Opinión

Keylor Navas, Albino Vargas y el registro de accionistas

Actualizado el 11 de abril de 2016 a las 12:00 am

Las calenturas producto de la revelación de los Panama Papers, no son buenas consejeras

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Keylor Navas, Albino Vargas y el registro de accionistas

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La ciega confianza que profesan muchos costarricenses en el recato, la prudencia y la cautela de los funcionarios del sector público para resguardar datos privados sensibles de los ciudadanos no tiene asidero en la realidad, como lo revela el caso de los veintitantos fiscales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que decidieron hurgar en la vida privada del futbolista y de sus hermanas violando bases de datos confidenciales del Poder Judicial.

Pero el caso de Keylor Navas no es el primero ni el único. El 20 de febrero del 2014, el sempiterno dirigente sindical Albino Vargas reconoció en una entrevista concedida a La Nación que “la ANEP tiene acceso a bastante información tributaria” porque hay muchos funcionarios en Tributación Directa que tienen, según él, “una altísima ética”. Tan alta que violan alegremente la confidencialidad que una ley de la República otorga a la información que maneja la institución para la que trabajan, para compartirla con un sindicato.

Apenas un mes antes de las revelaciones de don Albino, la Sala Constitucional había otorgado un amparo solicitado por Diario Extra a raíz de que agentes del OIJ y de la Fiscalía intervinieron sin orden judicial el teléfono de un periodista de ese diario, para descubrir quiénes eran sus fuentes de información.

Aunque en este caso no hubo acceso ilegal a una base de datos custodiada por una entidad estatal, sí ocurrió una grosera violación de la privacidad y seguridad de varios ciudadanos, y de la confidencialidad de las conversaciones privadas.

Al intervenir la línea telefónica del periodista, los agentes judiciales no solo quebrantaron disposiciones expresas en la Ley 7.425 sobre el Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, sino que, para mayor inri, no fueron sancionados según lo previsto en los artículos 24 y 25 de dicha ley. La descarada transgresión de los funcionarios judiciales quedará en la impunidad, y ni siquiera la existencia de sanciones específicas en la ley pudo evitarlo.

Provecho comercial. Todo esto apunta a una actitud de irrespeto sistemático de los derechos ciudadanos y las libertades individuales por parte de los funcionarios encargados de velar por ellos. Pero no solo los funcionarios públicos violan la confidencialidad de las bases de datos cuyo resguardo se les encomienda.

Empresas del sector privado se aprovechan de la laxitud con que los entes estatales custodian sus bases de datos para hackearlas y obtener ilícitamente información confidencial en aras de sacarle provecho comercial.

Hace pocos meses el país fue sacudido por el escándalo –que como todos en Costa Rica no duró más que los tres días de rigor– del hackeo por parte de funcionarios del BAC San José de las bases de datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

No hay forma de exagerar el peligro de actividades criminales como esta. Entre otras cosas, el Sicere realiza la facturación de las planillas laborales de todos los patronos del país; distribuye los recursos a los diferentes regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Embarazo y Maternidad (SEM); distribuye los recursos al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) así como al Fondo de Capitalización Laboral (FCL); identifica la operadora de pensiones escogida por el trabajador y transfiere allí los fondos; captura la evolución salarial de más de un millón de trabajadores en todo el país, etc. Mueve miles de millones de colones todos los meses.

Quien nada debe nada teme, es un argumento que les he escuchado a amigos, a colegas y a desconocidos. Pero se equivocan, y gravemente.

Una persona que –como Keylor Navas– haya hecho fortuna sin cuestionamientos éticos y en estricto apego a la ley, que no le debe nada a nadie, puede razonablemente temer por su seguridad si sus secretos financieros son publicados o se convierten en comidilla de muchos.

Una persona que haya hecho un descubrimiento importante, que aún no esté patentado ni haya llegado a mercado, puede razonablemente temer perder su ventaja competitiva si funcionarios inescrupulosos divulgan sus secretos científicos o comerciales.

Una empresa que está al día en sus obligaciones tributarias puede sufrir un daño irreparable a su reputación si funcionarios descuidados o inescrupulosos divulgan información incorrecta en el sentido contrario, corriendo el riesgo de perder clientes y participación de mercado.

Panama Papers. El proceso de formación de políticas públicas debe ser pausado (que no es lo mismo que eterno) y bien pensado, para maximizar la probabilidad de alcanzar los objetivos deseados.

En la medida que los Papeles de Panamá hayan revelado mecanismos de evasión o de fraude fiscal –lo cual deberá ser demostrado; no basta con un reportaje periodístico sensacionalista– será necesario encontrar la manera de minimizar la probabilidad de que los ilícitos se sigan dando.

Sin embargo, no toda propuesta de política pública es razonable, aunque sus objetivos lo sean. La Ley N.° 8.422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública no paró la corrupción, pero sí indujo a muchos funcionarios públicos a abstenerse de tomar decisiones por temor a ser acusados de favorecimiento, tráfico de influencias o alguna cosa peor.

No vayamos ahora a castigar la producción y a satanizar los negocios transfronterizos en un intento por frenar la evasión.

Crear normas y regulaciones cuya aplicación ahuyente las inversiones productivas de nuestro país puede causar una reducción en las estadísticas de evasión, pero difícilmente sea la solución que los costarricenses esperamos.

Sería mucho más eficaz –tanto para reducir la evasión como para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la creación de oportunidades laborales– simplificar el régimen tributario, eliminar las múltiples exoneraciones existentes y cerrar portillos para la elusión y la evasión.

Hay muchos motivos legítimos para temer sin deber, y el pretendido registro de accionistas solo vendría a dar nuevos motivos para temer.

Las calenturas del momento, producto de la revelación de los Panama Papers, no son buenas consejeras para la toma de decisiones apresuradas como las que ahora nos quiere empujar el gobierno en contubernio con los diputados de la triple alianza PLN-PAC-FA. Ese sería un gol que ni Keylor podría atajar.

El autor es economista.

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