Opinión

¢5.615 no son nada

Actualizado el 28 de julio de 2017 a las 10:00 pm

Llenar un nuevo formulario en la UCR podría costar ¢84 millones anuales

Opinión

¢5.615 no son nada

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

La Comisión de Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), dependiente del Consejo Universitario, es la instancia encargada de evaluar las publicaciones de los profesores, en particular artículos y libros, a los que califica con base en una escala de 0 a 6 puntos. Puesto que de esta calificación depende el ascenso, quienes queden insatisfechos con el puntaje obtenido pueden apelar ante el Consejo.

A lo largo de los años, la Comisión parece haber desarrollado una duda sistemática acerca de la buena fe con que proceden los profesores, a quienes parece considerar proclives a prácticas fraudulentas y dispuestos a todo con tal de ganar la mayor cantidad de puntos posibles para ascender y tener mejores salarios.

Poco sorprende, entonces, que la Comisión tienda a incurrir en decisiones abusivas y arbitrarias, como le sucedió a una profesora cuya gestión para que le evaluaran sus publicaciones se prolongó por más de un año debido a cuestionables resoluciones tomadas por la Comisión.

Aunque lo resuelto por la Comisión en esa ocasión fue apoyado por el infaltable pronunciamiento de la Oficina Jurídica de la UCR, la Defensoría de los Habitantes posteriormente encontró mérito en los reclamos de la docente afectada.

No deja de ser paradójico que la Comisión proceda de la forma indicada cuando dicho órgano ha admitido que sus miembros no tienen el tiempo suficiente para leer todas las publicaciones que se les presentan, de manera que las podrían calificar sin necesariamente haberlas evaluado.

Apelaciones. Dado el carácter arbitrario con que puede proceder la Comisión, los profesores afectados constantemente apelan la calificación de sus publicaciones ante el Consejo Universitario, que en múltiples ocasiones ha constatado que la Comisión ha incumplido lo establecido en su propio reglamento. Pese a esto, al Consejo –donde parece prevalecer la filosofía del “perdón y olvido”– no se le ha ocurrido sancionar a la Comisión.

Resolver cada apelación es un proceso que puede durar meses e involucrar consultas a especialistas y pronunciamientos de las asesorías legales de la institución, por lo que tiene un elevado costo administrativo en horas laborales. Ahora bien, el gasto en que se incurre parece no importarle a nadie, ya que, después de todo, se trata de fondos públicos.

El descontento provocado por el proceder de la Comisión llevó a que, en agosto del año 2016, un grupo de 19 profesores de distintas disciplinas publicara un artículo en el Semanario Universidad en el que denunció que la Comisión “ha venido ejerciendo como práctica otorgar una puntuación exigua y mezquina a las publicaciones (…) con el otorgamiento mínimo de puntaje hasta en pequeñas fracciones de centésimas”.

De esta manera, una institución como la UCR, que destina enormes sumas a las actividades de investigación, tiene una Comisión que tiende a descalificar el valor científico de las publicaciones de sus propios investigadores.

Formulario. En respuesta a la denuncia de los profesores, el Consejo Universitario decidió, en setiembre pasado, empezar a trabajar en una reforma para resolver los “inconvenientes” relacionados con la calificación de las publicaciones.

La Comisión, que pareciera no tener superior jerárquico que la mande, decidió adelantarse a esa reforma y el 27 de junio anterior comunicó a la comunidad universitaria que, en adelante, todo docente interesado en que sus publicaciones fueran calificadas, tenía que adjuntar un formulario en el que debía justificar convincente-mente la originalidad, la trascendencia, la complejidad y la relevancia de cada publicación que presentara (con los anexos del caso, si fuera necesario).

Al proceder de esta forma, la Comisión procuró responsabilizar a los profesores de evaluar sus propias publicaciones (algo así como que un docente, en vez de evaluar y calificar lo hecho por sus alumnos, los obligue a evaluarse a sí mismos para ahorrarse el trabajo de hacerlo él).

Protesta. La iniciativa de la Comisión motivó una fuerte protesta de la Escuela de Estudios Generales (EEG) que, en una asamblea efectuada el pasado 5 de julio, denunció que “con esta autoevaluación la persona interesada es obligada a convertirse en juez y parte de su propia evaluación, por lo que ante una eventual apelación ya adelantó sus criterios, con lo que se le deja en un nuevo estado de indefensión”.

Además, la EEG manifestó su inconformidad por lo que considera “acciones inconsultas y poco claras de la Comisión (…) que desvalorizan y desestimulan el trabajo académico y profesional”, y elevó su pronunciamiento ante el Consejo Universitario.

Casi una semana después de la asamblea de la EEG, la Comisión comunicó, el pasado 11 de julio, que el formulario ya no es obligatorio, sino que “podrá ser presentado de forma opcional” por las personas interesadas.

Costo. El costo promedio de la hora laboral de un profesor de la UCR asciende a unos ¢11.230. Aunque el formulario diseñado por la Comisión es ahora opcional y no obligatorio, siempre puede haber docentes que consideren que presentarlo podría ser ventajoso para la calificación de sus publicaciones o para la apelación posterior.

Si se asume que un docente tardaría en promedio treinta minutos por formulario, el costo de presentarlo ascendería a ¢5.615, es decir, una suma tan pequeña, que es casi nada. Ciertamente, tal cálculo es mínimo: dado que de las justificaciones aducidas podría depender el resultado de la calificación o de la apelación posterior, los profesores podrían demorar más de media hora en completar el formulario para justificar, de la manera más convincente posible, la valía de sus obras.

La Comisión califica al año alrededor de unas 1.500 publicaciones científicas, sin incluir obras profesionales, artísticas ni didácticas. Si todos los autores de esos textos se decidieran a presentar el formulario ahora “opcional”, tal iniciativa supondría un gasto mínimo anual de unos ¢84 millones en horas laborales.

Dado que no parece haber intención de eliminar el formulario referido, a los contribuyentes, que son los que van a financiar esta luminosa iniciativa de la Comisión, les queda por lo menos la satisfacción de contribuir a que la UCR, siempre al día en lo que a innovación, transparencia institucional y excelencia se refiere, experimente con nuevas y vanguardistas formas de evaluar su propia producción académica.

El autor es historiador.

  • Comparta este artículo
Opinión

¢5.615 no son nada

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota