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Justicia ciega, justicia imparcial

Actualizado el 01 de febrero de 2010 a las 12:00 am

 Un magistrado en época electoral obliga a pensar en la imparcialidad de los jueces

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La estatua de la justicia frente al Edificio de la Corte Suprema de Justicia tiene los ojos vendados. Asumo que más de un transeúnte se habrá preguntado por qué con su vista tapada, ¿será que no ve el dolor de las injusticias y es inmune al clamor humano?

Todo lo contrario. Es necesario que ella no vea caras, ni posiciones, ni las bolsas llenas o vacías de los ciudadanos, sino que resuelva de manera objetiva, sencilla, directa y clara. Sin interés particular alguno de favorecer a nadie, en suma, sin prejuicios.

Objetividad significa “actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, despojada del prejuicio y apartada de intereses, para concluir sobre hechos y conductas” (Cabanelas de Torres, G. Diccionario Jurídico Elemental).

Imparcialidad de jueces. El tema conviene masticarlo para generar discusión pública en torno a la imparcialidad de los señores jueces de la República, sobre todo, en relación con las declaraciones públicas que un señor magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema, el máximo órgano interno encargado de impartir justicia penal en Costa Rica, se dedicó a hacer en los últimos meses del año recién pasado.

El tema tiene gran interés por dos razones fundamentales: por cuanto obliga a cuestionarse si los jueces tienen derecho a externar sus más íntimas convicciones públicamente en torno a temas que les corresponde resolver en el ejercicio de la judicatura y porque en Costa Rica no contamos con un sistema de juzgamiento eficaz de los miembros de los supremos poderes, entre ellos, los jueces de la República.

Por lo demás, aunque lo sea para hacer crítica constructiva en estos temas y enfrentar a los administradores de justicia con seriedad, hay que ser valiente para manifestarse públicamente. Hay que desembarazarse de todo temor a represalias para nuestros clientes y para nosotros mismos en la conducción de procesos judiciales. Pero en fin, prefiero la crítica y la sanción cierta o infundada, a claudicar a principios fundamentales atinentes a la defensa de la legalidad constitucional.

La ley procesal contiene algunos parámetros en relación con los motivos por los cuales el juez debe separarse del conocimiento de un asunto por haber externado, en el caso particular, opiniones que violentarían el debido proceso. Pero hay otros motivos que deberán valorarse con criterios de ascenso hacia las garantías fundamentales que lo son de estricto acatamiento obligatorio (artículo 1 del Código Procesal Penal) y que no están expresamente contenidos en una disposición normativa individualizada.

Aquí es cuando entra el necesario análisis con vista de la doctrina nacional e internacional y las sentencias de la Sala Constitucional vinculantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de julio de 2004 dictada contra Costa Rica en el caso del periodista de La Nación don Mauricio Herrera, indicó claramente que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal constituye una garantía fundamental del debido proceso.

Incluso, indicó que el tribunal debe abstraerse de todo prejuicio personal por cuanto “. . .lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática…”.

Declaraciones desafortunadas. Ello significará, en nuestra opinión, que las declaraciones públicas en una época electoral en el que se discute el tema de la seguridad ciudadana entre otros, que hagan referencia a la complacencia ante el aumento de condenatorias penales y se incluyan críticas fuertes al sistema judicial vigente al punto de calificarlo de “alcahuete”, obligará a pensar que se ha producido un serio prejuicio valorable de forma objetiva a los efectos de exigir la separación del señor juez del conocimiento de las causas penales.

No habrá certeza ni confianza alguna sobre una actitud inmaculada ante el sometido a proceso ni de los ciudadanos ante semejantes afirmaciones públicas.

La esperanza nos llega con un voto salvado que nos concede razón a la tesitura expuesta (Véase voto en resolución de la Sala Tercera No. 2010-000022).

La recusación planteada fue admitida en voto de minoría, el cual se ha convertido en un cántaro lleno de agua en medio del desierto.

Quedará para otra ocasión la discusión sobre el “ impeachment ” (juicio político) de un juez nombrado por la Asamblea Legislativa, el órgano político por excelencia de nuestro sistema republicano.

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