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¿Justicia pronta y cumplida?

Actualizado el 03 de marzo de 2013 a las 12:00 am

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¿Justicia pronta y cumplida?

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Recientemente un tribunal de Nicaragua condenó a 30 años de prisión a 18 mexicanos juzgados por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, tras hacerse pasar como periodistas de Televisa e incautárseles $9,2 millones.

El grupo había sido detenido el pasado 20 de agosto en un puesto de seguridad en la zona fronteriza con Honduras y la Policía nicaraguense encontró, en los vehículos en que viajaban, el dinero además de rastros de cocaína.

Según autoridades nicaraguenses, se trata de una de las más importantes incautaciones por narcotráfico; sin embargo, no fue obstáculo para juzgar y condenar a los imputados en menos de 6 meses.

¿Qué están haciendo los tribunales nicaraguenses que no estamos haciendo acá? Me adelanto a la discusión e indico que en este caso no se ha publicitado ni argumentado, al menos ante los medios, que se haya violentado el derecho de defensa de los imputados.

Esto también nos llama a otra reflexión de fondo: ¿podemos hablar de justicia cumplida cuando esta no es pronta? En mi criterio no, pues se trata de un principio de derecho en esencia indivisible.

Como país debilitamos nuestro Estado de derecho al aceptar como válido un sistema de ineficiencias. Preocupa el conformismo en el que hemos caído al “aceptar” como “válido y justificable” (por las razones que sean) que pasen años para obtener justicia, incluso y paradójicamente en los procesos que el legislador creó como abreviados.

En el plano humano, ¿podemos hablar de justicia cuando hay quienes reciben de manera póstuma su pensión? O bien, cuando hay menores que deben esperar hasta seis años para recibir indemnización ante la muerte por accidente de su progenitor? Y ¿qué decir cuando se trata de la división de bienes en un sucesorio controvertido?

Resulta también inhumano que deban pasar meses y hasta años para que una persona acusada penalmente vea resuelto su proceso. Si es inocente, por la larga injusticia, y, si es culpable, el dolor y ansiedad de los victimarios y sus familiares.

A nivel empresarial, la lentitud de los tribunales abulta los costos, entraba una actividad por naturaleza ágil, que demanda soluciones y respuestas inmediatas, lo que nos pasa como país una incuantificable factura en término de nuestra competitividad.

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En momentos en que el país está entrando en un profundo proceso de reflexión sobre cómo mejorar nuestra gobernabilidad, sin duda alguna deberá velar por reformas que nos garanticen a los ciudadanos nuestro derecho a la justicia pronta y cumplida.

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