Opinión

Labor constitucional de la Contraloría

Actualizado el 04 de octubre de 2012 a las 12:00 am

El control del Poder Legislativo a las finanzas del Estado es insuficiente

Opinión

Labor constitucional de la Contraloría

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

La labor de control político sobre el manejo de los recursos públicos resulta sumamente compleja; no obstante, en los últimos años ha cobrado mayor relevancia.

En el 2011, diputados y diputadas de diversas fracciones políticas decidieron improbar la liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario del ejercicio económico del 2010.

La tarde del 24 de setiembre del 2012, el plenario legislativo, en aplicación del mandato que le impone el artículo 181 de la Constitución Política y en una reñida votación de 24 votos a favor y 20 en contra, improbó, con fundamento en un dictamen negativo de mayoría, la liquidación presupuestaria del año 2011.

Sin intención de emitir juicio de valor alguno sobre este aspecto, baste aquí simplemente señalar que la improbación implica que el Poder Legislativo no estuvo conforme con la ejecución y liquidación que presentó el Poder Ejecutivo sobre los recursos públicos administrados durante dicho periodo.

La Contraloría y las finanzas públicas. Es claro que en materia de vigilancia de los recursos del Estado, el control político que ejerce el Poder Legislativo es fundamental pero insuficiente, lo que obedece a la alta especialización y complejidad de los temas presupuestarios, el compendio de normas que deben considerarse y las limitaciones propias de un poder per se heterogéneo y repleto de quehaceres que dificultan ese control.

Ante ello, sabiamente el constituyente de 1949 creó la Contraloría General de la República como un órgano auxiliar y especializado de la Asamblea Legislativa, para el control y la fiscalización superior de la Hacienda Pública; pero con absoluta independencia funcional y administrativa conforme lo indican los arts. 183 y 184 de la Constitución Política, y 1, 2 y 11 de su Ley Orgánica).

La tarea de la Contraloría tiene efectos en el bienestar y desarrollo social de nuestro país. Pesa sobre ella el deber de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación.

Debe vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, mediante la fiscalización de la Hacienda Pública, constituida –entre otros– por los fondos públicos, los pasivos a cargo del Estado, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo, así como la responsabilidad de los funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

En su función auxiliar, la Contraloría debe asistir y asesorar a la Asamblea Legislativa en la tarea de control político sobre los recursos del Estado.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictamina y eleva al plenario legislativo, en noviembre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República que presenta el Poder Ejecutivo (proyecto que debe tramitarse mediante procedimiento legislativo especial, conforme lo indican la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa). El presupuesto da sustento a los planes y programas estatales a efectuarse durante el año siguiente. A su vez, en mayo de cada año, la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público debe rendir informe ante el plenario e indicar si recomienda o no la aprobación de la ejecución presupuestaria presentada por el Poder Ejecutivo sobre el ejercicio económico del año anterior.

Insumo que sirve de referencia a las señoras diputadas y señores diputados para tomar las providencias necesarias respecto del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República y el control de los recursos públicos.

En esta función y muchas otras, la Asamblea Legislativa cuenta con la asistencia experta de la Contraloría. Órgano que ejerce además un papel preponderante mediante controles a priori, por ejemplo la aprobación de presupuestos de las instituciones autónomas y licitaciones o controles a posteriori como las auditorías.

Presupuestos con sustento técnico. Queda claro que al crear la Contraloría, el constituyente determinó que el destino de los recursos públicos corresponda a un estricto cumplimento de normas y actos que amalgaman responsabilidades conjuntas entre los diversos órganos e instituciones del Estado, en pro del bienestar social de todos los habitantes del país, tal como reza el artículo 50 constitucional.

Todos sabemos que sin cacao no hay chocolate. Así como en casa sabemos que la definición de las políticas salariales, el precio del arroz, del pan, de la carne, del pescado, del alquiler, del remedio... están influidos por decisiones políticas, y esto es asunto de todos, también los recursos públicos son asunto de todos; la Hacienda Pública es el cacao, sin él no resulta posible que el Estado cumpla metas; sin recursos no hay desarrollo ni hay planes anuales que fructifiquen.

PUBLICIDAD

Con el propósito de verificar la buena administración de los recursos públicos, examinar el ciclo presupuestario y llamar a la debida rendición de cuentas, el legislador y la legisladora tienen a mano el sustento técnico que debe rendir la Contraloría General de la República, órgano que también pasa por un proceso de afinamiento de herramientas y de estrategias para el cumplimiento de sus deberes, porque todo evoluciona, y a este órgano de relevancia constitucional se le ha fijado un papel sumamente preponderante para el desarrollo de nuestro país.

  • Comparta este artículo
Opinión

Labor constitucional de la Contraloría

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota