Escuchar¿Qué defienden el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) al aliarse con los sindicatos? ¿Cuáles son los privilegios e intereses que defiende esta alianza? ¿Es esta agenda una defensa del bien común o, más bien, de los privilegios de una minoría? ¿Cuáles son las razones reales de esta alianza? ¿Estamos, acaso, frente a más estatismo?
Son muchas preguntas sobre este acontecimiento. Acaso se trata de dar nuevos privilegios al sector sindical y amenazar con movilizaciones callejeras para doblegar la voluntad del pueblo e imponerse. Quizás esta nueva fuerza política lo que busca, en un país dividido y con graves brechas sociales, es bloquear nuevos acuerdos.
Costa Rica está entrabada. La actividad económica se desacelera. La deuda pública crece y el déficit proyectado será de un 6% en el 2015. El desempleo lo sufre el 10% de la población y se está produciendo una contracción creciente de la inversión.
Entonces, es fundamental saber qué papel jugará esta nueva alianza en el contexto de un gobierno que parece no tener claras sus prioridades y objetivos a corto y mediano plazo; un gobierno que, por sus inconsistencias, no genera confianza a los inversionistas; que tiene que buscar acuerdos con un Congreso conformado por nueve partidos y una fracción dividida; que lucha por aprobar nuevos ingresos fiscales sin demostrar una política clara de austeridad y que, peor aún, expandió el gasto en más del 15%, en valores reales en el 2015.
EL PAC. Estamos ante un PAC que logra, después de tres elecciones, obtener la presidencia de la República en el 2014 con Luis Guillermo Solís. Un partido que aglutinó a las personas contrarias al bipartidismo tradicional, con la bandera del cambio, la transparencia, la ética, la austeridad y la participación ciudadana.
El PAC es un partido conformado principalmente por exliberacionistas, gente de clase media, universitarios, docentes y, en general, por costarricenses cansados de los escándalos de corrupción y de la estructura de los partidos tradicionales.
Ottón Solís es su principal líder y fundador, economista y exministro de Planificación, que siempre ha sido un crítico fuerte del despilfarro de los recursos públicos, de la ineficiencia del Estado, del TLC y de la corrupción. ¿Qué sucederá con este líder ante este nuevo cuadro político?
La nueva alianza del FA, los sindicatos y el PAC fracciona en dos bandos al partido de gobierno, con pensamientos muy distintos. Por un lado, los “ottonistas ortodoxos”, que creen en el sector privado, la propiedad privada, el mercado, el ordenamiento fiscal, un Estado eficiente, la austeridad, la seguridad jurídica y un código de ética estricto; por otro, está el sector “progresista” de tendencia de izquierda y estatista, los sindicalistas, la juventud y el grupo afín al presidente Luis Guillermo Solís.
Como se puede apreciar, estamos ante un abanico de pensamientos, que se refleja muy bien en el actual gobierno. Un gobierno que no cree en el actual modelo de apertura comercial, que quiere más proteccionismo para los productores nacionales, como evidencia el capítulo de los famosos aguacates, la carne de cerdo y las papas industriales, una violación clara de los debidos procesos basada en presuntas razones sanitarias.
Pronto vendrán las sanciones de la OMC y de los países afectados. Está claro que el actual gobierno no está en línea con la política comercial, que tanta dinámica y crecimiento ha generado a Costa Rica en los últimos 20 años.
Estamos ante un gobierno cuyo presidente viaja a Estados Unidos, Europa y Asia a buscar inversión extranjera, pero, por otra parte, su ministro de Hacienda culpa del déficit fiscal a los TLC firmados, siendo lo correcto que los ingresos tributarios del Gobierno en 1994 eran de un 11,6% del PIB y para este año se está presupuestando un 13,4% del PIB. Lo que significa que la pérdida en aranceles se compensó con nuevos impuestos.
Estamos ante un gobierno que, por un lado, frena la adhesión a la Alianza del Pacifico, conformada por Chile, Colombia, Perú y México, y, por otra, continúa el proceso de integrarse a la OCDE.
Empleo público. El problema fiscal y el endeudamiento constituyen el problema central de nuestra economía. Más de un billón de colones es el costo de los pluses salariales del sector público y el 48% del presupuesto del 2015 se financia con deuda. Costa Rica tiene una deuda creciente que, prácticamente, llega a alcanzar el 50% del PIB y que absorbe cada vez más recursos del presupuesto.
Por otra parte, los incentivos en algunos ministerios superan el 50% de los salarios y una gran disparidad de salarios va desde ¢3,4 millones al mes a ¢800.000.
Recope paga más de ¢150.000 millones en incentivos anuales y tiene una planilla de ¢43.000 millones al año, de una refinería que no opera desde el 2011. Así, en Recope, un chofer gana ¢2,8 millones al mes y su planilla incluye 42 jefes, 365 directores y 20 gerentes, aparte de operarios, enfermeras, doctores y administrativos de menor rango. Esto lo pagamos los costarricenses todos los días en los combustibles.
En la UCR encontramos un chofer y secretarias que ganan más de ¢2 millones al mes. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) algunos profesores ganan ¢32.000 al mes, mientras otro devenga ¢9 millones. Igualmente, en la Universidad Nacional (UNA) hay un educador que gana ¢72.000 al mes y otro que percibe ¢8 millones.
Las cinco universidades públicas tienen más de 18.000 empleados y reciben un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que crece anualmente, sin valorar los graves problemas fiscales del país.
Funcionarios universitarios se han expresado en el sentido de que el régimen salarial de las universidades es insostenible. Este año, la UCR pagará más de ¢83.000 millones en pluses. Los incentivos de los profesores de la UCR superan el 54% de los salarios.
En Japdeva, los pluses salariales alcanzan un 122%, costos salariales que asfixian a la institución, que tiene que sacrificar la inversión por su estructura de planilla. Pluses salariales en la CCSS y el ICE son, también, preocupantes.
Adonde vamos. No cabe duda de que los sindicatos, el FA y el PAC (ala izquierda) se agruparon para defender intereses y privilegios comunes.
La nueva alianza buscará lograr un alza de sus salarios y privilegios, a cambio de apoyar una reforma fiscal que le permita al gobierno, primero, cancelar sus granjerías. Esta alianza también luchará por acabar con las exoneraciones a las empresas en zonas francas y por la “seguridad alimentaria”; dará más poder a Tributación para evitar el fraude fiscal descartando la decisión judicial e igual procedimiento seguirá con los portillos de evasión en la CCSS; además, procurará una reforma constitucional del agua y evitar mayor participación del sector privado en la generación eléctrica.
La agenda es clara y la alianza marca de forma diáfana su ideología e intereses. La alianza luchará por mayores beneficios para los sindicatos y para mantener el gasto público en expansión, sin medir las consecuencias fiscales y sociales.
Estamos ante dos corrientes muy bien definidas, con ideologías y dinámicas claras. Que la racionalidad y el bien común prevalezcan.
La administración de Luis Guillermo Solís tiene un cuadro complejo. Esperemos que tenga la sabiduría y la firmeza para definir un rumbo claro, en un proceso de buscar acuerdos donde el bien común del pueblo sea lo que prevalezca y no los intereses gremiales.
(*) El autor es ingeniero
