de lejos no la más importante, es que usted no puede andar por el mundo pregonando el cambio para adoptar después las peores prácticas del statu quo imperante antes de su advenimiento.

Ciertamente, la práctica de pagar sobresueldos de manera irregular no fue inventada por el actual gobierno. También es cierto que a este le tocó la mala suerte de que solo ahora se descubriera. Pero también es hora de reconocer que si la primera vez que esta situación fue advertida (año 2015, caso Carmen Muñoz) el gobierno pudo alegar “inercia” de las administraciones de recursos humanos, siete casos después y dos años más tarde la excusa aparece desgastada.

Este es un escándalo, si se quiere, innecesario. Pero antes de que se me malinterprete, aclaro: por supuesto que era necesario revelar la mala práctica, y era inevitable que al hacerlo se produjera un escándalo. Hablo de un escándalo innecesario, porque nos lo hubiéramos podido ahorrar si el esquema de remuneraciones del sector público fuera más racional.

Reformar el empleo público. Lo que parece haber quedado perdido en los fuegos artificiales es que se demuestra –una vez más– que es imperativo reformar el empleo público. Aunque me refiero primordialmente a la remuneración de los funcionarios de confianza y de nombramiento político, mucho se podría extender a los demás empleados públicos, incluyendo los de más alto rango de todos los poderes e instituciones.

Los ministros sirven a discreción del presidente, quien los podrá “nombrar y remover libremente” (art. 139, inciso 1 de la Constitución Política). La Constitución únicamente les establece requisitos de ciudadanía, edad y pertenencia al estado seglar (art. 142); no hay en ninguna parte requisitos de preparación académica o experiencia. Y así está bien porque el presidente de la República debe tener la suficiente libertad para escoger su equipo de trabajo, con gente de su absoluta confianza, para llevar a cabo la labor que, mediante el sufragio universal, el pueblo le encomienda.

Es obligación del presidente determinar las prioridades de su gestión, organizar el trabajo a su gusto, tomar las decisiones ejecutivas que garanticen el mejor desempeño de su equipo y rendir cuentas a la ciudadanía. Pero es responsabilidad del electorado pedir a quienes se postulan a la presidencia que presenten a su equipo de trabajo para saber si está constituido por personal idóneo.

Salario único. El ministro tiene que cumplir con las responsabilidades que le asignan la Constitución, las leyes y el propio presidente. Su remuneración debería ser acorde a esas responsabilidades, y no variar dependiendo de cuántos títulos colecciona, cuántos idiomas habla o a cuántos clubes sociales o colegios profesionales pertenece. En otras palabras, a los ministros (y por extensión, a los viceministros, presidentes ejecutivos y demás altos cargos de la Administración Pública) se les debería pagar un salario único.

Si representar al país dignamente en los foros internacionales y en las relaciones con otros países requiere que el ministro del ramo domine el idioma inglés, no debería existir la posibilidad de contratar por menos dinero a alguien que no lo domine. Tampoco la de subirle el salario artificiosamente a quien sí lo domina, ya que es un requisito indispensable del puesto.

No corresponde el reconocimiento de prohibiciones, dedicaciones exclusivas, anualidades ni otros pluses. Si el presidente que lo nombra considera que el ministro debe dedicar el cien por ciento de su tiempo, así debe ser sin importar si el candidato es empresario, abogado, ingeniero o poeta.

El salario, eso sí, debe ser atractivo para atraer a las mejores personas. Lo último que los administrados desean es confiarle el poder ejecutivo a un incompetente –o a una persona con menores competencias de las necesarias–, aunque esto pudiera salir más barato. Nunca es más apropiada la máxima –no siempre correcta– de que lo barato sale caro.

A manera de ejemplo, un exitoso empresario exportador con estudios universitarios incompletos podría resultar un magnífico ministro de Comercio Exterior, asumiendo que cuenta con otras habilidades que corresponde al presidente valorar, de la misma manera que un Bill Gates que apenas completó dos años de universidad pudo desarrollar el sistema operativo que permitiría la masificación de las computadoras personales, con el cual convirtió su pequeña start-up en el gigante tecnológico que es Microsoft.

Volviendo a nuestro hipotético exportador con cualidades de ministro, alejarlo de su empresa durante cuatro años para que se dedique al servicio público no sería posible si tan solo pudiera aspirar a un salario base que en su empresa se gana cualquier mando medio. Por ejemplo, recientemente fue revelado que el salario base de los vicepresidentes no llega a $1.800 al mes.

Sinsentido. No habiendo concluido sus estudios, nuestro hipotético ministro no podría aspirar al pago por prohibición, y su negativa a servir en el gabinete podría forzar al presidente a escoger a una persona que considere menos idónea, pero con una licenciatura en administración de aduanas de cualquier universidad de garaje, que le permita colegiarse para disfrutar legalmente del beneficio.

Hay que tener claro que un buen salario no es garantía de un buen funcionario –y ahí es donde entra en juego el criterio del presidente para escoger a su equipo–. De igual manera, es menester entender que un mal salario no permite reclutar a los mejores. Pero quizás lo más importante es entender que de todo trabajador uno espera, y debe exigir, cierta productividad, y que su salario tiene que corresponderse con ese rendimiento esperado. Ligar la remuneración a criterios antojadizos y arbitrarios se presta para abusos, malas experiencias y decepciones.

Lo anterior aplica tanto para los funcionarios de confianza, donde el jefe escoge el perfil deseado, como para los funcionarios con responsabilidades específicas. Para diseñar puentes se necesita un ingeniero civil con una especialidad en puentes; eso no puede quedar a criterio del ministro de turno. No hace falta pagarle más al ingeniero por tener una maestría en administración educativa que nada le agrega al puesto que desempeña. Pero tampoco podemos darnos el lujo de contratar en ese puesto a un dibujante arquitectónico para ahorrarnos unos pesos. Por eso debemos adoptar lo más pronto posible el esquema de salario único que acabe de una vez por todas con los perniciosos pluses salariales.

El autor es economista.

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